El Gobierno de Mariano Rajoy está intentando que el Mobile World Congress, el evento relacionado con el sector de la telefonía más importante del planeta, no salga de Barcelona. El desafío independentista y todo lo que está ocurriendo en Cataluña, con los últimos paros generales, ha elevado la voz de alarma y los organizadores ya han afirmado en público que si continúa la situación de inseguridad se plantearán llevarse el Mobile a otra ciudad a partir del próximo año, el 2019.
Para intentar 'mimar' a los promotores del Congreso, el Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lasalle, se desplazó el pasado miércoles a Barcelona. Estaba convocado a una reunión del patronato de la fundación Barcelona Mobile World Capital (MWC) y allí pudo hablar, en privado, con John Hoffman, el consejero delegado de la GSMA (la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía Móvil) y principal responsable de la organización del evento.
Fuentes gubernamentales explican a La Información que Lasalle transmitió a Hoffman que la situación en Cataluña se iba a solucionar en un breve espacio de tiempo (el Ejecutivo de Rajoy está volcado de cara a las elecciones del 21 de diciembre) y que a partir de entonces las aguas volverían a su cauce. En Moncloa calculan que el llamado 'suflé' independentista puede haberse calmado cuando eche a andar la edición del Mobile World Congress de 2018, que arranca el próximo 26 de febrero en la Fira de Barcelona.
Lasalle, añaden las mismas fuentes, se limitó a transmitir al CEO de GSMA que España es un país serio donde se garantiza la seguridad jurídica y política en todo momento. Insistió en el mensaje que está transmitiendo el Gobierno de Rajoy, consistente en que el artículo 155 de la Constitución se aplicó para restablecen la legalidad y el orden constitucional y que de las elecciones del 21D saldrá el Gobierno legítimo que elijan los catalanes.
La estancia de John Hoffman en Barcelona coincidió con la jornada de paros convocados para protestar por la entrada en prisión de Oriol Junqueras y los exconsellers del Gobierno de Puigdemont. Las imágenes que se produjeron ese día no favorecen en nada a la valoración que pueda hacer GSMA sobre Cataluña. Si ya de por sí creen que la situación en la región es de máxima tensión encontrarse con carreteras cortadas y vías de tren paralizadas no ayudó a intentar retirar a los organizadores del Mobile la imagen que pueden tener de Barcelona, indican fuentes políticas.
El pasado mes de octubre, GSMA emitió un comunicado en el que aseguraba estar "monitorizando la situación en España y Cataluña y evaluando cualquier impacto potencial para la Mobile World Capital y el Mobile World Congress". Lo hizo después de que La Información publicara que existía nerviosismo entre los organizadores del Congreso por el desafío independentista y después de que se mantuvieran encuentros informales de alto nivel y conversaciones con las grandes operadoras de telecomunicaciones para analizar cómo podía afectar el órdago secesionista al evento más importante del mundo de móviles.
Sobre el papel, Barcelona tiene garantizada la organización del Mobile hasta 2023, aunque el contrato se podría romper en cualquier momento. Hasta ahora, el congreso ha sido un ejemplo de colaboración entre administraciones. Barcelona convenció en 2015 a GSMA para mantener la sede en la ciudad condal gracias a una propuesta a varias bandas. En ella participaron el Ministerio de Industria (entonces encabezado por José Manuel Soria), la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de la ciudad condal, la Fira de Barcelona, Turismo de Barcelona y la Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWCB). En esta última, los ‘partners corporativos’ son Telefónica, Vodafone, Orange y el grupo cervecero catalán Damm.
Hay que recordar que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a apartar varios millones garantizar el éxito del congreso mundial de móviles en Barcelona. El pasado año, el Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital destinó ocho millones de euros a la Fundación Mobile World Capital. De esa cifra, tres fueron a parar a la ‘incubadora de startups’, mVenturesBcn. De mantenerse estable esa inversión, el Gobierno elevará a 40 millones de euros la factura comprometida con el evento en Barcelona hasta 2023.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios