Las socimis -sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario- están experimentando un crecimiento exponencial en los últimos años. Desde que en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzase este régimen fiscal y, sobre todo, desde que en 2012 se modificasen algunos de los requisitos y beneficios de estas firmas, el crecimiento ha sido imparable y ya hay 66 cotizadas bajo este sistema en nuestro país.
Según los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, hasta mediados del mes de julio -y solo en lo que va de año- se han inscrito en este régimen hasta 40 socimis, una cifra superior a la de ejercicios anteriores completos -en 2015 habían sido 32, en 2016 eran 34 y 39 el año anterior-, lo que muestra la tendencia al alza en estas firmas.
De hecho, en 2016, último año del que hay datos, se ha aplicado el régimen fiscal de socimis a 169 contribuyentes, según los mismos documentos, una cifra que se diferencia de la de 2012, cuando solo once de estas entidades se acogieron a él. Por aquel entonces, la base imponible de los que han aplicado este sistema era de más de 8 millones de euros negativos, cifra que contrasta con la de 2016, cuando rozaba los 650 millones.
¿Por qué? Una de las razones principales son los importantes beneficios fiscales con los que cuentan. En primer lugar están exentas del pago de impuesto de Sociedades, tienen bonificados hasta el 95% otros tributos como el de Actos Jurídicos Documentados o el de Trasmisiones Patrimoniales y también se ahorran otros de naturaleza municipal.
Por el contrario, están obligadas a repartir, al menos el 80% de sus beneficios en dividendos, y son los accionistas los que tributan por este hecho. Por ello, pagan hasta un 25%. Este sistema es muy parecido al de los REIT americanos, una fórmula que desde los años 60 cosecha grandes éxitos en Estados Unidos. Posteriormente, este modelo se exportó a diferentes países de Europa, como Alemania, donde hoy es un modelo a seguir.
Más allá de esto, las socimis también están obligadas a dedicar el 80% de sus activos a inmuebles urbanos con el fin de arrendarlos. Además, una vez adquirida una propiedad debe tener un periodo mínimo de explotación de tres años por parte de la firma -tiempo que sube a siete en el caso de desarrollos propios- con el fin de evitar la especulación en el mercado.
En nuestro país están actualmente en cotización en las diferentes bolsas hasta 66 entidades de este tipo con diferente naturaleza de activos: oficinas, viviendas, residencias de ancianos o de estudiantes, naves industriales, aparcamientos, centros comerciales... Pero hay muchas más que aún no han tocado la campana y esperarán a agotar el plazo de dos años en el que se les obliga a hacerlo.
Para tratar de gravar lo que algunos consideran una 'ganga' de empresas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos firmaron en su preacuerdo presupuestario el pasado octubre un nuevo impuesto para este tipo de empresas. Las socimis pagarán -de hacerse efectivo el proyecto- un 15% en la partida de beneficios no distribuidos, es decir, aquella que sirve para capitalizar las compañías más allá del reparto de dividendos por el que ya tributan al 25%.
Algunos analistas, fiscalistas y los propios directivos de las socimis, consideran que de llevarse a cabo este plan, se frenaría la inversión extranjera -una de las principales fuentes de este tipo de empresas- al perder atractivo con respecto a otros países en los que los REIT triunfan con solidez desde hace años.
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