Telefónica se ha plantado. La multinacional que dirige José María Álvarez-Pallete reclama al Supremo que otros seis operadores -y no solo ella, Vodafone y Orange- contribuyan al Fondo Nacional de Servicio Universal de Telecomunicaciones en ejercicios anteriores a 2014. La multinacional exige que se aplique lo establecido en la nueva Ley General de Telecomunicaciones aprobada ese año a los cursos previos, lo que impediría que las tres grandes carguen con el precio de garantizar a todos los españoles telefonía fija e internet a precios asequibles sin importar su lugar de residencia.
La disputa surgió en 2015, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estableció qué operadores debían contribuir al fondo por el ejercicio de 2011. Pese a que, cuando se dictó el acuerdo del superregulador, la nueva Ley General de Telecomunicaciones ya estaba en vigor, Competencia decidió aplicar la anterior, ya derogada, de 2003. Esta última otorgaba a la CNMC la facultad de elegir qué compañías pagaban para garantizar el servicio al conjunto de los ciudadanos. Los seleccionados fueron Telefónica, Telefónica Móviles, Vodafone y Orange.
Más de 100 millones de ingresos
Telefónica recurrió ese acuerdo de la CNMC a la Audiencia Nacional, pero su Sala de lo Contencioso no le dio la razón. Ahora, el Supremo ha admitido a trámite su recurso de casación. En él denuncia la injusticia de que se le aplique un sistema previsto en una ley ya derogada, la de 2003. En su escrito recuerda que la nueva Ley General de Telecomunicaciones de 2014 establece un criterio objetivo para determinar quién debe contribuir a ese fondo. Su artículo 27 establece que deben hacerlo “aquellos operadores que obtengan por la explotación de las redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones de euros”.
El principal operador recuerda que, con la aplicación de este nuevo sistema en lugar del anterior, además de Telefónica, Vodafone y Orange, otras seis operadoras habrían cumplido el requisito de superar los 100 millones de ingresos de explotación en 2011, el ejercicio al que se circunscribe el recurso. “Ello supone una merma de recursos que repercute directamente en los servicios prestados, en su innovación tecnológica o en la introducción de nuevos servicios”, mantiene.
Diez operadores más en 2014
En efecto, en 2017, el primer año en que la CNMC aplicó el sistema establecido por la nueva ley -para el ejercicio de 2014-, además de Telefónica, Telefónica Móviles, Vodafone y Orange, también tuvieron que contribuir al servicio universal otras diez compañías. Se trata de Ono, Jazztel, Yoigo, BT España, Euskaltel, Retevisión, Colt Telecom España, R Cable, Telecable y Lycamobile.
Esta última resolución del regulador estableció que el coste total de garantizar el servicio a todos los españoles, es decir, la cantidad que las compañías tenían que aportar al fondo para el ejercicio de 2014, era de 18,7 millones de euros. Ese coste se ha reducido drásticamente desde 2008, cuando alcanzó la cifra récord de 74,9 millones de euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios