El Ministerio para la Transición Ecológica evitó que otras carteras 'metiesen baza' en la elaboración de la nueva tarifa de la luz. Así se deduce del dictamen que emitió el Consejo de Estado tras analizar la reforma impulsada por la cartera que dirige Teresa Ribera para modificar la fórmula con la que se calculan los cargos del sistema eléctrico, es decir, los importes destinados a pagar, entre otras cosas, la transición renovable. El órgano consultivo ha criticado que Ribera no consultase a sus homólogas de Industria y Asuntos Económicos pese al previsible impacto de la medida en sus departamentos.
En concreto la 'reprimenda' del Consejo de Estado hace referencia al Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico. Estos son los importes que se emplean para financiar los costes regulados del sistema eléctrico que dependen de la política energética y que, por tanto, son definidos por el Gobierno en lugar de por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sí determina, por ejemplo, el importe de los peajes.
"Se echa en falta la consulta a aquellos departamentos cuyas competencias pueden verse afectadas de una manera particularmente relevante. Es el caso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dada la importancia que tienen los cargos para el precio de la energía para los consumidores industriales) y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (por la relevancia económica general de la norma)", reza el dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso La Información.
Con los impuestos, cargos y peajes (destinados a compensar el coste de la infraestructura eléctrica) suponen más del 41% del recibo de la luz de los consumidores del mercado regulado, según los datos de Competencia. Este porcentaje confiere especial trascendencia a las palabras del Consejo de Estado. El cambio en la metodología de cálculo de los cargos del sistema entró en vigor el pasado 1 de junio, al igual que la la nueva estructura de peajes que el Gobierno aprobó el año pasado pero que el Ejecutivo decidió no hacer efectiva hasta este mes, lo que llevó a prorrogar los peajes del año pasado desde enero hasta finales de mayo.
El dictamen del organismo que preside la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega pone en entredicho el modus operandi de la titular de Transición Ecológica. Teresa Ribera sorteó el escrutinio de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios a la hora de tramitar la reforma del recibo de la luz. También evitó llevar la medida a debate en el Consejo de Ministros, tal y como adelantó este diario. De hecho, la orden ministerial aprobada por el departamento que lidera Ribera solo pasó por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos antes de su aprobación, algo que no ha pasado desapercibido para el órgano consultivo.
"Se echa en falta la consulta por parte del ministerio para la Transición Ecológica a aquellos departamentos que puedan verse afectados de forma relevante"
En su dictamen, la institución de control opina que, de igual modo, habría sido "deseable" que Ribera hubiera consultado al Ministerio de Consumo en este proceso, si bien matiza que el departamento que dirige Alberto Garzón "participó a través de la consulta al Consejo Consultivo de Electricidad". El Consejo de Estado reconoce que, sobre el papel, tanto la ministra económica, Nadia Calviño, como la titular de Industria, Reyes Maroto, también podrían haber intervenido en la tramitación de la nueva estructura de cargos a través de la Comisión para Asuntos Económicos aunque plantea ciertos matices.
El órgano consultivo defiende que no es mediante la citada comisión sino a través de las conversaciones previas con otros ministerios, de la forma en que la cartera que encabeza Ribera hubiera podido valorar de forma "más adecuada, coherente y completa", el interés público. "Se debe contar con que la naturaleza de la intervención de dicha comisión, que como indica su nombre es delegada del Gobierno y cuyo papel consiste en participar en la formación de la voluntad del Ejecutivo (...), es diferente de la que se instrumenta a través de la consulta que se hace durante la tramitación de la norma a los distintos ministerios", concluye el Consejo de Estado.
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