Fue un 'rapapolvo' en toda regla. La Audiencia Nacional no sólo anulaba la sanción de 3 millones de euros impuesta en 2019 a Telefónica por el cierre e viejas centrales. Le recriminaba que no había probado el incumplimiento por parte del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete de la regulación de la oferta mayorista. Ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado no acudir ante el Tribunal Supremo para pelear este caso. En cambio sí que ha planteado batalla contra una decisión similar con una multa de 8,5 millones de euros por una oferta supuestamente a derribo en un contrato público de País Vasco.
El caso se remonta al año 2018. La CNMC abrió un expediente formal para tratar de averiguar lo que había sucedido en la declaración como inviables de casi un centenar de centrales cabecera de cobre de Telefónica en España, lo que suponía más de dos tercios de todas las que tiene repartidas por el país. Consideraba que había modificado unilateralmente el estado de esas instalaciones al realizar una recuperación de espacios en su interior para su uso propio sin informarle a ellos ni al resto de competidores, algo a lo que está obligado por su calificación como operador dominante y ex-monopolio. ¿Consecuencia? Sanción por infracción muy grave de 3 millones de euros.
Como suele suceder en estos casos, Telefónica acudió a los tribunales y presentó un recurso en la Audiencia Nacional. Tal y como avanzó La Información, la Sala de lo Contencioso fue muy clara para tumbar la decisión del regulador. "La CNMC no ha acreditado -y a ella le incumbe la carga de la prueba- la existencia de un espacio libre ocupado ilegítimamente por Telefónica al margen del cumplimiento de sus obligaciones", concluía en lo que suponía todo un 'tirón de orejas'. Insistía en que hace una "interpretación extensiva" de las obligaciones que impone la regulación.
Ante esta dura respuesta de la Audiencia, la CNMC ha optado por no mover ficha y 'tragarse' esos 3 millones de euros de sanción. La Sala de Regulación, presidida por Ángel Torres y con los consejeros Mariano Bacigalupo, Bernardo Lorenzo, Xabier Ormaetxea y Pilar Sánchez, decidió en una de sus reuniones del pasado mes de septiembre septiembre no recurrir ante el Tribunal Supremo, por lo que la sanción ejecutada mediante la resolución fechada en el mes de abril de 2019 queda anulada formalmente y ya es firme. Hay que tener en cuenta que esta resolución procede del equipo directivo anterior, dirigido por José Antonio Marín Quemada.
Esta decisión es llamativa porque lo habitual es que el organismo presidido por Cani Fernández agote todas las vías para tratar de defender su posición y mantener las sanciones a las compañías. Es lo que ha hecho con otra sanción millonaria contra Telefónica de 8,5 millones de euros impuesta en el año 2017 -una de las más altas de los últimos años al antiguo monopolio- después de concluir que la oferta económica presentada por el operador para un contrato público del País Vasco no era replicable por un operador "eficiente y generalista" con red propia desplegada como Euskaltel. En esta ocasión sí que ha acudido al Tribunal Supremo y su recurso ha sido admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso, que analizará la decisión sobre ese test de replicabilidad que se llevó a cabo.
Otros pleitos
Esta judicialización de las sanciones de la CNMC es algo habitual. En los últimos tiempos el regulador ha recibido diversos golpes de parte de los tribunales. En su propia memoria anual de 2020 admite que la Audiencia Nacional trató 91 recursos correspondientes a 18 resoluciones sancionadoras. En 38 sentencias estimó las pretensiones de los recurrentes. Y en 26 de ellas se admitía la existencia de la infracción declarada y el análisis realizado por la Comisión, pero anulaba la cuantía de la multa y ordenaba su recálculo a la baja.
Esa sanción de 8,5 millones es uno de los frentes destacados que tiene Telefónica abiertos con la CNMC. El de los 3 millones que ahora frena la CNMC ya está cerrado. Y quedaría otra multa de 10 millones de euros impuesta en julio de 2015 a Telefónica y de 5 millones a DTS (antigua Digital Plus ya bajo el paraguas de la operadora). El organismo entendía que la segunda había privilegiado a la teleco sobre el resto de operadores para la adquisición de Canal+ Liga y Canal+ Champions en la subasta de derechos de retransmisión. Tal y como queda reflejado en la memoria anual de la cabecera Telefónica de España, en enero de 2018 se presentó demanda. Y en julio de 2018 quedó pendiente de señalar votación y fallo de la Audiencia Nacional. Aún no se ha notificado formalmente ninguna novedad.
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