Dos años y 57 reuniones después, el conflicto desatado en la eléctrica Endesa por la negociación del V Convenio colectivo sube de grado. Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez, han asumido en primera persona la tarea de llevar el conflicto de la empresa a la esfera política. El sindicato UGT, mayoritario en la eléctrica, ha mantenido reuniones con diputados y senadores de los grandes partidos. Álvarez, según fuentes de la organización, se ha comprometido a llevar el caso a las puertas del nuevo Gobierno en cuanto Pedro Sánchez lo nombre. Por su parte, CC OO ha constituido un comité, en el que participa Unai Sordo, para analizar el conflicto en la empresa y evitar, entre otras cosas, que el 30 de junio desaparezcan parte de los beneficios sociales de los 8.000 empleados activos y los 26.000 jubilados.
En el comité constituido en CC OO participan, además del secretario general Unai Sordo, el responsable de la Federación Estatal de Industria, Agustín Martín Martínez, y los secretarios regionales de Andalucía, Baleares y Canarias, comunidades afectadas por los planes de recorte de la eléctrica. La implicación de Sordo y de Álvarez es una muestra del callejón sin salida al que han llegado las negociaciones desde que se extinguió el IV Convenio Colectivo de la empresa en diciembre de 2017.
Desde entonces el conflicto ha ido 'in crescendo'. Enel, el grupo italiano propietario de Endesa (70%) decididó cortar por lo sano y, una vez acabado el IV Convenio, anunció el fin de las tarifas especiales de empleados y jubilados. El asunto llegó a la Audiencia Nacional que, en marzo pasado, dio la razón a la empresa: sin convenio, los beneficios sociales se quedan sin amparo. No es un tema menor. La compañía tiene provisionados 711 millones de euros para atender lo que los sindicatos consideran un derecho adquirido y parte del salario de los trabajadores.
Sentencia favorable
La sentencia favorable a Enel y Endesa se conoció a finales de marzo, fin de trimestre. Eso evitó que el auditor -Ernest&Young- recogiera en la contabilidad del periodo el trasvase de los 711 millones provisionados a fecha 2018 a otro epígrafe de las cuentas. No dio tiempo a meter la sentencia en el balance. Pero el tiempo corre y la contabilidad se ha convertido en un nuevo elemento de presión.
Fuentes de la empresa reconocen que, si no hay un nuevo acuerdo antes del 30 de junio, habrá cambios en el balance. Según su versión, no es una posibilidad, sino una exigencia del auditor. Para los sindicatos es una mala noticia. Si Enel asume que su filial Endesa dispone de 711 millones más para invertir o para otros fines, será difícil que la situación vuelva al punto de partida. La inquietud es máxima.
Sólo hay un resquicio favorable a los intereses de los empleados. CC OO ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque considera los beneficios sociales que Endesa quiere recortar, entre ellos la tarifa de empleado, son anteriores a los convenios y "no se pueden eliminar sin compensación alguna". Es la tesis que la magistrada Emilia Ruiz-Jarabo recogió en un voto particular a la sentencia de la Audiencia Nacional: un beneficio social no se puede suprimir de forma unilateral aunque sí puede ser objeto de compensación.
Acusaciones contra Enel
Más allá de la batalla por el V Convenio de la empresa, está el enfrentamiento con los dueños italianos de la compañía. Los sindicatos acusan a la empresa que dirige Francesco Starace de exprimir a la filial española hasta dejarla en los huesos. Se lo reprocharon al expresidente Borja Prado en la última junta general y UGT se lo detalló a los consejeros en una dura carta fechada en octubre del pasado año. La misiva acusaba a Enel de expoliar la empresa y de “querer venderla al mejor postor” tras acometer “un proceso constante de descapitalización, desinversión y externalización de actividades que pone en gravísimo riesgo el futuro de la empresa y destruye el empleo estable”.
Esa es la idea que Sordo y Álvarez quieren trasladar a los partidos políticos: Endesa, que fue una joya del sector público empresarial, está en riesgo por la gestión de la parte italiana. La acusación no es nueva. Está por ver hasta qué punto la comparten las fuerzas políticas y el nuevo Gobierno que forme Sánchez. En todo caso, será difícil que el nuevo Ejecutivo llegue a un choque con Enel como el que protagonizó el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal.
Nadal llegó a acusar a Enel en el Senado de hacer política "a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles" por el posible cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) anunciados por la eléctrica española.
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