Casi un año después de constituir su grupo de expertos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ata los últimos flecos del código de conducta dirigido a grandes inversores institucionales, principalmente fondos internacionales, de pensiones o grupos aseguradores, cada vez con más poder en la bolsa española. La previsión del organismo regulador es poder lanzar a consulta pública este trabajo durante este mes de mayo o el próximo junio para recabar las últimas opiniones y tenerlo todo listo antes de que termine el año. Según explican distintas fuentes, el documento stewardship, como así se conoce en la jerga del sector, está muy avanzado y tiene un carácter "amistoso" con los inversores a los que va dirigido este documento.
El organismo presidido por Rodrigo Buenaventura ha mantenido ya hasta tres reuniones distintas -la última en la víspera de vacaciones de Semana Santa- con el comité de expertos creado ad hoc para esta misión en junio del pasado año. Este grupo de expertos es muy heterogéneo y está compuesto por miembros de las principales consultoras (EY, Deloitte, KPMG y PwC), los grandes proxy advisors (Corporance, de la alianza europea Proxinvest) y proxy solicitors (Georgeson y Morrow Sodali). El resto de seleccionados forman parte de la Asociación Española de Banca (AEB), Inverco, Unespa, CECA y la asociación de Emisores Españoles.
La propia vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez Parera, deslizó los avances de este trabajo el miércoles, en la clausura de un evento organizado por Emisores Españoles, donde afirmó que a este código de implicación del inversor le quedaban solo "semanas" para ver la luz. El evento, que reunió en Madrid a distintos ejecutivos del ecosistema regulatorio, sirvió para poner sobre la mesa el tsunami normativo que llegará sobre las prácticas de buen gobierno corporativo en los próximos años.
El stewardship de la CNMV saldrá a consulta pública para recoger las impresiones de los principales inversores institucionales durante un plazo de tres meses. Sobrepasado este calendario, el código de conducta ya será firme, aunque siempre tendrá un carácter no vinculante. La intención es que esté listo antes de que finalice el ejercicio 2022, aunque Buenaventura reconoció a finales de febrero en la presentación del plan de actividades de la CNMV que la puesta en marcha podría arrancar finalmente en 2023.
La bolsa española está cada vez más dominada por grandes fondos de inversión de la talla de Vanguard y por los soberanos como Norges (Noruega) o CCPIB (Canadá). A través de pequeñas participaciones que oscilan entre el 3 y el 10% del capital social de una cotizada, tienen posiciones no dominantes pero sí influyentes, como sucede con Blackrock en Repsol e Iberdrola, donde es el primer y segundo accionista, respectivamente. El último informe anual sobre la propiedad de las acciones españolas que elabora BME detectó que la presencia de inversores internacionales en el parqué patrio estaba "muy cerca de máximos históricos".
La bolsa española está cada vez más dominada por capital extranjero en manos de inversores institucionales
Algunos de estos grandes inversores ya se han comprometido con códigos de conducta de terceros países. En Reino Unido, donde el primer reglamento de este tipo se firmó hace más de un lustro, 74 inversores que sumaban 33.000 millones de libras esterlinas bajo gestión (39.000 millones de euros al cambio) suscribieron el pasado mes de marzo la última edición de este código de conducta. Distinta fue la acogida inicial en otro país pionero, Japón, que en 2016 apenas despertó el entusiasmo de los grandes tenedores de activos.
El propósito de la CNMV, que ya emprendió esta misión durante el anterior mandato de Sebastián Albella -sin posibilidad de llevarlo a cabo por el coronavirus-, es que estos actores se involucren cada vez más en la gobernanza de la compañía y pasen así a tener una posición activista que se rija por criterios de buen gobierno corporativo (ESG). Por ejemplo, en otros países los grandes inversores deben esclarecer cuál es el motivo de su compra o venta de títulos en una compañía, mientras que en España a día de hoy esta labor únicamente se limita a comunicar una posición cuando se supera un umbral relevante en una compañía.
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