¿En qué comunidades se ha invertido más en la 'universalidad' de la banda ancha?

"Nuestro compromiso es que la fibra óptica llegue al 85% de la población y si es posible a todas las localidades y pueblos de España". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo el viernes resumen del último año y recopilación de objetivos a futuro. Uno de ellos: el despliegue de las redes de conexión rápida más allá de los grandes núcleos urbanos. Un "impulso definitivo", dijo, al programa de extensión de banda ancha de nueva generación (conocido como PEBA-NGA) para "acelerar el despliegue de fibra óptica en todo el territorio".

Rajoy no puso fecha a la consecución de esa meta pero, lo cierto, es que es factible. No por la inversión a futuro, sino por la que ya se ha llevado a cabo hasta el momento con la ayuda de los fondos europeos Feder. Con las inversiones realizadas desde 2013 hasta el reciente cierre de 2017, esas redes de banda ancha de nueva generación permiten que ya se alcancen velocidades de más de 100 Mbit/segundo en más del 76% de la población española.

En el último año la inversión para extender PEBA (138 proyectos) alcanzó los 169,5 millones de euros. De ellos, 105 millones correspondieron a ayudas públicas y, el resto, a lo invertido por los grandes operadores. Así, en esos últimos cinco ejercicios, la inversión global alcanzó los 482,4 millones de euros. De esa cifra, más de 216 millones fueron subvenciones, según los datos recopilados en el Balance del PEBA del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En total, esos planes han llevado la banda ancha a más de 3,5 millones de viviendas en algo más de 4.000 pequeñas poblaciones. Pero no ha llegado a todas las comunidades autónomas de la misma manera. De los 482 millones invertidos en los últimos cinco años, 131,8 se destinaron a Andalucía (de los que 54,7 fueron ayudas públicas). Por detrás, Cataluña, 78 millones (de ellos, 27,8 fueron ayudas); y la Comunidad Valenciana, con 54 millones (24 de ayudas públicas).

Por Cristina G. Bolinches

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Estos proyectos para la implantación de banda ancha en pequeños núcleos urbanos básicamente funcionan a 'petición'. En algunos casos, las operadoras compiten entre ellas por llevar sus redes (con la ayuda estatal que solicitan al Ministerio) y, en otros, son los clientes los que reclaman que las operadoras lleven la fibra hasta su puerta. "Si el operador lo hace con el 40% de ayuda no damos más", explican fuentes del Ministerio.

Repartirlas entre las 'telecos'

Entre los tres grandes (Telefónica, Vodafone y Orange) sumaron el 78% de las subvenciones otorgadas desde 2013. En el pasado ejercicio, los tres principales operadores pidieron 196 millones de euros en ayudas y, en cambio, se dieron 105 millones.

Así, por ejemplo, una de las comunidades que menos inversión del PEBA ha concentrado desde 2013 es Asturias (algo más de 687.000 euros), sin embargo más del 79% de la población cuenta con cobertura de 100 Mbit/s, por la inversión de las 'telecos' sin esas ayudas. En cambio, las comunidades que van significativamente más despacio en la implantación de las redes de rápida velocidad son Extremadura y Castilla-La Mancha, donde esos 100 Mbit/s llegan al 48% y 50,9% de la población. El objetivo, indican desde el Ministerio, es que la convergencia entre comunidades se logre en dos o tres años.

La ventaja en España, que tiene la red de banda ancha más extensa de Europa, es la estructura urbanística de los núcleos de población (predominan las comunidades de vecinos en lugar de las viviendas unifamiliares) y que aquí la fibra se despliega hasta cada domicilio o empresa. "No hay un tramo final de cobre, como en otros países", explican desde el Ministerio.

Mientras en España, el coste medio del despliegue de fibra ronda los 100 o 150 euros por casa, empresa o local; en Alemania puede llegar a alcanzar los 1.000 o 1.500 euros. Una diferencia de coste que también ha acelerado la inversión de las 'telecos'. "Los operadores han visto que desplegar la fibra hasta el usuario final reduce los costes a medio y largo plazo", añaden. Y de cada al futuro, mientras Rajoy no puso fecha al objetivo del 85%, el Ministerio sí lo hace: que a finales de 2020 no haya ningún español, pyme o ayuntamiento de menos de 5.000 personas que no llegue a 30 megas.