Otra sanción relevante más que cae en los tribunales. La Audiencia Nacional ha tumbado una multa de 6 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Telefónica por discriminar a sus competidores en las averías. La Sala de lo Contencioso entiende que la infracción es leve y por eso rebaja la cuantía a apenas 50.000 euros. En los últimos meses ha habido una de cal y una de arena para la operadora de telecomunicaciones española en las diferentes batallas que mantiene con el organismo presidido por Cani Fernández.
La resolución de 72 páginas que era objeto de discusión entre las partes se aprobó en la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en octubre del año 2019. El organismo entendió que quedó probado que la operadora incurrió en diversas prácticas discriminatorias en los tiempos de provisión y resolución de averías y en las condiciones de calidad de los circuitos provistos en los servicios mayoristas de acceso a cobre y fibra a sus rivales (Orange o Vodafone) frente a los que se prestaba a sí misma. Los hechos se produjeron entre enero de 2017 y diciembre de 2019.
La clave es que, al contrario de lo que han defendido en los últimos años tanto la propia Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, la CNMC mantuvo que este incumplimiento de la normativa suponía una infracción muy grave de la ley general de telecomunicaciones. Al no poder cuantificarse el beneficio directo obtenido por estas prácticas, el organismo tuvo que echar mano al potencial perjuicio a terceros y a los ingresos generados por servicios mayoristas y minoristas. En total cifró la multa en 6 millones de euros, entre los niveles superiores en cuantías.
Esa calificación de infracción muy grave es el asunto clave al que se refiere la Audiencia Nacional en su sentencia, consultada por La Información. El tribunal quita la razón a la CNMC y entiende que lo que ha cometido Telefónica es una falta leve pues su conducta no es un incumplimiento de una resolución del organismo. Argumenta que no ha habido una desobediencia generalizada de la obligación regulatoria de la resolución de averías. Acoge el argumento presentado por Telefónica, que defendió que se trataba de un incumplimiento en materia de calidad de este servicio regulado exigido por ser operador con poder significativo dentro del mercado.
La conclusión de la Sala de lo Contencioso presidida por Fernando Luis Ruiz Piñeiro es favorable a Telefónica. Estima parcialmente el recurso presentado por la teleco y anula la resolución al entender que no es conforme a derecho. Decide imponer una multa de 50.000 euros por la comisión de esa infracción leve. La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, pero hay antecedentes que señalan que hay jurisprudencia como para que el Alto Tribunal decida no admitir a trámite el recurso.
La CNMC volvió a calificar en la resolución -ahora anulada- la infracción de Telefónica de "muy grave" pese a la jurisprudencia previa en contra
Hace varios años una batalla también en los tribunales entre Competencia y el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete se basaba también en un asunto vinculado con las averías. En ese caso era algo aún más llamativo: se culpaba a la teleco de no responsabilizarse de una “gran proporción” de las averías en las líneas de banda ancha de los clientes de otros operadores que utilizaban sus redes al calificarlas como "falsas". Se le exigía el pago de 5 millones. La conclusión de la Audiencia fue similar a la que se adopta ahora. Esa sentencia anterior está fechada en abril de 2019, unos meses antes de que la CNMC reiterara en la nueva resolución -ahora tumbada- su posición sobre la calificación de infracciones.
Una de cal y una de arena
Telefónica ha tenido una de cal y una de arena en las peleas que mantiene con el regulador de la competencia en España. Hace nueve meses, también la Audiencia Nacional dejaba sin efecto una sanción de 3 millones de euros después de entender que no se había demostrado que la teleco incumplió la regulación sobre la oferta mayorista de las estaciones de red de cobre. A finales de 2020, el tribunal también echó abajo una sanción de 8,5 millones que castigaba supuestas prácticas anticompetitivas ejecutadas por la presentación de una oferta a precio bajo en un concurso público convocado por el Gobierno del País Vasco.
Por contra sí que perdió el partido por la histórica multa de la guerra del fútbol. El regulador logró el beneplácito de la Audiencia en la sanción de 15,5 millones de euros impuesta a la operadora y la antigua DTS por el pacto que ambas partes suscribieron para adquirir los derechos de retransmisión del ‘deporte rey’ en el año 2012. El grupo empresarial presentó su recurso ante el Tribunal Supremo y éste aún no se ha pronunciado.
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