Un nuevo capítulo en la guerra de las VTC en Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido cautelarmente el reglamento impulsado por Ada Colau para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y con el que quería frenar el avance de plataformas como Uber y Cabify. Acepta la petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En el auto, al que ha tenido acceso La Información, el tribunal acepta la suspensión de forma provisional y convoca a la CNMC a una comparecencia el próximo 26 de julio. Ante esta decisión, el sector del taxi catalán ha anunciado duras movilizaciones en la calle.
"El propósito del reglamento impugnado de cercenar sensiblemente el número de autorizaciones VTC [utilizadas por Uber o Cabify] operativas en el entorno metropolitano de Barcelona parece, hoy por hoy, bastante claro", explica el tribunal en el auto, que va más allá: "Nos enfrentamos a una norma que presenta toda la apariencia de pretender soslayar que las autorizaciones VTC son títulos habilitantes estatales que, precisamente, por su naturaleza y alcance no pueden verse cortocircuitados por otros títulos habilitantes indebidamente yuxtapuestos".
Sin perjuicio al taxi
El tribunal señala la "dudosa compatibilidad" del reglamento con las previsiones de garantía de unidad de mercado, defendidas por la propia CNMC en su recurso. "De la entrada en vigor del reglamento pueden derivarse daños y perjuicios difíciles de restañar aun en la hipótesis de una (lejana) sentencia estimatoria firme", apostilla.
¿Y el efecto para el taxi, ante el avance de las VTC? El tribunal no aprecia que la paralización de la entrada en vigor del reglamento pueda traducirse "en un empeoramiento significativo de las condiciones del servicio del taxi".
Junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el reglamento también ha sido recurrido en los tribunales por la patronal de la VTC Unauto y el Ministerio de Fomento. ¿Por qué aceptan el recurso de la Comisión frente a los otros 12 que se habían presentado por otras organizaciones, empresas y organismos? "La tramitación por el cauce ordinario difícilmente podría llevarnos a una decisión con anterioridad a la entrada en vigor que traería consigo situaciones comprometidas desde el primer día de vigencia", asegura.
Varios años de plazo
Para el sector del taxi es una derrota en toda regla. Durante los últimos meses han defendido este reglamento como su único salvoconducto para tratar de frenar el avance de las VTC, ante el aluvión de licencias concedidas por sentencia judicial.
Esta suspensión cautelar deberá mantenerse hasta que no haya sentencia firme. Según confirman a La Información fuentes jurídicas, para la resolución del proceso en el TSJ de Cataluña se necesitarán entre año y año y medio. A esto habrá que sumar otros dos años en caso de que llegue al Tribunal Supremo con un recurso de casación.
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