Y llegó. Tras semanas intensas de negociaciones (y presiones), el Gobierno puso este viernes sobre la mesa un decreto con el que buscaba contentar al sector del taxi en sus exigencias de limitar a las VTC, sin necesitar miles de millones de euros en indemnizaciones a los dueños de las miles de autorizaciones que se buscaban 'retirar'. ¿El resultado? Un texto que lleva a las principales organizaciones del taxi a mirar ahora a los ayuntamientos para presionarlos y que restrinjan la actividad de las autorizaciones que utilizan Uber y Cabify. "Es una victoria parcial... ahora dependerá de la capacidad de presión del taxi y de su capacidad de movilización", asegura Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi.
El Gobierno aprobó un Real Decreto que acarrea dos consecuencias claras. Por un lado, habrá una prórroga de cuatro años para las licencias VTC, que podrán operar con total normalidad sin reducción en el número ni sufrir la exigencia de una segunda autorización. Por el otro, las comunidades y los ayuntamientos podrán regular, en base a sus competencias, a estos vehículos durante este tiempo, pero sin modificar el número de las autorizaciones. Hoy hay activas algo más de 11.000 y se espera que el Supremo dé luz verde a otras 9.000 en los dos próximos años, según cifras del propio sector (para éstas el periodo de gracia contará a partir de la fecha de ese pronunciamiento judicial).
Algunos portavoces del taxi, especialmente de organizaciones más radicales, pusieron el grito en el cielo en las últimas horas. ¿La razón? El periodo de gracia de cuatro años es, según ellos, excesivo y podría abrir la puerta a la consolidación de gigantes como Uber o Cabify. Sin embargo, tras la aprobación de este viernes, el mensaje de los principales dirigentes era claro: "No es suficiente, pero es mucho más de lo que teníamos".
Todos estos dirigentes consultados entienden que la moratoria es excesiva, pero están convencidos de que el resto del decreto cambia cosas. "Nos han metido un gol en el último minuto y casi nos empatan... Pero esto es una victoria parcial", defiende Álvarez. Tanto él como otros dirigentes de Élite Taxi, defienden que la capacidad de regulación de los ayuntamientos va a ser clave. Y es al clavo ardiendo al que se han agarrado tras el giro de Fomento.
Su intención es, por tanto, trasladar toda la presión a los grandes consistorios de España, que sean los que al final hagan un efecto llamada al resto. "Si le plantas 16.000 taxis en la Castellana se convierte en un pulso; el sector del taxi tendrá que sacar el hacha de guerra en Madrid y llevarse el gato al agua", argumenta el portavoz de la organización. Y advierte: "¿Cuando haya un reglamento con todas las restricciones en Cataluña y el resto de España lo vea no va a acabar comiéndose a su comunidad?".
En este sentido, la primera en mover ficha ha sido la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB). La entidad pedirá al TSJC levantar la suspensión cautelar del reglamento de ordenación de las VTC, con el que pretendían crear una segunda licencia a este sector. Entiende que el decreto le da vía libre para regular. "No obstante, la AMB instará a la Generalitat a desarrollar conjuntamente el máximo de medidas de limitación y regulación de la prestación de las VTC, para reducir sus efectos negativos", apunta.
¿Regulación local?
Esa regulación local, que era uno de sus grandes objetivos, es celebrada por el sector. Insisten en que se podrá poner coto al doble turno de la VTC y se regularán los días de fiesta y las restricciones al tráfico. ¿Y las tarifas? "Lo veremos", asegura Álvarez.
Desde el sector de la VTC no lo tienen tan claro. Una de las fuentes del sector que ha estado en contacto con Fomento asegura que esas regulaciones sólo se pueden limitar a las consecuencias en el Medio Ambiente y el tráfico y no tanto a los turnos de trabajo. "En el transporte urbano no van a poder hacer nada y si lo hacen debe hacerse bajo el principio de necesidad y proporcionalidad y deben justificarlo", apunta.
Otra fuente del sector señala la jurisprudencia previa de una sentencia del año 1996 del Tribunal Constitucional contra la ley catalana de regulación del transporte de viajeros por carretera. En ese pronunciamiento, se declaró inconstitucional el artículo 2, que circunscribía esa ley a "los transportes que transcurran o se exploten íntegramente por el territorio de Cataluña". Entiende que el concepto de "explotación" tiene un significado económico y mercantil, que nada tiene que ver con el concepto geográfico.
Los sentimientos a ambos lados
¿Ha merecido la pena la movilización del pasado verano para esta medida? "Ha merecido la pena; este Real Decreto entiende y viene a solucionar esa diferencia tan grande entre un sector del taxi muy regulado y otro muy desregulado", explica el presidente de Élite Taxi España, Sergio Vega, uno de los más críticos horas antes de la aprobación del decreto. Él insiste en que, pese a que el periodo de carencia es "bastante largo", están "contentos porque hay una regulación real" de la VTC. Tanto él como otras cabezas visibles descartan, al menos por ahora, una nueva huelga.
El sentimiento en el lado de la VTC no es de intranquilidad, aunque sí de crítica. Eduardo Martín, portavoz de la patronal del sector, mostró su "enfado y decepción". "No se ha consensuado, no hay razón para la urgencia y ponen en riesgo 15.000 empleos", lamentó tras conocerse el contenido del Real Decreto. Esa visión crítica es compartida por otras fuentes, pero éstas también señalan que los cuatro años de suspensión pueden ser un balón de oxígeno importante. "En cuatro años pueden pasar muchas cosas", apunta una de ellas. Tanto desde Uber, como desde Cabify no quieren pronunciarse hasta que no estudien a fondo el decreto.
Este es el principio de un periplo de meses con recursos judiciales -el propio ministro ya los daba por hechos durante su comparecencia este viernes tras el consejo de ministros- y negociaciones que ahora mirarán a las comunidades y los ayuntamientos.
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