La guerra accionarial no cesa en la plataforma de crowdfunding inmobiliario Housers. El cofundador 'expulsado' de la gestión, Tono Brusola, pierde otra batalla en este enfrentamiento: deja, obligado, el cargo de administrador único de las filiales con las que el grupo gestionaba parte de sus inversiones. Es el Registro Mercantil el que ha autorizado la convocatoria de una juntas de accionistas que permitirá desvincularlo y desbloquear la gestión.
Housers creó durante las primeras etapas de la plataforma diversas filiales con las que gestionaba desarrollos urbanísticos financiados por inversores a través de su plataforma. Ante las dudas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre si debía ser la compañía la que las administrara directamente se determinó que fuera Brusola, presidente del consejo de administración y cofundador de la empresa, quien ejerciera como gestor único de todas ellas. Ahora es cuando ha llegado el problema. Tras su dimisión en julio del año pasado, el grupo trató de recuperar el control sin éxito.
Meses después de que la sociedad -controlada por el resto de accionistas- lo solicitara formalmente al Registro Mercantil, éste ha actuado de oficio y ha convocado 'de facto' las juntas de accionistas de todas las filiales que estaban administradas por Brusola. Era una de las dos opciones que la sociedad tenía para recuperar el control de unas firmas que se encontraban en lo que se conoce como "parálisis mercantil". La otra era hacerlo por la vía judicial, aunque ésta podía alargarse demasiado, según confirman fuentes conocedoras de la situación.
Este es sólo el primer paso. Dado que el Registro Mercantil ha retirado la hoja registral de todas estas filiales -al no haber cumplido con su obligación de convocar juntas y presentar cuentas-, la empresa debe cumplir con el otro requisito: reformular y presentar las cuentas y los balances anuales que aún quedan pendientes. Y eso junto con el nombramiento de un nuevo administrador deben presentarse en un mismo acto para que sea registrado formalmente.
¿Qué perjuicios ha sufrido la compañía con esta situación? Este desbloqueo llega después de un tiempo en el que no se han ejecutado, por ejemplo, recobros de deudas pendientes de alquileres de inquilinos de sus edificios o la firma ante notario de la venta de promociones controladas por estas sociedades, según apuntan dichas fuentes. Ante esta situación, Housers se reserva la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a Brusola por este impasse.
Este medio se ha puesto en contacto con Tono Brusola, que simplemente se ha limitado a confirmar la existencia de todo este procedimiento, sin entrar a valorar.
Un conflicto aún mayor por delante
El origen de este conflicto hay que encontrarlo en el mes de julio de 2018. Brusola decidió marcharse de la compañía. Lo hizo en un momento convulso, cuando se detectó una serie de facturas impagadas, vinculadas principalmente a marketing y promoción de la plataforma. Esa dimisión irrevocable fue el inicio de una batalla que dura hasta hoy. Su renuncia y la rescisión del contrato antes del periodo de compromiso que había firmado en el pacto es uno de los incumplimientos que señala la empresa. No es el único.
Según ese pacto de socios, el incumplimiento de las condiciones implica el pago de 300.000 euros de sanción. A esta hay que sumar otros 300.000 euros por no haber entregado las acciones que representan el 18% del total que siguen aún bajo el control de Brusola. La empresa le ofreció 700.000 euros -con un descuento del 40% respecto a la valoración anterior- para recomprarlas y zanjarlo. No hubo acuerdo. Esto se dilucidará, previsiblemente, en un nuevo arbitraje.
Mientras todo esto sucede, la empresa sigue a la espera de cerrar una ronda de financiación de 5 millones de euros con la que respaldar su internacionalización. Esta operación, según confirman las mismas fuentes, se mantiene estancada ante esta fuerte crisis interna y las dificultades para la entrada de un nuevo socio ante la inseguridad jurídica. Se sigue negociando, aunque acumula meses de retraso, pues el objetivo era cerrarla antes de que arrancara el verano.
Por si fuera poco, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirmó la imposición de varias sanciones por un importe total de 215.000 euros a Housers por la comisión de infracciones graves. "Los conceptos por los que se sanciona a Housers corresponden a 2017, periodo en el que Tono Brusola era presidente y CEO de la compañía", apuntan fuentes oficiales de la empresa, que insisten en que las infracciones están relacionadas con "tres requerimientos realizados por la CNMV que fueron desatendidos por Brusola". Las multas han sido abonadas a principios de este año por la compañía. "En la actualidad, la compañía cumple con todos los requisitos", apostillan.
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