En plena negociación de la 'ley rider'

El Supremo encara el caso Deliveroo con el ponente que falló en contra de Glovo

El Alto Tribunal arranca el proceso de estudio del recurso que, en caso de acabar en sentencia desfavorable a la plataforma de comida a domicilio, sentaría jurisprudencia.

Deliveroo en Valencia
Deliveroo se enfrenta al caso en el Tribunal Supremo.
DELIVEROO - Archivo

Arranca toda la maquinaria para el otro gran caso sobre 'riders' en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha iniciado toda la tramitación del recurso de Deliveroo, en el que la compañía ha puesto todas sus esperanzas. Y lo ha hecho eligiendo como ponente a Juan Molins, magistrado que también ejerció como tal en la histórica sentencia de Glovo, que 'tumbó' su modelo al entender que los repartidores son falsos autónomos. Este primer movimiento, al que le seguirán el estudio a fondo del caso y, finalmente, una potencial sentencia, se produce en plena negociación entre Gobierno y los agentes sociales para desarrollar la regulación de este sector a través de la conocida como 'ley rider'.

La misma Sala de lo Social del Supremo dio el pasado mes de septiembre un duro golpe al modelo de trabajo de las plataformas digitales de comida a domicilio. Confirmó en una sentencia clave que Glovo "no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores". "Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio", aseguraba. El caso tenía el origen en la demanda individual de un 'rider' que fue despedido y que los demandó. Ahora, el caso de Deliveroo es aún más destacado. No sólo porque podría sentar jurisprudencia, en caso de que supusiera un fallo contra la empresa, sino también por las condiciones concretas de la demanda.

El que se estudiará ahora en el Supremo es uno de los casos más emblemáticos de los vividos. Arrancó después de que la Inspección de Trabajo determinara que 532 'riders' de Madrid eran falsos autónomos. Seguridad Social le exigió las cuotas impagadas de más de un millón de euros y dar de alta a los empleados. La plataforma se negó y arrancó un procedimiento de oficio que desembocó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que determinó que, efectivamente, eran falsos autónomos. Ante esta decisión, recurrió ante el Supremo, que ahora empieza todo el proceso. En este caso ha depositado muchas esperanzas y, según confirman fuentes conocedoras, se han suspendido varios juicios pendientes en instancias inferiores -a petición de la compañía- a la espera de que se produzca definitivamente el pronunciamiento del Alto Tribunal.

Además de esa expectación en el seno de la empresa británica, hay otros factores que otorgan más importancia a este procedimiento de Deliveroo. Es el primero que llega a la Sala de lo Social teniendo como origen una inspección laboral. Entre las pruebas, obviamente, se encuentra el informe de decenas de páginas elaborado por el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo en el que se llegaba a la conclusión de que eran falsos autónomos. Pero no sólo se persona la Tesorería General de la Seguridad Social, también las dos principales organizaciones sindicales. 

A principios del mes de diciembre, se designó a un magistrado como ponente y se inició todo el procedimiento. Ese magistrado es, precisamente, Juan Molins García-Atance, que también ejerció estas tareas en la dura sentencia de Glovo. A partir de ahora, será Molins el que se encargue de todo el procedimiento previo antes de admitir o no el recurso formalmente y, posteriormente, elaborar un fallo y una sentencia. Todo apunta, según explican fuentes jurídicas, que va a ser estudiado a fondo y que habrá pronunciamiento formal del Tribunal. El sistema de trabajo que tendrán que juzgar los magistrados es muy similar al de la española, con asignación de trabajo, horarios y demás.

Negociación de la ley rider

Este nuevo frente en el Tribunal Supremo se abre justo en un momento delicado de la negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para la elaboración de la llamada 'ley rider'. Después de varios borradores y ajustes del texto inicial, las conversaciones se encuentran estancadas. El próximo día 13 de enero está prevista una reunión entre las partes. Fuentes del diálogo social dan por hecho que el Ministerio de Trabajo presentará una propuesta legal rebajada, que consistirá en llevar al texto el grueso del contenido de las sentencias del Tribunal Supremo. La de Deliveroo podría incluirse, aunque no está claro si llegará por plazos.

Mientras todo esto se sustancia, las empresas ya están estudiando los cambios organizativos necesarios para contratar a parte de sus redes de 'riders'. En el caso de Just Eat ya ha tomado la delantera y lanzó recientemente en España  su servicio denominado Scoober, a través del cual contrata de manera directa a los repartidores. "El nuevo modelo de contratación ya ha sido implementado por el grupo Just Eat Takeaway en otros países y en España se adoptará "de manera gradual" en las principales ciudades, aseguró la empresa el pasado mes de noviembre.

La incógnita de Deliveroo

Al margen de estos dos procedimientos, las grandes plataformas se enfrentan a un aluvión de casos judiciales. Y pese a que muchos ya están avanzados y se encuentran en instancias superiores, siguen surgiendo sentencias en juzgados de lo social. La última se ha dado a conocer en Santander el pasado mes de noviembre y procedió de un acta de liquidación de la inspección de trabajo. En total son 85 repartidores.

¿Qué están haciendo las compañías para afrontar los pagos de las cuotas de la Seguridad Social? Glovo aún no ha presentado cuentas de 2019, pero anteriormente no había provisionado nada. Deliveroo no presenta sus balances al Registro Mercantil español desde 2017. Las cifras de esta última son una incógnita completa. La única referencia que hay se encuentra en las cuentas presentadas por la matriz en Reino Unido, que en 2019 tuvo que inyectar 33 millones de euros para compensar pérdidas de años anteriores.

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