Talgo trata de escapar del laberinto ruso. El operador ferroviario español, una de las empresas que no ha dejado el país presidido por Vladímir Putin, ha sufrido las sanciones comerciales y está dispuesto a dar la batalla con el fin de ser resarcido. La compañía española ha acudido a la sala novena de apelación del tribunal de arbitraje de Moscú una vez perdido el contrato de mantenimiento de sus trenes en una de las líneas que transcurre por la capital, según la documentación consultada por La Información en la Cámara de Arbitraje del país.
Los tribunales rusos han aceptado un escrito de apelación de la compañía española y han fijado una vista para el próximo 2 de agosto, fecha en la que tratará de recuperar 202,4 millones de rublos que le fueron embargados en mayo a la compañía ferroviaria por no poder continuar con su contrato de mantenimiento de los trenes Lastochka, conocidos como "golondrinas". La firma que se enfrenta a Talgo es Federal Passenger Company, filial de Russian Railways (la Renfe rusa), que ofrece servicios para el transporte de pasajeros y carga por ferrocarril en el tráfico de larga distancia.
El primer objetivo de Talgo, según un fallo anterior emitido a finales de junio, fue que el pulso se midiera en arbitraje internacional, en concreto en la sede de París (Francia), por una corte de tres árbitros. El contrato de la discordia comprometía a la compañía española a realizar distintas tareas, como la reparación del material rodante, los sistemas de seguridad o las comunicaciones por radio de los trenes. A preguntas de este medio, un portavoz de Talgo no hizo declaraciones.
Todo arrancó tras el estallido de la guerra de Ucrania y el anuncio de sanciones de la Comisión Europea al país de Vladímir Putin. Pese al gran éxodo de empresas españolas abandonando Rusia, Talgo permanecía y guardaba silencio sobre su futuro, lo que no era óbice para que quedara expuesta, como mínimo, a los efectos colaterales de las restricciones europeas. Y así fue, cuando en la prensa del país anunció que la compañía dejaba de mantener los trenes de la línea Moscú - Nizhny Novgorod, una de las ciudades más pobladas del país.
No hay duda de que las sanciones comerciales están siendo un auténtico quebradero de cabeza para todas las empresas implicadas. Sin ir más lejos, la pasada semana, Ferrocarriles de Rusia (RZD) pidió al Consejo de la Unión Europea (UE) que repensara su política. Y como ejemplo mencionó a la alemana Siemens, que no pudo cumplir sus contratos de abastecimiento de los Lástochka heredados de Talgo. La empresa estatal manifestó que Europa debía analizar "las contradicciones internas" que provocan estas sanciones.
Una postura particular
Talgo dijo que no abandonaría Rusia, pero sí redimensionaría su equipo. La situación la justificaba el director del departamento de trabajo con clientes, Yevgueni Majlay, quien explicó que las sanciones europeas les impedían "seguir prestando servicios de mantenimiento técnico de trenes de pasajeros". La situación, que apuntaba de fondo al conflicto que mantiene la compañía, pasaba también por "reducir la plantilla" de los trabajadores de mantenimiento de estos trenes a partir de julio del año en curso, añadió.
La continuidad de la firma ferroviaria, que lleva casi una década implantada en el país y ha logrado que ministros españoles visiten sus plantas, choca con las tesis de parte de rivales europeos. Un ejemplo fue la francesa Alstom, que anunció la suspensión de entrega de trenes. La postura le ha costado pasar a formar parte de la lista de la Universidad de Yale (Estados Unidos) para monitorizar qué multinacionales siguen en Rusia pese a la invasión a Ucrania.
Otros contratos
El de Rusia no es el último contrato de mantenimiento que le trae problemas a Talgo. La empresa explicó en mayo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que iniciaría "de manera inmediata" acciones legales contra Los Ángeles (EEUU) porque la autoridad metropolitana de transportes del condado finalizó de manera anticipada un contrato de 2016, alegando supuestos incumplimientos de plazos. El contrato de la discordia era de 90 millones de dólares (85,6 millones de euros al cambio) para remodelar 74 vehículos fabricados por la propia compañía española.
El otro contrato que ha levantado fricciones este año se firmó en España con Renfe. La compañía española señaló que estaba dispuesta a sancionar al fabricante por retraso en la entrega de trenes de alta velocidad S016, conocidos como Avril y por tener que haber sido entregados y para entrar en servicio este verano para llegar a Galicia. El pulso ha implicado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y a miembros de la Xunta. Talgo reconoció al regulador bursátil los hechos, pero se justificó en causas de fuerza mayor.
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