Telefónica pactará ampliar el convenio mientras sobrevuela otro plan de bajas

Primero se ha completado la reorganización de la cúpula española. Y ahora, Emilio Gayo y su equipo al frente de Telefónica deben abordar las conversaciones con los sindicatos para pactar una prórroga un año extra (hasta 2022) del convenio colectivo que rige las condiciones de los más de 20.000 empleados que trabajan en el país. Ya se han producido algunos contactos informales y se espera iniciar el calendario de reuniones en las próximas semanas. En esta ocasión, vuelve a sobrevolar la posibilidad de un nuevo plan voluntario de prejubilaciones para toda la plantilla, similar al que se aprobó en el ejercicio 2019 y que desembocó en la salida de más de 2.600 empleados mayores de 53 años.

En el año 2019, antes de que estallara la pandemia del coronavirus que sacudió la economía, la dirección de la operadora en este país y los sindicatos ejecutaron una negociación histórica por los plazos tan cortos para llegar a un acuerdo. En algo más de tres meses se pactó el convenio al que se incorporó ‘in extremis’ un nuevo Plan de Suspensión Individual (PSI), una de las medidas estrella presentadas por el consejo de administración tras un verano especialmente tenso en bolsa. Esas nuevas ‘reglas’ laborales para las tres filiales principales con las que opera en el país -Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- contemplaban una subida salarial media del 1,5%. Y tenía una vigencia de tres años hasta 2021 incluido, pero con la posibilidad de prorrogarlo un año más hasta 31 de diciembre de 2022.

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Esa prórroga del convenio suele negociarse en el primer semestre del año para dar seguridad jurídica sobre las relaciones laborales del ejercicio siguiente. Por ahora no ha habido conversaciones formales, pero sí que las ha habido informales y está en la agenda tanto de la dirección de la compañía, como en la de los sindicatos, según han confirmado fuentes conocedoras a La Información. Y el objetivo es finiquitarlo en los próximos meses. Lo previsible es que se pacte sin excesivos problemas, manteniendo el grueso de las condiciones que se pactaron y que, por ejemplo, ha permitido que los empleados hayan recibido este 2021 un incremento del 1,5% de su nómina -que se complementará con el abono de 300 euros en octubre para los años 2020 y 2021-.

Pero mientras se sustancian esas negociaciones, sobrevuela en la compañía la posibilidad de un nuevo Plan de Suspensión Individual (PSI), el plan de bajas incentivadas que se ha ejecutado en dos ocasiones en el pasado y que sustituyó a los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Se trata del paquete de prejubilaciones y bajas incentivadas a los mayores de 53 años que, en el caso del último plan pactado en 2019, recibían el 68% del salario bruto hasta la jubilación además de otros beneficios sociales al no producirse una desvinculación pura. No hay ninguna decisión tomada por parte de la compañía, pero la realidad es que existe, como en 2019, un interés muy vivo especialmente entre los empleados de más edad.

Entre los sindicatos están expectantes ante los próximos movimientos de la compañía. Tanto en 2019 como en 2015, en la negociación de los dos convenios colectivos, sucedió algo similar: la propuesta de ese plan de bajas se puso sobre la mesa en mitad de las conversaciones, algo que trastocó los planes y que no fue cómodo ni para los sindicatos ni tampoco para la dirección de la compañía. En el de 2019 la directiva llegó a advertir en repetidas ocasiones durante los primeros contactos que se encontraban confortables con la plantilla con la que contaban en esas fechas. Los acontecimientos, tras un verano muy complejo en los mercados bursátiles y con mucha presión de los inversores a la espera de medidas contundentes, acabaron acelerando los planes.

Ese PSI de hace casi dos años fue presentado como una medida dentro de un plan para hacer una compañía “más digital y preparada para desafíos futuros”. Entre las ventajas: ahorros en gastos directos de en torno a 220 millones de euros a partir precisamente de este año 2021 y un impacto positivo prácticamente desde el principio en la generación de caja. Había una desventaja: la provisión hay que hacerla en el arranque, por lo que el impacto en el beneficio neto consolidado es significativo. Sólo hay que ver los números del último trimestre de aquel ejercicio: caída del 65% en las ganancias debido a los 1.600 millones de ‘reserva’ para esa reestructuración. En 2020, a falta de los números del último trimestre, el impacto del coronavirus ha pasado factura a la actividad en España: una caída del 3,7% en los ingresos y del 5,2% del beneficio operativo (Oibda) si no se cuenta el impacto extraordinario de la provisión para el PSI de 2019.

El primer PSI sumó más de 6.300 salidas totales y casi 3.800 millones de euros de desembolso por parte de la operadora hasta 2018. El último alcanzó las 2.600 y 1.600 millones de pagos. La plantilla actual de la operadora en España se ha ido reduciendo progresivamente gracias a todos estos recortes. A finales del año 2019 se situó ligeramente por debajo de las 23.000 personas. A junio de 2020, según los datos que se comunican a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Movistar contaba con algo más de 18.000.

En este tiempo ya se han ido completando algunos planes de bajas pero referidos al equipo directivo de lo que se denomina el ‘corporativo’. Esta era una de las cinco medidas que planteó Álvarez-Pallete en noviembre de 2019 en aquel plan de la ‘Nueva Telefónica’: eliminar duplicidades con las estructuras de los países y apostar por la simplificación. El último plan acaba de ser lanzado estos últimos días y está dirigido a empleados de lo que se denomina áreas de soluciones globales y de servicios mayoristas de redes. El número potencial apenas podría ascender a un centenar, por lo que su impacto es limitado si se compara con el de los PSI para la plantilla de las tres grandes filiales del convenio colectivo global de Telefónica España.

En el último año y medio, desde la firma del convenio, la cúpula de la teleco ha estado mucho más concentrada en la venta de diferentes activos, y no tanto en recortes de gastos laborales, para la reducción de la deuda. Desde ese plan de acción se ha aprobado la venta de la filial de Costa Rica y de las torres de Telxius a American Tower, y la fusión de O2 con Virgin. Se está negociando también la ‘colocación’ de otras divisiones en Latinoamérica, con Liberty Latin America como favorito, y se está preparando para encontrar un socio en Telefónica Tech.