En un auto judicial

El TS se lanza a 'regular' apartamentos turísticos en la pelea judicial de Airbnb

El Alto Tribunal sentará jurisprudencia sobre el papel de las plataformas con los anuncios publicados o con las normativas locales de cada comunidad autónoma.

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Airbnb mantiene una pelea con la Generalitat de Cataluña desde hace más de un lustro.
EuropaPress

El Tribunal Supremo pondrá orden en la regulación de los apartamentos turísticos en todo el mercado español. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso están empezando a sentar jurisprudencia sobre cuál debe ser el papel de las plataformas intermediarias digitales, en general, y en el sector de los apartamentos turísticos, de manera particular. Lo hacen a través de un auto judicial relativo al contencioso del gigante estadounidense Airbnb contra una resolución de la Generalitat de Cataluña que se empezó a librar el año 2015. La administración, entonces presidida por Artur Más, buscaba que se eliminara toda publicación de alojamientos ilegales, que no contaran con la inscripción en el registro público y la autorización preceptiva.

Seis años después de esa resolución, el tribunal busca reforzar, completar y, en su caso, corregir toda la jurisprudencia sobre el régimen jurídico de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, con especial proyección en el ámbito de los alojamientos turísticos. Así, buscan aclarar uno de los puntos críticos: si, a la luz de todos los casos surgidos en los tribunales europeos, las plataformas como Airbnb están o no obligados a supervisar y, en su caso, retirar los apartamentos que no cumplan con los diferentes requisitos normativos. Y, sobre todo, cuáles son las consecuencias jurídicas desde la perspectiva de su responsabilidad como compañías.

No es el único asunto que se pondrá sobre la mesa. Según queda reflejado en el auto fechado el pasado mes de marzo, consultado por La Información, se analizarán los requisitos que debe reunir una plataforma como Airbnb u otras para considerar que está establecida en España. Además también pondrá negro sobre blanco sobre si, aparte de estar sometidas a las disposiciones de la normativa reguladora de estos servicios en Europa, este tipo de compañías deben regirse también por una normativa sectorial, como la llevada a cabo por la Generalitat de Cataluña.

Estos son los puntos más 'calientes' en la regulación de estas plataformas digitales. No sólo en el mercado de los alojamientos turísticos, donde operan grandes firmas como Airbnb o Homeaway -que dan cabida al anuncio de la propiedad inmobiliario y también gestionan también la transacción económica para el alquiler-, sino también en otras como el transporte y otros. En los últimos años, ante la irrupción de muchos jugadores que han sacudido a los competidores tradicionales de estos sectores, las comunidades autónomas han llevado a cabo sus propias 'reglas' que han sido judicializadas por las diferentes multinacionales.

El caso que desemboca en esta 'regulación' que ahora arranca el Tribunal Supremo se remonta al año 2015. En el mes de enero, ordenaba a Airbnb que en un plazo de dos semanas bloqueara, suprimiera o suspendiera de la página web "todo el contenido relativo a la publicidad de las empresas y de los establecimientos de alojamiento turístico localizados en Cataluña en el que no conste el número de inscripción en el Registro de Cataluña". Lo exigía tanto a la filial española, como a la irlandesa, que es finalmente quien ejecuta la transacción y cobra el dinero de los alquileres.

Esa polémica resolución, con la que arrancaba un lustro de 'tira y afloja' judicial con la administración, fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal avalaba que una normativa autonómica como la catalana obligara a Airbnb a retirar de su web pisos ilegales. A la luz de las diferentes directivas europeas, consideraba que la normativa de Cataluña no somete a Airbnb ni a los titulares de los establecimientos a autorización previa, por lo que no restringe la libertad de prestación ni el libre acceso a la actividad. 

Además, el TSJC insistía en que a la matriz irlandesa, que se encarga de facturar las transacciones españolas, le es aplicable la ley de servicios de la sociedad de la información española, pues dispone en este país, de forma continuada y habitual, de instalaciones y lugares de trabajo. "La captación de los ofertantes se hacen España a través de la filial española, cuyo único accionista es la empresa matriz", apunta el Supremo en el auto.

Posición de Airbnb y pelea regulatoria

Como era previsible, Airbnb presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que es el que ahora se sustancia. El gigante estadounidense, con una capitalización bursátil de algo más de 100.000 millones de dólares, denuncia varios aspectos. En primer lugar, defiende que se imponen unos requisitos a la sociedad irlandesa que van más allá de las impuestas por el Estado irlandés. En segundo lugar, alerta del incumplimiento de la jurisprudencia tanto europea como nacional al responsabilizar a la compañía irlandesa de las ofertas alojadas en su plataforma, "sin que tuviera conocimiento de qué ofertas eran ilegales". En este sentido, insiste en que los Estados miembros no pueden imponer obligaciones de filtrado de contenidos.

Ahora, el Tribunal Supremo analizará todos esos puntos, lo que llevará a sentar jurisprudencia en lo que a regulación se refiere. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las administraciones regionales, que son las que han ido completando sus propias 'reglas' y normativas en los últimos años, han mantenido un 'tira y afloja' judicial contra este tipo de compañías por ello. Principalmente por esa exigencia de que estas plataformas mantengan un papel más activo y excluyan todos los anuncios de apartamentos que no estén debidamente registrados. Una exigencia que ha desembocado en sanciones que suman varios millones de euros.

La batalla no sólo se ha librado entre las propias plataformas y las comunidades autónomas. Éstas últimas también han visto como ayuntamientos especialmente afectados también han tomado cartas en el asunto para tratar de limitar la oferta. Es el caso del Gobierno de la alcaldesa Ada Colau en Barcelona, que acordó suspender preventivamente la concesión de licencias para el alquiler de habitaciones turísticas en pisos por la entrada en vigor del decreto de la propia Generalitat que legalizaba esa actividad.

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