El sector del taxi vuelve otra vez a su batalla en los despachos. Ahora en la Generalitat de Cataluña. Las principales organizaciones del sector en la comunidad han puesto una serie de medidas para limitar al máximo a Uber y Cabify. La precontratación de sus servicios con hasta 24 horas de antelación es la más destacada. Pero entre sus exigencias también se encuentra otra llamativa: que ambas compañías muestren a la administración su algoritmo de precios y cómo se calculan.
Ambas compañías son privadas. Y su servicio no está ordenado como público en la regulación. El taxi, que sí lo está y que tiene unas tarifas reguladas por cada uno de los municipios, lo sabe: “No decimos que le digan cómo tienen que cobrar; pero sí que expliquen a la administración y a sus usuarios -de forma transparente- cómo lo hacen y en qué se basan para fijar los precios”, explica Tito Álvarez, portavoz de la asociación Élite Taxi.
Los precios dinámicos, señalados por el taxi
Hoy ambas compañías tienen un sistema de precios basado tanto en los kilómetros recorridos como en el tiempo destinado al viaje, con tarifas mínimas por reservas o peticiones inmediatas. Pero tanto una como otra cuentan con lo que se conoce como ‘precios dinámicos’: en momentos de alta demanda -como eventos públicos o inclemencias meteorológicas- introducen costos adicionales al precio final.
Ese incremento en el coste final del viaje, que en ocasiones ha recibido críticas de usuarios, es mostrado quien contrata al conductor. Pero no se desglosa el funcionamiento de ese cálculo. Y es lo que el taxi quiere que se desvele.
En el caso de Uber, la compañía explica a sus usuarios que los precios suben "para garantizar que todos los que necesiten un viaje puedan hacerlo". "Nos permite ser una opción fiable en todo momento", apunta la compañía. ¿Y Cabify? Insisten en que es "para incentivar a nuestros conductores a estar más cerca de ti cuando más lo necesitas y para disminuir el tiempo de espera".
"Expulsarnos del mercado"
Esta es una de las medidas que algunas de las organizaciones del taxi en Cataluña pusieron sobre la mesa a la Generalitat en una reunión este lunes, donde se analizó el decreto que estudian para regular y restringir al máximo la actividad de las VTC tras el decreto aprobado por el Gobierno en el Congreso (y que se tramitará como proyecto de ley). Las otras dos significarían el final 'de facto' para las dos principales compañías, pues su puesta en marcha reduciría al mínimo los servicios que hoy se prestan en las ciudades donde están presentes.
Por un lado se encuentran la precontratación con un día de antelación. Lo que buscan los taxistas es que se defina de manera genérica con un día a través del decreto ley que exigen a la Generalitat. Sería en el reglamento que la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) debe aprobar después la que lo precise más. "Esta fórmula se propuso para evitar que la fijación de un tiempo exacto en horas comportara la necesidad de la modificación de la ley que significaría meses en la tramitación", admite el sector en un comunicado.
Esta precontratación significaría una barrera insalvable para el sector de las VTC. Según diferentes fuentes consultadas por La Información, menos del 10% de sus viajes son contratados con más de un día de antelación. "Se nos eliminaría del mercado", lamenta una de esas fuentes.
La otra condición que imponen tiene que ver con un aspecto que ya ha estado sobre la mesa en otras ocasiones. Se trata de la obligatoriedad de regresar a una base establecida por la empresa de VTC después de cada uno de los servicios. Este requisito, al igual que el de cumplimentar una hoja de ruta, fue retirado por el Tribunal Supremo en una sentencia en el año 2012. La inclusión por parte de la Comunidad de Madrid en una resolución en 2015 fue la que despertó una batalla de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la Audiencia Nacional.
El sector del taxi entiende que estas medidas se incluyen dentro de las competencias que desde la aprobación del real decreto ley tienen las comunidades autónomas, pues se refieren a características vinculadas con la contratación. Su objetivo es, en caso de lograrlo, extenderlo a otras comunidades. Evidentemente contarán con el rechazo de plano de las VTC que advirtieron, a través de su patronal, que cualquier modificación de las condiciones durante el periodo de gracia de cuatro años planteado por el Ejecutivo en ese decreto sería denunciada en los tribunales.
La guerra del taxi no ha concluido. Un nuevo capítulo se abre. Y la amenaza de nuevas huelgas del sector y de un bloqueo del Mobile World Congress (MWC) sigue sobrevolando.
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