1.170 millones de euros de salida

Las telecos doblan el pulso a Calviño y la empujan a revisar los precios para el 5G

Economía apurará los plazos hasta finales de marzo para estudiar si rebaja los costes ante el aluvión de quejas. Lo hará tras defender hace menos de dos semanas la idoneidad del precio.

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EFE

Lo han negado una y otra vez. Tanto el secretario de Estado como la propia vicepresidenta económica defendieron en público desde el principio que la subasta de espectro para las redes 5G no iba a tener afán recaudatorio. Tras plantear el precio de salida, que levantó ampollas entre las operadoras de telecomunicaciones, argumentaron que no era especialmente alto y que los más de 2.000 millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado era sólo una recaudación estimada. Ahora, el clamor de las compañías del sector les empuja a revisar las condiciones económicas de la puja. Eso podría retrasar todo el proceso, por lo que desde Economía admiten que la licitación no podrá arrancar hasta finales del próximo mes de marzo.

El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez enseñó los números de la esperada subasta de espectro. Saldrán a licitación ocho bloques de frecuencias en la banda de espectro radioeléctrico de 700 MhZ, clave para el despliegue de estas redes que mejora la cobertura en zonas rurales y en el interior de los edificios. En total, sumaban un precio de 1.170 millones de euros para la primera puja. Tal y como precisaban fuentes del sector a La Información, se arrancaba el proceso con un nivel por encima de la media europea (entre 0,52 y 0,59 euros por megahercio y habitante, la ratio que se utiliza para analizar los costes) y muy por encima de países como Alemania o Reino Unido. Eso les ha hecho alzar la voz en el periodo de alegaciones del borrador presentado en diciembre. La presión ha ido ‘in crescendo’ y el Gobierno ha optado por abrir algo la mano.

Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del ministerio dirigido por Nadia Calviño, ya abren la puerta a una revisión de los precios, pese a que se ha defendido desde hace semanas su idoneidad. “Si vemos que los argumentos presentados tienen mérito suficiente, entonces se reconsiderará”, explican desde el departamento. No es algo inamovible, por lo que es posible que se plantee una rebaja o, al menos, una flexibilización. Tan sólo un par de semanas antes, defendió en un desayuno informativo que la licitación “no tiene afán recaudador” y que el precio “depende mucho de la dinámica de la subasta”.

Entre la ‘artillería’ utilizada por las operadoras para tratar de rebajar ese precio inicial en sus alegaciones destaca esa comparativa con las subastas en otros países europeos, sino también con la que se produjo en el año 2011 y que supuso el reparto de las concesiones para la banda de 800 MhZ, base para el despliegue de las actuales redes 4G. En esa ocasión, el precio de salida por cada bloque de 5 MhZ era de 170 millones de euros, mientras que en la que tendrá lugar este año se alcanzan los 200 millones. Y todo ello, según apuntan fuentes del sector, con un mercado de las telecomunicaciones en los que los ingresos móviles están a la baja.

Desde el sector han defendido, tanto en público como en privado, que el precio del que se parte es demasiado alto. Y que teniendo en cuenta los antecedentes de otros países europeos, en los que se ha dado una fuerte competencia por el escaso espectro que se ha puesto a disposición, el precio podría dispararse incluso por encima de los 2.100 millones de euros previstos en los presupuestos -que representan una cuarta parte de todos los ingresos partrimoniales para este 2021, donde se incluyen los intereses de préstamos a comunidades o los dividendos de sociedades con participación pública-. El antecedente de Estados Unidos es uno de ellos: lo pagado por los tres grandes grupos ha duplicado las previsiones, ya ‘generosas’, de los diferentes analistas.

El otro frente que se ha abierto por parte de las diferentes operadoras, tanto las grandes como las más pequeñas, es el de las exigencias de cobertura. Lo que explican diferentes fuentes del sector es que el Gobierno tiene tres ‘manecillas’ con las que modular la dureza de la subasta. “Y las tres las ha llevado al límite”, aseguran. Se trata del precio de salida, de la cobertura en población que debe tener la red 5G en los próximos años y de la obligación de ceder la infraestructura propia a operadores más pequeños en los ejercicios venideros. La veintena de alegaciones del sector ya están sobre la mesa de Martínez y Calviño y deberán decidir a contrarreloj si no quieren pasarse el plazo previsto inicialmente del primer trimestre del año.

Según explican fuentes conocedoras, los plazos van a estar muy ajustados y, en el mejor de los casos, la puja se iniciaría en los últimos días de marzo. Por ahora se están revisando todas las condiciones. Tras su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la hoja de ruta definitiva (y no el borrador), tal y como apuntan desde la Secretaría de Estado, hay que convocar a las operadoras para que presenten sus credenciales. Tras los diferentes ajustes y ampliaciones de información se pone en marcha el procedimiento de puja, no sin antes hacer una formación específica a los responsables de cada operador para poder manejarse en la plataforma en la que irán haciendo sus ofertas. 

Ya existe un precedente que sirve para ver si los plazos son factibles y podrán ser cumplidos. Y es la subasta que se va a celebrar en los próximos días para licitar con un precio de arranque de 42 millones de euros los 20 Mhz en la banda de 3,5 gigahercios que hasta ahora estaban ocupados por el Ministerio de Defensa -una cantidad menor de activos que tiene una importancia muy relativo en el global-. Las condiciones definitivas se publicaron a finales de diciembre y no se va a afrontar todo el procedimiento de ofertas económicas hasta mediados del mes de febrero.

Sea en la última semana de marzo o en las primeras del mes de abril, el Gobierno debe afrontar una subasta de 700 MhZ que ya tiene más de un año de retraso. Hay que recordar que la puja fue pospuesta justo cuando estalló la pandemia del coronavirus en marzo del año 2020, con el objetivo de que las operadoras de telecomunicaciones pudieran concentrar todos sus esfuerzos y atención en mantener vivo el servicio en unos meses de confinamiento y fuertes restricciones donde el teletrabajo fue esencial. Ahora deberá poner las cartas económicas sobre la mesa, con la fuerte presión de las telecos como telón de fondo.

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