La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone en su punto de mira a los dos grandes grupos audiovisuales, Atresmedia y Mediaset. El supervisor está analizando la situación del mercado televisivo con el objetivo de conocer si estos conglomerados vulneran las normas y actúan en régimen de duopolio en determinados aspectos, perjudicando a otros operadores que deseen competir en el mercado. En concreto, según fuentes del mercado televisivo, la CNMC está intentando conocer si los dos principales grupos del país están alterando los precios de la publicidad en la pequeña pantalla.
La televisión es, sin duda, la reina de la publicidad. Durante los primeros nueve meses de 2017 (última cifra disponible), el volumen de inversión en la pequeña pantalla fue de 1.527,7 millones de euros, un 0,8% más que durante el mismo periodo del año anterior, según los datos de Infoadex. De esa cifra, el 90,4% corresponde a las televisiones en abierto, que consiguieron 1.381 millones hasta septiembre. El problema está en la concentración de ese mercado publicitario, ya que entre Atresmedia y Mediaset acumulan el 84,2% de la cuota de mercado (y tuvieron el 53,2% de cuota de pantalla en enero), 43,3% para el grupo dirigido por Silvio González y 41,9% para la compañía que capitanea Paolo Vasile.
Esta situación ha provocado que los dos grandes grupos hayan ganado casi 1.800 millones durante los años más duros de la crisis, mientras que otras compañías han tenido que cerrar, recortar, alquilar sus licencias, aliarse con 'majors' americanas... El audiovisual es, en definitiva, un mercado que alcanza cotas de saturación elevadas y en la cual los dos grandes grupos audiovisuales llevan la riendas: si el anunciante no cuenta con ellos corre el riesgo de que su mensaje no llegue.
Fuentes de la CNMC admiten a La Información que en el sector de la televisión se está viviendo bajo un sistema de duopolio que acapara una parte importante de la inversión publicitaria. "Lo estamos estudiando", aseguran, aunque prefieren no hablar de una investigación como tal en marcha para conocer si existe algún tipo de práctica para concertar o desvirtuar los precios de los anuncios que se emiten en televisión.
En la CNMC prefieren hablar de "supervisión": "Todos los mercados se investigan y analizan desde la CNMC", aseguran fuentes oficiales. Y añaden: "A nadie le satisface la situación que existe y se está analizando desde diferentes perspectivas". Se refieren a la situación ya descrita en la que dos grandes grupos audiovisuales acaparan la práctica totalidad de la inversión y a una televisión pública de la que se decidió suprimir la publicidad durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Fuentes de Atresmedia y Mediaset aseguran que no están cometiendo ninguna actuación al margen de la legalidad y se remiten a las condiciones que fija la Ley General Audiovisual. Son las reglas del juego, aseguran. Recuerdan, además, que el árbitro -en referencia a la CNMC- es implacable con ellos. Por ejemplo cuando sobrepasan un segundo de publicidad por hora la sanción que reciben alcanza los 200.000 euros.
Resultado de las resoluciones de la CNMC
La CNMC echó a andar el 7 de octubre de 2013 como máxima autoridad de competencia en el ámbito de expedientes sancionadores y, desde sus inicios, la Audiencia Nacional ha dictado 407 sentencias sobre recursos de empresas que han infringido la Ley de Competencia (LDC). De esas 407 resoluciones judiciales, en casi el 75% (más de 300) el alto tribunal ha dado la razón al criterio de la CNMC. Hay que tener en cuenta, además, que algunas de esas sentencias desfavorables para la CNMC han sido luego corregidas por el Tribunal Supremo, por ejemplo en el caso de aquellas resoluciones que la Audiencia Nacional resolvió a favor del sancionado porque se sobrepasó el plazo legal para resolver el procedimiento.
En conclusión, en sus cinco años de vida la CNMC ha tenido que desembolsar 51.954 euros por las costas del cinco procedimientos judiciales. Todas estas condenas fueron impuestas por el Tribunal Supremo a raíz que recursos de casación relacionados con resoluciones sancionadoras del regulador, según los datos facilitados por el organismo.
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