Telefónica apunta a la ‘España vaciada’ con un mapa de empleos por provincias

Telefónica mira a la llamada 'España Vaciada'. La operadora de telecomunicaciones apunta al empleo en estas provincias menores con la elaboración de un nuevo mapa de puestos de trabajo en España para tratar de cumplir con el compromiso alcanzado con los sindicatos de blindarlos después de ejecutar el último plan de bajas con el que salieron 2.400 personas. El grupo espera contar con el documento antes del verano para tomar medidas. Las organizaciones sociales se pusieron en pie de guerra hace tres años y frenaron la movilidad geográfica en el convenio colectivo que estará vigente hasta finales del año próximo.

Este mapa de actividades era un compromiso que se había fijado en el convenio firmado en 2019 y prorrogado a principios del año pasado. El fin es hacer 'inventario' del reparto de empleo de la compañía en España y cómo se distribuye entre los diferentes territorios. Es la herramienta para tratar de cumplir con el otro objetivo: la deslocalización de actividades especialmente fuera de los grandes centros de Madrid y Barcelona, propiciando, según quedaba reflejado en el documento, "una mejor reubicación de los recursos y un mayor número de traslados voluntarios".

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Según explican fuentes oficiales de la empresa, este mapa, que debe ir acompañado de un plan de eficiencia provincial para esa redistribución, está en su fase final y estará listo "antes del verano". Sobre las medidas posteriores no se han querido pronunciar. Y en todo caso se completará en conversación con los sindicatos, que se han mostrado en los últimos días especialmente críticos con algunos de los traslados forzosos desde provincias, considerando "necesaria" la elaboración de este documento previo a cualquier propuesta realizada por la compañía.

Antes de que se ejecutara el último plan de bajas en España, Telefónica contaba en el país con casi 23.000 empleados en total. Son 5.700 menos que cinco años antes. La razón hay que encontrarla en las jubilaciones naturales de la plantilla y en los tres planes de prejubilaciones y salidas incentivadas (conocido internamente como Plan de Suspensión Individual) que sustituyeron en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Esto ha llevado a una distribución desigual entre las diferentes provincias, que además se ha acentuado con los cierres de las diferentes centrales de cobre.

Todos esos movimientos laborales han conllevado traslados forzosos desde localidades a capitales de provincia y a una centralización del trabajo. Desde hace más de diez convenios colectivos, la movilidad se ha convertido en una de las líneas rojas de los sindicatos. Antes del estallido de la pandemia, la empresa puso en alerta a las organizaciones sociales al plantear esa reorganización ante la virtualización y digitalización de las redes -lo que reduce las necesidades de empleados en zonas menos pobladas- y el desmantelamiento del cobre. Ante la protesta, la empresa lo tuvo que retirar de su propuesta.

Los sindicatos se quejan de traslados forzosos firmados en las últimas semanas y exigen que concluya ya el mapa de actividad en provincias

En el texto de la prórroga del convenio colectivo aprobada en enero se incluyó una modificación de la garantía de no movilidad forzosa en España. De esta forma, las tres principales filiales con las que opera en el país -Telefónica de España, Móviles y Soluciones de Informática- se comprometían a "priorizar la movilidad dentro de la localidad y la movilidad provincial sobre la interprovincial". Era un compromiso de no agarrarse a este recurso hasta finales del año 2023.

Esta reorganización de los empleados tras los diferentes planes de bajas también ha conllevado cambios en el Distrito C del barrio madrileño de Las Tablas. En un primer momento, hace varios años, se planteó el alquiler de algunos de los edificios vacíos. Finalmente se optó por invertir 100 millones de euros en los tres próximos ejercicios para reconvertir esas construcciones. El objetivo último es contar con espacios para potenciar iniciativas de innovación, como laboratorios o centros de desarrollo, o de educación. Busca contar con capacidad suficiente para formar cada año a más de 100.000 personas en nuevas capacidades digitales.