Primer hito de la regulación de las redes ultrarrápidas 5G en España. Las principales operadoras de telecomunicaciones preparan a contrarreloj una primera documentación sobre la seguridad de la infraestructura en el país y sobre el nuevo texto normativo. Es a requerimiento del Gobierno de Pedro Sánchez que, tras la convalidación en el Congreso de los Diputados, tiene previsto plantear una primera lista de proveedores seguros a finales del próximo mes de junio. Esa 'clasificación' será clave para determinar si las compañías chinas Huawei o ZTE son finalmente vetadas para participar en la construcción de las partes más delicadas de la red de los tres grandes grupos.
Hace un par de semanas el Congreso daba luz verde por la vía rápida a la Ley de Ciberseguridad 5G a través de un decreto. Logró 312 votos a favor con el respaldo, entre otros grupos parlamentarios, del Partido Popular. No se aprobará como proyecto de ley. Y este movimiento blinda el texto del documento, sobre el que algunas de las grandes operadoras ya plantearon sus dudas. Entendían que existía cierta inseguridad por una redacción demasiado abierta. Exigían una mayor concreción sobre si la potencial expulsión de proveedores problemáticos se circunscribía sólo a las redes 5G o también se extendía al 4G y a otras infraestructuras 'históricas'. Estos cambios no se han introducido.
En cambio esa aprobación ponía en funcionamiento los plazos de la ley. El Gobierno tenía tres meses para hacer una primera aproximación. El objetivo que se ha marcado es que esté finalizado a finales del mes de junio, aunque para esto los tiempos están muy ajustados, según explican fuentes del sector. Pero ha planteado un requerimiento previo de información. Las operadoras deberán trasladar una primera información sobre la seguridad de las redes y los proveedores antes del 25 de mayo. Existe la posibilidad de la ampliación de este plazo.
Con toda esa información aportada por las operadoras, el Gobierno de Pedro Sánchez pedirá un informe clave: el del Consejo de Seguridad Nacional. Deberá analizar tanto las garantías técnicas de funcionamiento y operatividad de los equipos, productos y servicios de los proveedores de redes como su exposición a injerencias externas. Con todo tomará una decisión que se aprobará en el Consejo de Ministros, previa audiencia nuevamente con las telecos. Se dará una primera lista en la que se clasificará a compañías como Huawei o ZTE como de alto, medio y bajo riesgo. Esta calificación será su salvoconducto para contratar con las telecos.
Desde las principales operadoras tienden a pensar que en esta primera clasificación de proveedores no habrá ninguno como de alto riesgo, lo que implicaría su expulsión en un plazo de dos años de la red de cualquier operadora. Una de las claves radica en la potencial exposición a esas injerencias externas en un momento especialmente delicado en lo geopolítico tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la potencial alianza de esta última con China. Se analizarán los vínculos con gobiernos de terceros países, la composición de su capital social y la estructura de su órgano de Gobierno, el poder de un tercer Estado para ejercer presión sobre la actuación o ubicación de la empresa o la política de ciberdefensa y el respeto al derecho internacional de dicho Estado.
Salvar este primer escollo antes del verano no implica que sea, en absoluto, una decisión inmutable. Más que para optar por una expulsión inicial, el Gobierno ha buscado contar con una herramienta a futuro en caso de que haya cambios geopolíticos más relevantes. Las operadoras tendrán hasta el mes de septiembre para remitir un análisis de riesgos de sus redes y servicios 5G o de los que vayan a desplegar en los próximos dos años y un informe de las medidas técnicas para mitigar los riesgos. Y el Gobierno puede cambiar de opinión en cualquier momento.
Pese a todo, las decisiones relevantes sobre contratación de proveedores para el 5G ya se han tomado en las principales operadoras. En el 'core', la parte más delicada de la red y donde residen todos los datos más sensibles, no ha sido incluido Huawei: Orange y Telefónica anunciaron que contrataban a Ericsson. Lo más problemático reside en el perímetro al que se vinculan los riesgos. Si el análisis de los riesgos se extiende al 4G o a la infraestructura 'histórica' (conocida en el argot como 'legacy') el panorama podría cambiar, pues la mayoría de operadoras cuenta con tecnología de Huawei en algunas de esas partes.
Otros dos frentes
Mientras se dirime todo lo que tiene que ver con la seguridad de las redes, las operadoras deben apretar el acelerador en los despliegues para cumplir con las exigencias de cobertura que se planteaban en la subasta de espectro de la banda de 700 'megahercios'. Para finales de este año deben proporcionar servicio al 30% de los mayores municipios españoles, además de las infraestructuras más relevantes (aeropuertos, puertos o estaciones de ferrocarril). Antes de que mediados de 2024 se tiene que elevar al 70% de las localidades para llegar al 100% un año después.
El otro frente abierto tiene que ver con las ayudas públicas para los despliegues y con la última subasta de espectro radioeléctrico (de la banda milimétrica de 26 'gigahercios') que aún queda pendiente. Respecto a lo primero, existen ciertas dudas en el sector sobre la aplicación del llamado Plan Único 5G que subvenciona con dinero público la expansión de las torres pero sin respaldo a la infraestructura activa (los equipos dentro de los emplazamientos). Sobre este último aspecto, el Gobierno se limita a asegurar que se producirá en la segunda parte del año y que, previsiblemente, se abrirá a la industria lo que, según advertía Telefónica a sus inversores, podría elevar el precio final.
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