Viernes, 10.04.2020 - 02:11 h
Tras el decreto del Gobierno

Las telecos analizan la flexibilización del pago del servicio en el estado de alarma

El Gobierno prohíbe las portabilidades fijas y móviles, para evitar potenciales contagios en la visita a tiendas o en la llegada de técnicos al hogar.

Fotografía de archivo: teléfono móvil
Las telecos deberán asegurar el servicio tras el decreto del Gobierno / Unplash

Las telecos son un servicio esencial. Ya lo eran 'de facto', pero el Gobierno lo ha formalizado en el decreto ley aprobado este martes. Las grandes operadoras no podrán suspender su servicio a ningún cliente por impagos, como sucede también con las compañías energéticas. Así, las grandes firmas estudian posibles medidas para flexibilizar el abono de las facturas del teléfono e internet fijos y móviles, especialmente para colectivos más vulnerables, a lo largo del estado de alarma por el avance del coronavirus.

El decreto lo dice muy claro: las telecomunicaciones son un servicio "imprescindible y estratégico". Ese carácter se hace aún más patente en situaciones excepcionales como la actual, donde el teletrabajo es un instrumento "de primer orden" para garantizar la actividad de las empresas. El texto insiste en que es clave contar con modernas redes que garanticen la conectividad y el mantenimiento de la calidad "para gestionar todo el tráfico "ncremental" que se genera. En los primeros días, tanto los datos como las llamadas de teléfono se han disparado con porcentajes nunca vistos.

Ante esta situación, las operadoras están analizando posibles medidas de flexibilización, como ya han hecho efectivas las energéticas. Desde hace varios días está sobre la mesa de las compañías esta posibilidad y se analizan si poner en marcha aplazamientos o fraccionamientos del pago para asegurarlo. Aún no hay decisiones tomadas pero, según confirman varias fuentes del sector, llevan días analizándolas.

En el decreto no se precisan ni colectivos ni baremos. Por tanto, deberán ser las operadoras las que establezcan medidas que puedan paliar el abono de los contratos mensuales de conectividad, especialmente entre los más vulnerables. Al igual que sucede en las eléctricas, dan por hecho que habrá picaresca, pero esperan que, si finalmente se aprueban, no tenga un impacto significativo.

El espejo en el que las operadoras se miran es el de las energéticas (luz, gas y electricidad). En la práctica, desde el año 2017, no caben medidas drásticas e inmediatas por impago en este sector. Las comercializadoras, hasta ahora, podían cortar el suministro en dos meses desde la reclamación fehaciente. No obstante, en el caso de los consumidores vulnerables acogidos al bono social el plazo se amplía a cuatro meses. Desde este martes, el Gobierno ha extendido la prohibición de cortes a todos mientras dure la alarma.

Portabilidades, prohibidas

Una de las medidas vinculadas a las telecos es la obligación de mantener el servicio. La otra: la prohibición de las portabilidades móviles y fijas en España. El Gobierno suspende todas las operaciones de cambio de operador mientras dure el estado de alarma por el coronavirus. La justificación: reducir la necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a las tiendas de las diferentes operadoras y de los técnicos de acudir a los domicilios de los clientes para completar todos los ajustes.

Esta prohibición de la portabilidad ha estado sobre la mesa del Ejecutivo en los últimos días. Finalmente, se ha incluido en la norma con dos excepciones: las operaciones que ya están en curso y que deberán ser completadas y los casos "excepcionales de fuerza mayor". ¿Cuáles son estos últimos? El decreto, al que ha tenido acceso La Información, no lo determina con exactitud.

El veto se produce en un momento especialmente álgido para el mercado de las telecomunicaciones en España. En octubre se alcanzó un nuevo récord de portabilidades netas, al sobrepasar de nuevo la barrera de los 700.000 cambios de operador móvil. En todo el año 2019 también se rompió el techo. El impulso del 'low cost' y la guerra de precios está detrás de este calentamiento.

La mayoría de las operadoras españolas respaldan esta medida, al entender que se está ante una causa de fuerza mayor y que evitará potenciales contagios. Otras fuentes del mercado señalan a este medio el impacto en el empleo del sector -vendedores, teleoperadores...- y la falta de coherencia con el permiso otorgado a compañías de comercio electrónico de poder entregar sus productos a domicilio con repartidores.

La consecuencia evidente de esta medida es la desaparición de la guerra comercial que se mantenía desde hacía varios trimestres por parte de las operadoras. "No se realizarán por los proveedores campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios que requieran la portabilidad de numeración", se esgrime en uno de los artículos del decreto ley.

¿A quién afecta esta medida? Los que más pérdidas netas de clientes han tenido en los últimos meses son Telefónica y Orange. Vodafone había recuperado algo el tono gracias a la subida de su segunda enseña 'low cost' Lowi. Másmóvil (Yoigo, Pepephone) es la que más contratos ha ganado en el último año y medio, junto con la operadora móvil virtual rumana Digi. A partir de ahora, se firma una paz temporal en esta pelea por robar usuarios.

Mejoras en bolsa

Al margen de las dos medidas obligadas en el decreto, las perspectivas económicas de Telefónica auguran que el de las telecomunicaciones podría ser uno de los sectores menos afectados por el impacto derivado del coronavirus. La acción de la operadora tiene un precio objetivo del consenso de los analistas de 7,75 euros, lo que le permitiría una revalorización importante en cuanto haya una cierta estabilización en los mercados.

Al cierre de este miércoles, los títulos de la teleco se dispararon casi un 18%, convirtiéndose en las segundas con mejor comportamiento, sólo por detrás de Mapfre. Entre las razones se encuentra el escudo 'anti OPA' que ha levantado el Gobierno de España con el nuevo decreto, al reformar la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos. El objetivo es blindar a compañías como la propia Telefónica, tras la altísima volatilidad sufrida en los últimos días.

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