Son más de 5.000 empleados los que pueden ser beneficiarios. Se estima que de ellos algo más de 3.000 serán los que estampen su firma en los documentos y salgan de Telefónica. La operadora española ha decidido ejecutar un plan de bajas exprés y eso no sólo implica un reto en lo operativo para los que se quedan, sino también organizativo. Así, ha acelerado en los últimos días las consultas a sus empleados para poder cerrar todas las salidas antes del 31 de octubre.
El anterior Plan de Suspensión Individual (PSI) fue firmado a finales de 2015. Pero los plazos no eran tan ajustados como en esta ocasión. Los directivos de recursos humanos tuvieron la ocasión de mantener reuniones particulares con cada uno de los afectados para explicar todos los pormenores y las condiciones en las que se podían marchar de la compañía.
En aquella ocasión, se apuntaron 6.300 empleados a ese plan, que fueron saliendo de manera mucho más progresiva. En el primer ejercicio, el de 2016, se sumaron un total de 3.600 empleados. En 2017, esta cifra se redujo hasta los 1.400. En 2018, último ejercicio y el de la prórroga del convenio colectivo de las tres filiales de la operadora en España, salieron más de 1.350.
Ahora, el tiempo apremia. Y la empresa ha acelerado para llegar a tiempo. Según explican fuentes sindicales, los directivos están manteniendo reuniones colectivas en las que un grupo de empleados es informado sobre las condiciones y recibe la propuesta económica de la compañía en caso de que acaben desvinculándose. Quedan apenas dos semanas para llegar al límite de tiempo.
Este formato hace que sea muy difícil tener previsiones hasta el último momento de la afección de este plan, aprobado en el consejo de administración del pasado mes de septiembre para tratar de lanzar un mensaje al mercado sobre el ahorro de costes en la operadora. Según precisa José Ramón Sánchez Martín, representante de UGT en el comité intercentros de Telefónica, será imposible tener una cifra más o menos fija hasta la última semana del mes. ¿La razón? Estos encuentros colectivos no permiten conocer de una manera más exhaustiva la intención de cada uno de los empleados que escuchan la propuesta.
La previsión inicial de la empresa era de unos 3.000 empleados afectados. El resto hasta los casi 5.000 son empleados que ya cumplían con las condiciones del anterior y lo rechazaron, por lo que entienden que no se sumarán a este tampoco. Para este plan deberá reservar más de 1.600 millones de euros para las provisiones obligadas por la normativa. Sin embargo, desde los sindicatos insisten en que esa cifra podría elevarse, dada la situación de la compañía en bolsa -pese a la recuperación sigue estando en el entorno de los 7 euros por acción- y las previsiones para el sector de las telecomunicaciones.
PSI para rebajar costes
El formato de plan de bajas incentivadas -68% del salario y cotización a la Seguridad Social hasta la jubilación para los mayores de 53 años- se puso en marcha en el año 2015, después de las críticas recibidas por los ERE ejecutados en las dos anteriores décadas y el coste para las arcas públicas. Entre 1999 y 2013 sumó 31.500 salidas con esta modalidad. Los últimos: 6.830 incluidos en el del periodo 2011-2013.
Con este plan tiene, según apuntan desde los sindicatos, un ahorro importante, pese a los desembolsos que deben afrontar en cotizaciones y salarios para empleados que salen. En concreto, se ahorran un 32% de los salarios desde el principio. A esto hay que sumar las revisiones anuales -de las que no son beneficiarios estos exempleados- o las mejoras por antigüedad. En total, estiman que en los últimos años antes de la jubilación el ajuste sería de hasta el 40%.
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