La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, quiere tener a las operadoras de telecomunicaciones como grandes aliados. Y para ello ha lanzado algunos guiños a las puertas de los millonarios despliegues de las redes ultrarrápidas 5G en el marco del plan de recuperación. Entre ellos se encuentra la rebaja de algunas obligaciones mayoristas, la evaluación de una posible rebaja de los precios de salida y, sobre todo, un recorte de las tasas, una de las grandes reivindicaciones del sector.
Sobre las tasas, el Gobierno revisará la aportación que los operadores realizan a la Corporación RTVE, es decir, la llamada 'tasa RTVE', que está recurrida ante la Audiencia Nacional -que elevó a mediados del año pasado una consulta al Tribunal Constitucional-. Además va a reducir temporalmente la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico en las frecuencias para ser utilizadas en los servicios 5G.
Respecto a la subasta de las frecuencias para el 5G, el Gobierno ha anunciado la supresión de las obligaciones mayoristas -alquiler de las redes a operadores móviles virtuales terceros- que se habían considerado inicialmente en algunos de los bloques de frecuencias y ajusta a la baja los plazos para su cumplimiento de las obligaciones de cobertura impuestas. Estos son dos de los puntos más criticados por las operadoras, pues entendían que eran excesivas. Además confirma lo ya anunciado: la ampliación de la duración de las concesiones: un mínimo de 20 años, pudiendo llegar hasta los 40.
La clave fundamental de esa licitación es el precio. La otra gran reivindicación de cara a la puja tiene que ver con la cuantía de los precios de salida. El Ejecutivo no ha mencionado si finalmente lo rebajará y se limita a asegurar que está "terminando de evaluar" la cifra final -que en un primer momento se había establecido en 1.100 millones de euros-. Todo apunta a que quedará por debajo de esa cantidad.
Fuentes del sector explicaban a La Información que de mantenerse ese precios se se arrancaría la puja con un nivel por encima de la media europea (entre 0,52 y 0,59 euros por megahercio y habitante, la ratio que se utiliza para analizar los costes) y muy por encima de países europeos como Alemania o Reino Unido.
2.000 millones para el despliegue
En cuanto al despliegue de las redes, el Ministerio de Asuntos Económicos ha incluido en su plan algunas medidas como la agilización de los permisos necesarios para ejecutar esos trabajos mediante la ocupación del dominio público (carreteras, ferrocarriles...). La vicepresidenta ha presentado esta 'hoja de ruta' en una reunión celebrada este viernes con las operadoras y asociaciones principales del sector.
En ese encuentro, el Gobierno ha recordado que el Plan de Recuperación prevé una inversión de 4.000 millones de euros hasta 2023 para acelerar la conectividad y el 5G. Específicamente para las redes ultrarrápidas, plantea un desembolso público de 2.000 millones hasta 2025 para impulsar el despliegue, con especial atención a zonas rurales.
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