Controversia por el futuro de la minería del uranio

Ténicos del CSN piden por carta a Ribera que anule la licencia minera de Berkeley

El ministerio tiene que resolver la solicitud de renovación de la autorización previa que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a la multinacional en el año 2015.

Berkeley Energía se prepara para sacar uranio en Salamanca
Berkeley Energía se prepara para sacar uranio en Salamanca
Berkeley

La asociación profesional de técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha enviado una carta al Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera en la que solicita la anulación de las licencias concedidas a la multinacional australiana Berkeley para poner en marcha la mina y la planta de procesado de mineral de uranio en Retortillo (Salamanca). El ministerio tiene que resolver la solicitud de renovación de la autorización previa que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a la multinacional en el año 2015. 

La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear (ASTECSN) se opone a la renovación. "Autorizar la planta sin tener debidamente analizados todos los parámetros que van a afectar a la gestión responsable de los residuos a largo plazo" asegura la misiva "sería inadecuado, por no decir irresponsable". Los técnicos del CSN exponen su opinión cuando están en el aire los planes de Berkeley para construir en la mina una planta para la fabricación de concentrados de uranio y un depósito para almacenar los residuos generados en la explotación.

El debate está en pleno auge. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó favorablemente en julio sobre la renovación de permisos y dejó la pelota en el tejado del ministerio. Todo mientras se tramita en el Congreso la nueva Ley de Cambio Climático con una enmienda pactada entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para prohibir la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos en España.

Coste del cierre

En plena polémica, la presidenta de ASTECSN, Nieves Sánchez Guitián, explica que la intención de la carta enviada Ribera es trasladar "desde la ética pública, observaciones que puedan servir para un debate público profundo" sobre la minería del uranio y sus consecuencias. Una de las observaciones que recoge la carta tiene que ver con las estimaciones de la propia Berkeley sobre los costes económicos del desmantelamiento y clausura de la mina.

Según consta en la documentación aportada por la multinacional en diciembre de 2015 "los costos de los programas de vigilancia post-clausura (de la mina) se estiman en 2 millones de euros". También se indica que "el costo de desmantelamiento y descontaminación de la fábrica de concentrados se ha estimado en 2 millones de euros". Coste total, cuatro millones. Los técnicos nucleares cuestionan la previsión. 

Apoyados en la experiencia acumulada por la empresa pública del uranio Enusa en minas cerradas en Andújar (Jaén) o Badajoz (planta Lobo-G), los expertos sostienen que los planes de Berkeley pueden significar "una falta de garantías en el largo plazo, a sabiendas de que el Estado deberá ser el que finalmente haga frente a los costes que sean requeridos para que dicha vigilancia se mantenga durante todo el tiempo que sea necesario". "Las cantidades mencionadas en los documento presentados por Berkeley" prosigue la carta "nos parecen insuficientes para hacer frente a la responsabilidad de dicha empresa derivada de la generación de materiales radiactivos residuales".

Medidas de protección

El documento también duda de la efectividad de las medidas de protección contempladas en el proyecto minero y, en concreto, de las encaminadas a evitar la contaminación de las aguas subterráneas y su traslado a otras áreas. Para evitar problemas, piden al regulador que exija a Berkeley ensayos para asegurar que las barreras diseñadas para evitar la contaminación tienen "resistencia para acometer su función durante al menos 200 o 300 años". En todo caso, y si se autorizan las instalaciones solicitadas, concluye ASTECSN, ello requerirá "de la vigilancia institucional de los residuos mucho más allá, en el tiempo, de lo que parece ha previsto el solicitante de la autorización (Berkeley)".

Queda por ver la reacción de la multinacional australiana. Su plan para extraer mineral tiene más de diez años y su efecto más concreto han sido los rallies periódicos que protagoniza en la Bolsa cada vez que se mueve un papel en los despachos. Pese al recelo del Gobierno y a la oposición de la mayoría de los partidos políticos con representación el Congreso, Berkeley ha conseguido armar un cepo legal que ha impedido, al menos hasta hoy, que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, el mismo que ha conseguido un pacto para cerrar todas las nucleares en 2035, de todos los pasos necesarios para clausurar el proyecto.

Mostrar comentarios