El 5G tendrá que esperar. La pandemia del coronavirus ha dejado en suspenso todos los planes en torno a estas redes de última generación. Y eso ha llevado a un retraso en la subasta del espectro radioeléctrico, paso previo imprescindible antes del despliegue de la infraestructura. Telefónica se ha visto beneficiada en un año especialmente complicado por la crisis global. A España se suma Brasil, que también ha pospuesto hasta el primer trimestre del próximo año el proceso de entrega de las frecuencias, mientras Reino Unido sigue enfrascado en la consulta pública previa. En este último caso podría haber más aplazamientos ante la amenaza de la propia teleco española de reclamar judicialmente ante la configuración de los bloques de espectro planteado por el regulador de aquel país.
Estas redes ultarrápidas permitirán disparar la velocidad y capacidad de la infraestructura móvil, lo que allanará el camino para el impulso del coche conectado (y autónomo); el llamado internet de las cosas, o la automatización en la industria. Pero para tenerlas, el paso clave es la subasta pública en cada uno de los países de los bloques de espectro radioeléctrico que servirá como 'carretera'. Sin este activo no tiene sentido desplegar las redes, con la construcción de las torres o de las estaciones base. Los gobiernos son los gestores de ese activo público y como tales reciben el dinero de las operadoras de telecomunicaciones por el derecho a explotarlo. Lo hacen a través de subastas que, al igual que el resto del sector, han sido afectadas por el coronavirus.
Telefónica es uno de los grandes actores del sector a nivel global. Y la compra de esos derechos sobre el espectro es una de sus inversores clave. Pero como otros competidores en España, no tienen mucho interés en disponer ya de las frecuencias pues no tienen en sus planes un despliegue inmediato. De esta forma, se ahorran el primer desembolso de esa subasta en un año 2020 que va a estar marcado por las dificultades causadas por el coronavirus, con un incremento de los impagos y con una fuerte guerra de precios. Es por eso que después de un primer retraso por el confinamiento y el estado de alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dejar el proceso para el primer trimestre del año, después de que en octubre se libere la banda de espectro de 700 MhZ, que hoy está ocupada por los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Se estima que en el caso español la factura para todas las operadoras supere la barrera de los 1.000 millones de euros, entre el pago inicial y las anualidades.
Brasil es el segundo mercado para Telefónica por ingresos. Se trata de una de las cuatro plazas señaladas dentro del plan de Álvarez-Pallete como prioritarias. Y su gobierno ha decidido posponer también la subasta de espectro prevista para este año hasta el primer trimestre del próximo ejercicio. Así lo confirmó hace unos días el presidente del regulador del sector Anatel, Leonardo Euler, en un evento público. En este caso no sólo hay una razón técnica, pues hay un cierto debate sobre el reparto de los costes asociados a las diferentes migraciones de redes, también otra corporativa. El operador Oi está en pleno proceso de venta de toda su división móvil, para la que la propia Telefónica está pujando junto a Telecom Italia. Mientras no se dilucide el resultado de este proceso será difícil retomar la puja.
El otro gran mercado que tiene pendiente una subasta es el Reino Unido. Se esperaba que la venta se produjera en la segunda mitad de este año 2020. Sin embargo, el procedimiento podría sufrir algún retraso. Y la razón hay que encontrarla precisamente en la operadora española. O2, su filial en el país, ha hecho un primer requerimiento al regulador, Ofcom, para plantear inquietudes que no se resolvieron en las consultas públicas anteriores. La compañía quiere que se vendan los bloques de espectro agrupados y no fragmentados, lo que facilita los despliegues. Esta amenaza con judicializar el proceso puede ralentizar los plazos. Se está a la espera del pronunciamiento del organismo sobre la petición de la española.
Estos son los tres frentes abiertos. Alemania ya formalizó su subasta el pasado año, que supuso un compromiso de inversión para Telefónica de 1.425 millones de euros, entre quejas de los diferentes contendientes por el fuerte encarecimiento de los activos. ¿Y en Latinoamérica? Según explican fuentes del mercado, durante el primer trimestre de este año 2020 se llevó a cabo una consulta pública en Chile sobre una primera propuesta de licitación, pero aún no hay plazos establecidos.
Lo que tiene que pagar
Este retraso en la subasta implica que se pospongan también algunos costes. Telefónica tenía, a cierre de 2019, 1.362 millones de euros a pagar por espectro. De esa cantidad, 1.272 millones corresponden a la subasta de Alemania, pues en 2019 se afrontó un primer pago de 87 millones de euros. El resto deberá abonarse antes del año 2030, según queda reflejado en las cuentas anuales. A esta cantidad había que sumar lo que quedaba de pagos por el espectro en Mexico adquirido en 2010 (37 millones de euros) y en España en 2018 (90 millones de euros).
Al margen de lo económico, el 5G tiene aún pendiente también el desarrollo de estándares para las redes definitivas. Hoy están en marcha los del llamado 'non-standalone', que se basa en una red de 5G pero con un núcleo de 4G. El que está sin lanzar es el 'standalone' donde todas las partes de la red son de quinta generación. Tal y como hizo público en marzo la asociación de la industria del móvil 3GPP, encargada de estas implementaciones, habrá un retraso en este lanzamiento. Tanto Telefónica como Orange han optado por esperar a esos estándares en España, mientras Vodafone sí que ha hecho los primeros despliegues sobre los que ya están disponibles.
El año 2020 va a ser realmente complicado para las telecos. En lo que queda de ejercicio habrá un impacto significativo por el coronavirus y así lo prevén todos los analistas. El 5G no va a ser un quebradero de cabeza en lo económico. Queda por ver cómo estarán las cuentas tras esta tormenta para afrontar no sólo la compra del espectro sino los costosos despliegues. Sólo para España habrá que desembolsar en los próximos años más de 5.000 millones de euros.
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