La guerra del gas ha entrado en vías de solución. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) va a aprobar una circular con la retribución de las compañías distribuidoras entre 2021 y 2026 que suaviza los recortes previstos y acepta retribuir las redes por la actividad de cada compañía y no por sus activos. La decisión es una relativa buena noticia para las empresas y una mala nueva para los grandes despachos de abogados que ya preparaban acciones contra Competencia y contra el Estado al estilo de los interpuestos en los últimos años en el Banco Mundial contra los recortes al sector fotovoltaico.
Como sucedió con el hachazo al sector fotovoltaico, los grandes bufetes especializados en pleitos internacionales como Herbert Smith Freehills; Allen & Overy; Clifford Chance; Cuatrecasas o Gómez Acebo y Pombo están muy pendientes de cómo evoluciona el conflicto abierto en el sector energético y en especial en el gasista. Fuentes conocedoras de la situación en la CNMC sostienen que algunos de los grandes despachos tenían ya lista la batería legal contra la fórmula de recortes que contemplaba un cambio en el modelo de retribución al tener en cuenta los activos (redes) de las empresas y no los puntos de suministro (clientes).
La decisión final -con intervención del Gobierno de por medio- es mantener el modelo retributivo, con lo que la CNMC desactiva una fuente segura de conflictos con las empresas afectadas -Naturgy a la cabeza- y los fondos internacionales que han invertido en el sector del gas. Los grandes despachos tenían la escopeta preparada. Uno de los bufetes especializados, Herbert Smith Freehills llegó a celebrar hace unos días un encuentro bajo el título Las propuestas de circulares de gas de la CNMC: controversias e impacto en el sector. En el encuentro, los expertos en derecho de la firma dejaron claro que de aprobarse las circulares en los términos previstos, con cambio de modelo retributivo incluido se registraría una situación de notable litigiosidad.
Documentos internos
La patronal del gas Sedigás, en sus documentos internos, maneja la misma idea. “Flaco favor se hace a la transición energética dañando la credibilidad internacional de nuestro país con un cambio regulatorio innecesario y abrupto dirigido contra los mismos que se necesitarán para financiar las energías renovables y la transición climática”, recoge uno de sus informes, en el que destaca también cómo los ‘inquilinos’ de los consejos de administración en el sector de transporte y distribución del gas, “mundialmente reconocidos”, son también “imprescindibles para financiar cualquier esfuerzo inversor que quiera hacerse en España”.
Tal y como han adelantado los especialistas, un paso mal medido dispararía la litigiosidad y los beneficios de los grandes despachos. Sólo en distribución de gas participan de forma directa más de 15 firmas internacionales que han materializado en el país apuestas inversoras por encima de los 75.000 millones de euros. El capital de las grandes firmas está ‘tomado’ por inversores internacionales.
En Naturgy convive Criteria Caixa con CVC Capital Partners (20%) y GIP (20%), conocidos actores del capital riesgo y los grandes fondos, respectivamente. Nortegas, segunda mayor distribuidora, está en manos de un consorcio encabezado por una gestora de fondos vinculada a JP Morgan, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life y Covalis Capital. Y Redexis depende de empresas propiedad de dos fondos de pensiones, el danés Arbejdsmarkedets Tillaegspension y el británico Universities Superannuation Scheme, cada uno con un 33%.
Compañías de tamaño medio
Los informes de Sedigas llegaron a alertar de que “En función del tipo de activos de distribución de gas que tenga en cartera cada una de las compañías, algunas pueden verse incluso abocadas a la desaparición, con el perjuicio que eso supone para sus clientes". Las más expuestas, según el documento al que tuvo acceso La Información, "son compañías de tamaño medio que tienen un importante componente regional como Nortegas o Madrileña Red de Gas”.
Con la tormenta legal a punto de descargar, la solución que maneja la CNMC desactiva el frente. Para el Gobierno, la posibilidad de que se repita un aluvión de pleitos como el provocado por los recortes fotovoltaicos es una pesadilla. Hasta el momento, se han iniciado 44 arbitrajes contra España en el Banco Mundial (Ciadi) y otros organismos al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. De ellos, 13 ya han sido resueltos. España se ha impuesto en dos de ellos y ha sido condenada en 11.
Los grandes bufetes internacionales han encontrado en el Reino de España y los polémicos recortes una interesante veta de ingresos y de prestigio. Cinco grandes despachos, con el británico Allen & Overy a la cabeza dirigen la mayoría de los pleitos interpuestos en el Banco Mundial.
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