Targobank, banco participado al 100% por Credit Mutuel desde el año 2017, acaba de anunciar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectará a un máximo de 180 personas y que supondrá el cierre de 40 oficinas comerciales, según un comunicado interno remitido este lunes a la plantilla por el director general de la entidad, François Martin. El banco atribuye el ajuste a las pérdidas registradas entre los meses de enero y junio, que alcanzaron los 11 millones de euros.
"Tras un análisis exhaustivo, y muy a nuestro pesar, hemos comunicado hoy a los representantes de los trabajadores la voluntad de iniciar un proceso de reestructuración de nuestra estructura bancaria. Esta medida implica la reagrupación y reducción de 40 oficinas comerciales y la afectación de un máximo de 180 trabajadores", reza el comunicado interno, al que ha tenido acceso La Información.
Según datos de la Asociación Española de Banca (AEB), Targobank contaba al cierre de 2018 con un total de 721 empleados, por lo que el ajuste representa una reducción de plantilla del 25%. Por su parte, el ajuste de oficinas es equivalente al 33% de la red, pues contaba al cierre del pasado ejercicio con un total de 122 sucursales. Se trata de un nuevo ERE en el sector bancario tras los anunciados recientemente por Novo Banco y Liberbank.
Targobank estuvo controlada hasta 2016 por Banco Popular, hoy integrado en Santander. Popular deshizo totalmente su posición en esta entidad a comienzos de junio de 2017, pocos días antes de su quiebra, cuando vendió a Credit Mutuel el 48,98% que mantenía por un total de 65 millones de euros, según informó a la CNMV. Un año antes había vendido un 1,02% que daba el control del banco a la cooperativa francesa.
Importante falta de provisiones
El comunicado interno revela que, tras la compra, la entidad estaba en una "situación muy delicada" con una una "importante" falta de capital y una cartera de clientes "reales" muy inferior a lo esperado. "Desde que migramos los sistemas y analizamos la situación real del banco nos encontramos dos grandes problemas: una importante deficiencia en provisiones y una cartera de clientes reales muy inferior a la esperada, con una red de oficinas mal ubicada en muchos casos", dice François Martin, imputado en la causa que investiga la caída de Popular en la Audiencia Nacional.
Martin, que también hace referencia a los tipos de interés en negativo, asegura que en la actualidad las provisiones son "adecuadas" tras haber hecho las aportaciones de capital necesarias. Para justificar el ajuste, incide en que el banco "sigue en números rojos" y con "grandes dificultades" para cambiar la situación. La negociación con los representantes legales de la plantilla comenzará el próximo 7 de noviembre, según informan fuentes sindicales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios