Casi tres años después, Telefónica gana la batalla contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por las 'averías falsas' y la sanción por no atender los requerimientos de los operadores que utilizaban su red. La Audiencia Nacional la rebajó de 5 millones a 50.000 euros. Una decisión que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en un nuevo auto.
Enero de 2017. El regulador imponía una multa millonaria a la operadora española. La consideraba responsable de una infracción muy grave de sus obligaciones contempladas en la regulación del mercado del alquiler de líneas (conocida como OBA en el argot). La razón: el organismo presidido por José María Marín Quemada confirmaba que la operadora española no se responsabilizó de una "gran proporción" de las averías en las líneas de banda ancha de los clientes de otros operadores que utilizaban sus redes, considerando los trabajos que le solicitaban como una 'falsa avería' y, en consecuencia, les aplicó penalizaciones mayoristas. Hay que recordar que la teleco es considerada como un competidor con poder significativo dentro de este mercado.
En total, le exigía 5 millones de euros. La operadora no tardó en reaccionar. La filial española mostró su "más enérgico rechazo" a la multa y anunció que recurriría a la Audiencia Nacional. Y así lo hizo. Presentó un recurso que fue resuelto el pasado mes de abril. El tribunal entendía, según queda reflejado en la sentencia, que no podía ser una infracción grave por incumplimiento de una resolución de la CNMC -que se basó en un muestreo de las diferentes incidencias y no de la totalidad- sino que debe ser calificada como leve por ser un "incumplimiento de las obligaciones en materia de calidad del servicio", pues no se respetaron "algunas" de las obligaciones y no todas.
Recurso ante el Supremo
La consecuencia: de los 5 millones que le exigía en un principio, se quedaba en 50.000 euros, apenas un 1% del total. Para llegar a su conclusión, la Audiencia se agarró en su argumentación a un hecho relevante: en origen se planteó un conflicto por Vodafone y Orange por este motivo -que fue el precedente del expediente de la CNMC-, que se llegó a archivar al llegar las operadoras a un acuerdo con Telefónica consistente en la revisión del procedimiento de averías, con el fin de mejorarlo. Considerando el resultado de ese enfrentamiento y el "discutible" resultado del muestreo en que se basa la sanción, entendía que "no resulta acreditada la conducta infractora como incumplimiento de una resolución de la CNMC", según reza la sentencia.
La Abogacía del Estado movió ficha de manera inmediata y presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo este verano. Trató de que el Alto Tribunal enmendara a la Audiencia Nacional, al entender que no hace falta que se incumplan todas las previsiones de la regulación para considerar el tipo de infracción que ellos mismo señalaban. "Se acaba eligiendo un tipo cuya sanción no corresponde a la CNMC sino al Ministerio con arreglo a la distribución de competencias", argumentaba en su escrito.
El Tribunal Supremo no entra en el fondo y despacha el caso en un auto de cuatro páginas, consultado por La Información, en el que insiste en que no hay interés casacional -hay ya jurisprudencia previa sobre asuntos de similares características- para justificar una sentencia, por lo que desestima el recurso presentado por la CNMC. Así, confirma la sanción de 50.000 euros.
Otras sanciones destacadas a la teleco
Esta no es la única batalla de Telefónica con la CNMC que ha acabado en los tribunales. La más destacada -por su cuantía- de los últimos años es la sanción de 46,4 millones de euros por abuso de posición de dominio al cobrar de más a sus competidoras sin red por el envío de SMS y MMS. En este caso se encontraban también Vodafone y Orange. Entre las tres sumaban una multa récord de 120 millones. El Tribunal Supremo la tumbó después de confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional.
La de los SMS es la más llamativa pero no la única. En 2015, el regulador exigió 15,5 millones a Telefónica y DTS (antigua Canal+) pues la segunda privilegió a la primera en la comercialización de los derechos de fútbol. La operadora presentó recurso, que fue rechazado a mediados de 2017. Las más recientes: 6 millones de euros por empeorar tiempos y condiciones de resolución de averías de los servicios mayoristas de fibra o los 1,5 millones que le exigió el pasado mes de octubre por cobrar de más a sus competidores en la reventa de los derechos de su canal El Partidazo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios