La subasta de espectro radioeléctrico de 5G en España se celebrará en unas semanas. Y las operadoras han tratado de elevar la presión frente al Gobierno respecto a las condiciones impuestas para las pujas. Entre las aportaciones presentadas por las compañías al Ejecutivo dentro de la consulta pública de las condiciones destacan las referidas al precio. Argumentan que tanto las condiciones económicas como las exigencias de cobertura están por encima de la media europea. Y lamentan que estos números se den en un momento complicado para las compañías, en las que los ingresos por servicio móviles han acumulado una caída de más de un 30% en la última década.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez enseñó sus cartas para la puja el pasado mes de diciembre. Como estaba previsto, se iban a subastar un total de ocho bloques de frecuencias en la banda de 700 Mhz, esencial para el futuro despliegue de las redes de quinta generación. El precio de salida total por todas esas concesiones era de 1.170 millones de euros. Según explicó en la consulta pública, esas cifras se alcanzaron basándose en la adjudicación obtenida en las bandas de 800 Mhz y 3,4 Ghz, cuyas subastas se celebraron en 2011 y 2018, respectivamente. Y señaló tres motivos para fijarlo ahí: "El reducido espectro disponible" en esta banda; el límite fijado en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador, y la "realidad actual" del mercado de las telecomunicaciones en España.
Esas cifras fueron rechazadas por el sector, al entender que se partía ya de un nivel relativamente alto que implicaría un desembolso mayor después de una puja en la que habrá competencia entre las tres grandes compañías. Según precisan fuentes del sector a La Información, se coloca por encima de la media europea entre 0,52 y 0,59 euros por megahercio y habitante, un ratio que se utiliza habitualmente en el sector para analizar los diferentes costes teniendo en cuenta no sólo el espectro ofrecido sino también las condiciones concretas de cada mercado. Esto se sitúa ligeramente por debajo de países como Francia o Italia, pero muy lejos de Alemania o Reino Unido.
En el caso español hay una particularidad añadida: la llamada tasa anual por reserva de espectro radioeléctrico. Las operadoras deben asumir un coste por megahercio y año en base a unas fórmulas que se van actualizando en cada Presupuestos Generales del Estado y en las que se incluyen el valor de mercado de esas frecuencias y la posible rentabilidad obtenida. Para tratar de saber el volumen, la media de lo abonado entre 2015 y 2019 -último año disponible en el informe anual de recaudación del Estado- es de 33 millones de euros anuales. Hay que tener en cuenta que estas concesiones se otorgan por un periodo de 20 años.
Esa tasa no es el único esfuerzo al que se enfrentan las operadoras. De acuerdo a las mismas fuentes hay que apuntar también una clave significativa: los compromisos de cobertura exigidos. Tradicionalmente, en este tipo de licitaciones se pide que haya despliegues mínimos. En las cinco concesiones principales se exige llegar al 100% en las poblaciones de más de 50.000 habitantes en tres años. En los países del entorno hay diferencias significativas. Mientras en mercados como Reino Unido no hay ningún tipo de obligaciones en este sentido, en otros como Italia sí que se reclamaba alcanzar al menos al 80% de la población total en tres años.
La otra referencia que hay en el mercado español no es la de 2018, donde se licitó espectro diferente en bandas más altas (3,4-3,6 gigahercios), sino la de 2011, por ser más similar no sólo en cantidad de concesiones entregadas sino también en capacidad (son las que sirvieron para implantar el 4G en España). Aquel año, en el que la secretaría de Estado era ocupada por Juan Junquera, se recaudó unos 1.200 millones de euros. Según explican las mismas fuentes, en esa ocasión lo recaudado se situó en la media por debajo de lo exigido por Alemania, Italia o Francia y en un nivel similar a Reino Unido: 0,54 euros por habitante y megahercio.
Además el precio de salida de cada bloque de 5 Mhz es sustancialmente superior. En el año 2011 se situó, según quedaba reflejado en el Boletín Oficial del Estado, en 170 millones de euros. Los que se licitarán el próximo mes de marzo alcanzan los 200 millones, es decir, un 17% más. Desde los operadores insisten en que la situación de mercado es muy diferente, con unos ingresos por servicios móviles a la baja. En concreto, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en 2011 se ingresaron 13.450 millones de euros por comunicaciones móviles. En 2019, algo más de 9.000. Aún así hay que tener en cuenta los ingresos potenciales en numerosos sectores nuevos que implicará el 5G que se desplegará basándose en estos activos.
Queda por ver cómo se comporta la competencia en esta subasta. Las diferentes restricciones para despertar la competencia hacen que lo lógico sea que las tres grandes operadoras, que deberán llevar a cabo importantes despliegues de red en los próximos años, se hagan con el máximo y dejen fuera a Másmóvil. Los diferentes antecedentes en otros mercados hace pensar que habrá pugna. En Estados Unidos se ha duplicado el precio por el espectro (de bandas altas) previsto por los analistas, lo que ha obligado a las grandes compañías a acudir al mercado de deuda para afrontar los pagos.
Ahora, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene por delante unas semanas en las que perfilar todas estas condiciones. Las operadoras presionan 'in extremis' para suavizar algunas de ellas, vinculadas sobre todo al precio. El Ejecutivo no podrá recortar mucho. En los Presupuestos Generales del Estado ya se puso precio: casi 2.100 millones.
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