El Tribunal Supremo ha estimado los recursos de la maderera ENCE y otras entidades para prorrogar la concesión de su fábrica de pasta de celulosa en Pontevedra. La Sala ha avalado la prórroga de las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988, la que afectaba a la mencionada instalación, siempre que consten informes medioambientales a su favor.
El futuro de la fábrica estaba en el aire desde que la Audiencia Nacional anulara la resolución del año 2016 del Gobierno de Mariano Rajoy por la que otorgaba a Ence una prórroga de 60 años para que su fábrica de pasta de celulosa pudiera seguir ocupando una franja de dominio público marítimo terrestre.
De esta forma, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo da la razón a Ence y avala la continuidad de la factoría en la Ría de Pontevedra hasta el año 2073, tal y como determinó la Resolución de la entonces Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Esta fue fechada el 20 de enero de 2016 y determinó la continuidad de la factoría en su actual emplazamiento.
La Sala ha informado de que considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, "siempre que consten informes medioambientales favorables". En el asunto analizado, remarca, "constaban informes favorables de la Administración en esa materia".
Totalmente opuesta ha sido la resolución relativa a las viviendas ubicadas en la playa Babilonia en Guardamar del Segura (Alicante), cuya prórroga ha sido denegada porque contaban con informes medioambientales desfavorables.
Greenpeace lamenta la decisión del Supremo
Greenpeace ha lamentado que el aval del Tribunal Supremo a la continuidad de la fábrica de Ence en Pontevedra permita a esta compañía "seguir dañando" el entorno natural en el que se asienta, la ría de Pontevedra. Esta ONG había impulsado uno de los dos procesos que derivaron en las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga concedida por el Gobierno en 2016 para que Ence siguiera ocupando terrenos de dominio público marítimo-terrestre hasta 2073.
Esta sentencia del alto tribunal, sostienen desde Greenpeace, no permite que la ría de Pontevedra se libre de una actividad "altamente lesiva" y que resulta "incompatible" con la Ley de Costas "pues podría desarrollarse en cualquier otro lugar". En una nota, Greenpeace reitera que la presencia de la fábrica pastera en la ría de Pontevedra "no está justificada" e impide que se pueda recuperar la marisma de Lourizán, restaurando el "desastre" generado en los últimos 60 años.
"A pesar de todos los argumentos de peso, el medio ambiente hoy sale perdiendo", ha asegurado el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, que lamenta que el Supremo haya dado el "visto bueno" a la continuidad de la fábrica pontevedresa. Para Santos, el alto tribunal ha avalado el "regalo" del entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, al reformar la Ley de Costas "favoreciendo determinados intereses privados como el de Ence y despreciando el impacto ambiental sobre la costa".
A pesar de esta sentencia, Greenpeace avanza que seguirá usando herramientas como la concienciación social, la investigación, la incidencia política, la defensa jurídica y la acción directa no violenta, por la preservación del litoral y la salvaguarda del medio marino en su conjunto, incluyendo las marismas de Lourizán.
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