Telefónica vuelve a irrumpir en el escenario político. En su informe anual presentado ante el regulador estadounidense (SEC) alerta de los efectos que puede generar la fragmentación política en España y la dificultad para sacar adelante nuevas leyes y decisiones clave con los votos suficientes de los diferentes partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Lo coloca como uno de los principales riesgos financieros, junto a Cataluña o la guerra comercial.
Las telecomunicaciones encarnan uno de los sectores en los que la regulación pública tiene una mayor influencia. Y en ese contexto, Telefónica está aún más expuesta, al ser un operador dominante que requiere medidas adicionales para evitar un posible abuso. Por ello, no ha querido dejar pasar la oportunidad para volver a poner el dedo en la llaga sobre la complejidad del escenario político y el juego de mayorías, con un gobierno de coalición de PSOE y Podemos que tiene la necesidad de acudir a los partidos nacionalistas catalanes para sacar adelante los proyectos legislativos.
"Una fuente de incertidumbre proviene de las políticas económicas que se implementarán a partir de 2020, dado el alto nivel de fragmentación parlamentaria y la falta de acuerdo sobre temas clave", apuntan en el informe presentado ante la SEC. Hoy el grueso del Congreso de los Diputados se reparte entre cinco grandes partidos -PSOE, PP, Podemos, Vox y Ciudadanos- y la dificultad para lograr la luz verde en las votaciones es evidente. La operadora señala todas las medidas vinculadas a impulsar la digitalización en España como claves.
La influencia de Telefónica en el mercado global es importante. No sólo es la operadora líder en España, con cuotas de mercado muy elevadas tanto en el segmento residencial como en empresas, sino también es un competidor destacado en mercados relevantes como Latinoamérica o Reino Unido. Y es en ese contexto en el que la operadora señala otro gran riesgo que tiene que ver con la guerra comercial de China y Estados Unidos y la influencia que ésta tiene en el resto de grandes países. Por eso avisa de que "cualquier situación de reacción proteccionista de algún país puede tener implicaciones significativas" en el mercado español. Sin ir más lejos, el Gobierno de Trump presionó a Pedro Sánchez con la imposición de aranceles ante la aprobación de la llamada 'Tasa Google'.
En este sentido, el informe pone el dedo en otra llaga: la dependencia de algunos proveedores y cómo esas tensiones comerciales pueden acarrear sobrecostes. Sin mencionar claramente a Huawei como proveedor de las redes 5G, pero refiriéndose a este caso de manera velada, insiste en que la imposición de restricciones comerciales "podrían generar mayores costos y menores márgenes y podría afectar negativamente los negocios". El presidente de la multinacional, José María Álvarez-Pallete, no ha hecho pública aún una cifra, como sí han hecho otros competidores en Reino Unido. BT o Vodafone precisaron el sobresfuerzo que acarreará la exclusión del gigante chino de la parte más sensible de las redes en este mercado por exigencia del Gobierno de Boris Johnson.
Junto a estos riesgos, Telefónica volvió a colocar lo que ya se ha convertido en un 'clásico' en sus informes: Cataluña. Incide en el resultado de la situación en la región y su impacto en las condiciones de financiación de la economía española "dado el exigente calendario que enfrenta el país y su importante dependencia del escenario macroeconómico internacional y de los inversores". La cancelación del Mobile World Congress (MWC) por el coronavirus permitió al presidente, José María Álvarez-Pallete, defender que Barcelona es "el mejor lugar del mundo" para acoger una feria mundial como esa.
Más competencia en Latinoamérica
Al margen de España, la operadora señala como riesgo una mayor competencia o la entrada de nuevos actores que le arañen cuota de mercado. No pone sobre la mesa España, donde la guerra de precios y la expansión de Euskaltel con su marca Virgin habían encendido algunas alarmas. Sí que incluye a Chile y Perú. En ese grupo excluye México, que había sido mencionado en los últimos ejercicios. Se da la circunstancia de que ha llegado a un acuerdo con el gigante estadounidense AT&T para pagarle por su red en este último mercado, con el objetivo de reducir al máximo los costes en una región que busca abandonar a medio plazo.
Para sus operaciones depende claramente de un activo que está en manos de las administraciones públicas: el espectro radioeléctrico. Y este año 2020 va a ser clave, pues habrá varias subastas muy destacadas con las que se va a asegurar infraestructura suficiente con la que desplegar las primeras redes 5G. En España se celebrará una para la banda de 700Mhz y también para las de 3,4 y 3,6 Ghz que, según explica en el informe, hoy está siendo usada por el Ministerio de Defensa. Esta última la coloca como probable. Suma otras en Brasil, Chile y Argentina.
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