Brindis al sol, broma... Las operadoras de telecomunicaciones españolas ponen el solfa el primer borrador de regulación que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España. Lamentan que se trata de una "oportunidad perdida" para tratar de hacer pagar a gigantes como Microsoft, Google o Facebook, con cuyos servicios como la mensajería o las videoconferencia compiten directamente con ellos. En el cálculo de la tasa de operadores que se le exigirá a este tipo de compañías no se incluirán los ingresos inducidos por la gestión y explotación de los datos y los negocios asociados como la publicidad.
El punto del que parte el Gobierno para imponer estas reglas no deja mucho margen. Fuentes de uno de los cuatro grandes operadores aseguran que el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicos, que España trata ahora de transponer en la nueva ley, ya tiene una "aproximación cortoplacista" sin dar una respuesta a los nuevos modelos de negocio digitales de este tipo de gigantes. "La transposición en la Ley no tiene margen de maniobra para cambiar el modelo ya presideseñado", aseguran. El propio secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, lo admite: "Se introducen preceptos legislativos para equilibrar el terreno de juego [y dar respuesta a la reclamación de 'mismas reglas, mismos servicios'], pero evidentemente dentro de los ámbitos marcados por la directiva".
Esa directiva europea autoriza a los países a cobrar a los operadores 'tradicionales' y, como novedad, a los llamados OTT (Google, Facebook...) para sufragar los gastos de personal y corrientes que generen la Secretaría de Estado y la CNMC en sus funciones reguladoras. España ya cobraba a las telecos uno de cada mil euros brutos que ingresaban al año por estos servicios de comunicaciones en el país. No había ningún umbral. La modificación que el Ejecutivo va a introducir, según se especifica en el anteproyecto, es que habrá un mínimo de facturación de un millón de euros anuales. Pero lo demás se queda igual.
Por tanto, a los gigantes tecnológicos se les medirá por el mismo rasero que a las telecos... sobre el papel. La realidad es que Telefónica y el resto de competidores declaran todos los ingresos cobrados por llamadas, videollamadas o servicios de comunicación (incluidos en sus tarifas individuales o en paquetes), mientras las 'tech' no lo hacen. "Su beneficio viene determinado por los ingresos inducidos por la gestión y explotación de los datos y los negocios asociados que quedan excluidos del cómputo del cálculo de la tasa", apuntan las mismas fuentes consultadas. Es decir, su volumen de negocio no procede de la venta de estos productos como la mensajería instantánea o las videollamadas sino por otros elementos 'premium' de su oferta o, directamente, por la publicidad y la explotación de los datos.
Desde las operadoras reconocen que no es sencilla la regulación de negocios así, con una deslocalización de la facturación y un hecho imponible muy diferente al 'tradicional'. Pero todas las fuentes consultadas en el sector insisten en que se ha convertido en una regulación "obsoleta" que no responde a la realidad actual del mercado. "Es un auténtico brindis al sol que no va a resolver nada en el mercado", apuntan
Tres de las compañías objetivo de esa tasa son Facebook, Google y Microsoft. Entre su portfolio están Whatsapp, Hangouts o Skype, tres de los más señalados. Y las tres tienen una estructura fiscal y operativa muy similar: estos servicios son eminentemente gratuitos y se facturan, principalmente, desde Irlanda, siendo las filiales locales españolas las que cobran una comisión como distribuidora. Microsoft declaró unos ingresos de 380 millones de euros en su último ejercicio fiscal, mientras que Google y Facebook sumaron 104 y 112 millones de euros, respectivamente. La proporción de 1 por 1.000 de la tasa sobre esa cifra apenas llega a 600.000 euros. Pero, además, buena parte de esa facturación no procede directamente de esas plataformas, al no tener coste para los usuarios.
En este contexto, las compañías piden que haya una revisión a fondo de la regulación. "Es precisa una reforma en profundidad de los modelos regulatorios para acomodarse a la nueva realidad de la economía digital", apuntan las mismas fuentes del sector. El propio presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, reclamó precisamente ese trabajo a los organismos reguladores, pese al 'capote' que lanzó a la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, al insistir en que se estaba avanzando "en la buena dirección".
Con el anteproyecto de ley ya sobre la mesa y despertando duras críticas de las operadoras tradicionales, el Gobierno tiene otra patata caliente y una prueba de fuego con las televisiones privadas (y con las mismas operadoras como Telefónica, Vodafone u Orange). Se trata de la nueva ley audiovisual que tiene el reto, precisamente, de plantear unas reglas para que Netflix, HBO o Amazon también se hagan cargo de la 'tasa RTVE' o las aportaciones al cine español. Queda por ver cómo será la fórmula para evitar que, como en el caso de las telecos, se convierta en un 'brindis al sol'.
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