El alza de la luz rompe las cuentas de las empresas públicas y duplica sus recibos

La incontrolable subida de la factura eléctrica, que se inició hace ya más de un año y que se ha acentuado por el impacto de la invasión rusa de Ucrania y su efecto en el mercado del gas, ha puesto contra las cuerdas a las pymes y a los hogares y ha hecho que las grandes empresas públicas hayan visto reducidos considerablemente sus márgenes en una situación de total incertidumbre. Los incrementos han roto sus cuentas y previsiones y se ha visto obligadas a pagar por la electricidad hasta un 150% más de lo previsto. Muchos organismos que aglutinan numerosas sedes y afrontan gastos millonarios de luz para poder prestar sus servicios se han visto obligados en los últimos meses a renegociar, con desventaja, sus contratos eléctricos.

En el sector público se negocian y acuerdan los suministros eléctricos a largo plazo, los pliegos recogen en numerosas ocasiones la necesidad de presentar tres modalidades de ofertas, una con un precio fijo y otras dos con variables vinculadas a los mercados, aunque generalmente siempre se ha blindado una parte del consumo a precios fijos, una actitud previsora que en este contexto de fluctuación de precios al alza ha resultado la mejor decisión. Renfe, Adif o AENA son algunas de las grandes empresas que sellan normalmente con carácter bianual grandes contratos de electricidad, pero un análisis de las últimas licitaciones modificadas muestra que el Banco de España, Correos o Tragsa han tenido que renegociar con las grandes eléctricas.

Los casos de Correos o Tragsa son, probablemente, los más significativos de cómo las condiciones cambiantes del mercado eléctrico han pillado con el pie cambiado al personal de estas empresas públicas. En el caso de Tragsa, tuvo que sacar un nuevo concurso dos meses después de errar en la documentación que tenía que remitir a la Unión Europea, un proceso al que están obligados los entes públicos que licitan contratos a partir de un millón de euros. En este caso, la demora de dos meses entre el contrato original y su sustituto se saldó con un incremento presupuestario de 5,5 millones para hacer frente a las necesidades energéticas de una compañía con más de 70 puntos de suministro por toda España, que entre septiembre de 2022 y 2023 le costará más de 13 millones de euros. 

Correos rescindió de mutuo acuerdo el contrato con Naturgy. Enaire  ha sido una de las empresas que más problemas ha tenido para garantizarse el suministro 

La operadora postal, por su parte, rescindió de mutuo acuerdo el contrato que tenía en vigor con Gas Natural Comercializadora (Naturgy) debido al alza de los precios de la energía. El 31 de mayo, a menos de un mes para que finalizase el vínculo contractual entre ambas partes, lo dieron por finalizado de forma anticipada por la baja cuantía presupuestada para este año, algo más de 5 millones que no se antojaban suficientes para cubrir los altos precios del mercado. También dio por finalizado su contrato con Multienergía Verde, que le suministraba gas y a quien acusa de incumplimientos. A continuación, Correos y Naturgy negociaron un nuevo contrato de suministro eléctrico que se ha saldado con una nueva adjudicación de urgencia bajo procedimiento negociado que le costará a la empresa pública 33,1 millones de euros por siete meses de electricidad, un importe similar al que le pagó por la energía de los casi dos años del contrato anterior (36,3 millones por un año y nueve meses). 

Enaire ha sido una de las empresas públicas que más problemas ha tenido para garantizar la llegada de electricidad a sus instalaciones. Tras seis meses de suministro, Aura Energía rompió su contrato con la entidad dependiente del Ministerio de Transportes después de conseguir una adjudicación para dos años a cambio de 9 millones de euros. Su excusa fue el alza de la luz, que en unas semanas pasó de 70 a 200 euros el megavatio-hora. Enaire intentó sacar un nuevo concurso para cubrir el suministro de 2022 por 8 millones, pero quedó desierto. Ahora ha presupuestado 11,6 millones para el 2023, después de pagar 10,2 millones a Iberdrola mediante un contrato de emergencia de nueve meses para poder finalizar el año. 

El Banco de España ha pasado de pagar 3,2 millones en 2020 por su electricidad anual a más de 5,2 millones este 2022, un aumento del 63% vinculado a la subida de precios que registra el mercado y la fórmula de contratación que ha escogido el supervisor bancario, que aunque se cubre en cierta medida las espaldas, no está libre de la volatilidad que azota al precio de la luz. Sus contratos de alta tensión, que dan servicio a sus sedes en la Plaza de Cibeles y la calle Alcalá de Madrid, además de dos edificios en Bilbao y Sevilla, están indexados al precio horario del mercado diario de la electricidad (OMIE). Por el contrario, los contratos de baja tensión tienen una tarifa fija por período tarifario, una fórmula que permite facilitar el cálculo para otros 27 inmuebles repartidos por España. La fórmula elegida por el BdE incluye impuestos, alquiler de equipos, márgenes y coste de la energía (salvo los peajes de acceso y cargos). 

La compañía Renfe tiene por costumbre sacar contratos a cuatro años vista. En su última renovación, el presupuesto debió aumentarse en un 28%

Otro de los grandes consumidores energéticos es Renfe, quien requiere de electricidad para traccionar sus máquinas y alimentar sus bases de mantenimiento, a pesar de su plan de autoconsumo con las que pretende que su rama de fabricación sea energéticamente independiente. La operadora estatal tiene por costumbre sacar contratos a cuatro años vista, que en su última renovación se encarecieron un 28%. Esto equivale a unos 5 millones de euros adicionales de diferencia entre los 17,9 millones que pagó en 2017 y los 22,9 millones que destinó en 2021, un contrato que llegará hasta 2025. 

Sin embargo, la tracción principal de sus trenes la financia inicialmente el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), encargado de comprar la energía que requiere la red por la que circulan los operadores y a quienes luego imputa el coste de mover los trenes con electricidad. Sus contratos de suministro están indexados al mercado libre (OMIE) y por esa razón ha tenido que pagar 138 millones en uno de los lotes, el correspondiente a los servicios de Alta Velocidad, después de que el presupuesto inicial no cubriera el alza de precios del mercado. Esta modificación ha generado un agujero adicional de 8,6 millones en las cuentas del gestor del pasado 2021, mientras que los restantes 129 millones que ha presupuestado este año se basan en estimaciones realizadas que permitirán compensar los altos precios de la subasta eléctrica y la incertidumbre, las cuales prevé que se alarguen hasta el primer trimestre de 2023. Por el contrario, Adif ha podido disminuir parte de la factura gracias a las medidas del Gobierno que han rebajado, modificado la estructura y bonificado parte del Impuesto Especial de la Electricidad (IE). 

Una de las compañías más afectadas por el incremento del precio de la electricidad ha sido Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la empresa pública que gestiona la red de aeropuertos, que consume cada año en torno a 952 Gigavatios-hora (GWh), una de las facturas nacionales de luz más importantes. Su electricidad procede totalmente de fuentes renovables, lo que evita lanzar a la atmósfera 158.000 toneladas de CO2, y su consumo anual equivale al de 238.000 hogares. El pasado mes de agosto, hace ahora poco más de un año, la gestora aeroportuaria adjudicó este macrocontrato a Endesa, que se hizo con cinco de los siete lotes para iluminar la mayoría de los aeropuertos, que además suponen además el 85% del valor total del pliego.

Hunosa ha tenido que incrementar la cuantía de su contrato eléctrico en cuatro millones después de que la primera licitación quedase desierta

Mientras, los otros dos lotes recayeron en Iberdrola, que se hizo cargo del suministro eléctrico a las instalaciones de los aeropuertos de las Islas Canarias y la red de baja tensión, importes que se limitaban a 384.000 euros sin impuestos y que tenían un precio fijo. El presupuesto base de licitación de fue de 72 millones (sin IVA) y el contrato, con un valor estimado de casi 157 millones, podía prorrogarse en 2023. La formalización tuvo lugar el pasado enero, y solo cinco meses después, en mayo de este año, ha sido necesario realizar modificados en cinco de los lotes, los más importantes, lo que ha supuesto un incremento del 148% sobre el importe inicial fijado, hasta los 179 millones de euros.

Frente a este tipo de subidas, hay empresas que tratan de atar sus contratos a largo plazo para ver aliviadas sus tensiones presupuestarias. Es el caso de Navantia, que tiene vigente un contrato por cuatro años, entre 2021 y 2024, a cambio de 43,2 millones de euros, una decisión que, a la larga, parece haber sido efectiva ante la incertidumbre actual del mercado. Todo lo contrario es lo que le ha pasado al grupo Hunosa (Hulleras del Norte), quien ha tenido que incrementar la cuantía de su contrato de suministro eléctrico en cuatro millones de euros después de que el primer procedimiento quedase desierto al no recoger el interés de ninguna de las grandes comercializadoras. Pasó de presupuestar 17,1 a 21,3 millones en apenas un mes por un contrato de un año. Un organismo bastante más pequeño, como es el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) ha pasado de pagar algo más de 250.000€ a más de 400.000€ de luz, en otro ejemplo de cómo el suministro afecta a todos los niveles de la administración pública.