Manuel Valls es uno de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Y uno de los defensores (ahora) de una regulación de las VTC, sin acabar con ellas. Pero hace ahora cinco años, él ocupaba la cartera de Interior del Ejecutivo de Francia. Fue el encargado de firmar el decreto ley que ha servido como espejo para el taxi español en sus exigencias ante la Generalitat y Madrid. Ese decreto, que fijaba en 15 minutos la precontratación de servicios de compañías como la propia Uber o Lecab, acabó suspendido dos meses después de su aprobación y prohibido un año después en plena polémica.
Las similitudes son muchas en ambos casos, pero con años de diferencia. En el año 2013, el taxi francés hervía en las calles. Los VTC -allí también son llamados con esas siglas- no dejaban de crecer, después de su liberalización total en el año 2009 por la llamada 'Ley Attali', en alusión al economista que la propuso. Sólo en Francia había más de 10.000 licencias -no se impusieron ratios ni ninguna barrera de entrada más allá de algunos permisos y tasas anuales-, controladas por medio millar de empresas -mucho más repartido que en España, donde un puñado de grupos se reparten más del 80% de las autorizaciones-.
Uber llevaba dos años en París con un servicio actual al que hoy presta en España y su expansión se aceleraba. El Ejecutivo acabó sucumbiendo a finales de ese 2013. Tras avisar unos meses antes, durante ese verano, aprobó en diciembre un decreto ley a nivel estatal con el que se exigía que transcurrieran 15 minutos desde que se reserva hasta que el cliente puede acceder al coche. "Permite distinguir la actividad de estos vehículos de la de los taxis, que son los únicos capaces de circular en busca de clientes en la vía pública", explicaba en el texto. El mismo argumento detrás de la regulación impuesta por la Generalitat y la que planea ahora la Comunidad Valenciana.
El decreto era firmado por la ministra de Comercio, Sylvia Pinel, y por el español Manuel Valls, encargado de la cartera de Interior (posteriormente se convertiría en primer ministro). Lo hizo en contra, como ha sucedido en España, de la opinión de la Autoridad de la Competencia. "Introducirá una distorsión de la competencia para proteger al monopolio del taxi en el mercado", advertía el organismo.
Las empresas no cerraron. Uber, Lecab o Allocab decidieron arrancar una guerra en los despachos para frenar este decreto. Y lograron una primera suspensión cautelar por parte del Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo y el máximo órgano judicial en asuntos vinculados con la administración. Diez meses después, en diciembre, lo suspendió de manera definitiva. "El periodo mínimo de 15 minutos, que no está previsto por la ley y va más allá del requisito legal de la reserva previa, es ilegal", aseguraba. En aquel entonces, Valls ya era primer ministro y tuvo que ver cómo el decreto que firmó un año antes acababa tumbado.
Ahora, Valls aspira a sustituir a Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona, uno de los más beligerantes precisamente contra el sector de la VTC. El propio candidato de la plataforma ciudadana en la que se encuadrará Ciudadanos ha modulado mucho su mensaje en este tiempo. "Los taxistas se encuentran en una situación difícil. Se debe regular pero no se puede prohibir ni acabar con la VTC; se necesita negociación, diálogo y responsabilidad", apuntaba en Twitter durante la huelga.
Modelo para España
Esa 'ley de los 15 minutos', suspendida en Francia, es la que ha servido como espejo para España. Cataluña ya la ha puesto en marcha y ha acarreado la salida del mercado de las dos grandes plataformas -Uber y Cabify- y los 'amos' de las VTC con varios ERE. La Comunidad Valenciana ya la ha puesto sobre la mesa en las primeras negociaciones con el taxi. Madrid llegó a proponer una precontratación en distancia (300 metros mínimo) y no en tiempo.
Al igual que sucediera en Francia, los VTC ya están preparando su batalla legal en los despachos. Aunque no lo van a tener sencillo, pues la legislación española no deja muchos resquicios para la suspensión cautelar o, incluso, la eliminación de un decreto ley. Es por ello que muchos de ellos ya miran al Tribunal Constitucional.
Mientras todo eso sucede, en Francia ya están en la siguiente fase. El presidente Emmanuel Macron no sólo deben gestionar el descontento del taxi... sino también de las VTC. En ese mercado, los dueños de licencias son pequeñas empresas y autónomos. Los empleados de este sector -por cuenta propia o ajena- son los que se han tirado a las calles de París para exigir una regulación para mejorar sus condiciones: una tarifa mínima, con la que evitar que las grandes plataformas las bajen de manera significativa, o unos horarios.
Ambas condiciones son las que se imponen al taxi. Su inexistencia en las VTC es, precisamente, lo que hoy en el mercado español es su principal ventaja competitiva. Queda por ver cómo se resuelve el conflicto en España. Valls, el ministro que 'co-firmó' el decreto de los 15 minutos, se prepara para gobernar la ciudad bandera del taxi.
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