La ‘guerra judicial’ del taxi continúa. El enésimo capítulo arranca con una nueva demanda contra Cabify por competencia desleal, dos años después de que fracasara su intento y un juez desestimara la demanda. Y se completa con el recurso planteado por la patronal del sector de alquiler de vehículos con conductor (VTC), liderada por Uber y Cabify, a la ‘norma Colau’ exigiendo su suspensión cautelar. Todos estos movimientos se completan mientras las licencias no dejan de incrementar su precio en el mercado secundario.
Los primeros en mover ficha han sido la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), que vuelve a la carga con una nueva demanda por competencia desleal. Señala a dos compañías: Maxi Mobility Transporte de Viajeros SL y Yirmi UC Fiesta Omnibus. Ninguna de las dos existen hoy bajo esos nombres, pues la primera es Moove Cars, vendida por Cabify hace meses y hoy controlada por el fondo King Street Capital. La segunda es hoy Vector Ronda Teleport, donde conviven la propia Cabify con Rosauro Varo, el exdueño de Pepephone.
La CNT quiere ‘resucitar’ una demanda que, en el fondo, es muy similar a la que presentó la Federación Nacional del Taxi y que acabó en un ‘no’ del juez hace más de año y medio. Su tesis: ejercen competencia deseal respecto al taxi porque los conductores que trabajan para la plataforma de Cabify no cumplen, según ellos, con la obligación de contar con una hoja de ruta cumplimentada antes de iniciar el viaje, ni con el regreso a la estación base. Este último requisito ya fue retirado de la ley.
Desde algunas organizaciones del taxi no ven con buenos ojos este movimiento de la CNT, porque entienden que puede “perjudicar al sector del taxi, porque no tiene visos de ganar y va a sentar jurisprudencia negativa”, según explican fuentes del sector, que otorgan unas posibilidades muy bajas de victoria a esta demanda.
El primer recurso contra Colau, de la patronal
En el otro lado, la patronal de las VTC, Unauto, ha dado el primer paso en la batalla judicial contra el reglamento aprobado por la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB), que exige una segunda licencia para operar con el objetivo de ‘resucitar’ la ratio de una autorización VTC por cada 30 de taxis.
La organización entiende que el reglamento impugnado infringe las competencias estatales y autonómicas sobre el arrendamiento de vehículos con conductor. En el recurso, al que ha tenido acceso La Información, la organización advierte: “Ni la Administración estatal ni tampoco la autonómica catalana reconocen a la AMB competencias para llevar a cabo esta regulación”.
Unauto insiste en que si no se adopta esta suspensión cautelar “se ocasionaría perjuicios de difícil reparación, tanto al interés general, como a empresarios, titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos, como a los propios trabajadores asalariados”. Hay antecedentes que, según la organización, invitan al optimismo: la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio luz verde a la suspensión cautelar del reglamento metropolitano del taxi en el año 2011.
La patronal ha recurrido a la fórmula de una medida cautelar ‘inaudita parte’, es decir, que se decida sobre si se suspende la puesta en marcha del reglamento antes de dar traslado a las partes, para acelerar el proceso. “En tanto se dilucida un proceso normal de medidas cautelares provisionales (es decir, entre 1 y 2 meses mínimo), las empresas, trabajadores y usuarios no podrán dar ni recibir servicios porque los vehículos serán inmovilizados”, apunta en el recurso.
Queda aún por ver si el Ministerio de Fomento y la Generalitat, junto con otras empresas del sector como la propia Uber y Cabify o los gigantes gestores de flotas, presentan también sus propios recursos ante la norma.
Los precios, al alza en el mercado secundario
Y mientras estas batallas se siguen librando, los precios de las licencias de VTC siguen incrementándose en el mercado secundario. Según confirman diversas fuentes del mercado consultadas por La Información, los precios que se están pagando en las últimas transacciones de autorizaciones ya se sitúan por encima de los 55.000 euros cuando se trata de un paquete de varias decenas o de 70.000 cuando se venden de manera individual.
Este incremento de precios se produce, según las mismas fuentes, por dos principales factores. Por un lado, el mercado no se ha liberalizado por lo que, pese al aluvión de autorizaciones por vía judicial, el número será limitado. Por otro, se ha eliminado por parte del Tribunal Supremo la obligación de tener 7 licencias para poder operar, por lo que personas individuales o empresas pueden adquirir una sola autorización sin necesidad de recurrir a una sociedad de un tercero.
La nueva fase de la batalla judicial no ha hecho más que empezar. Y mientras eso sucede, los grandes ‘amos’ de la VTC, con miles de licencias bajo sus paraguas, ven como sus activos no dejan de elevar su valor.
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