Sigue la incertidumbre sobre el futuro de Abengoa. Al análisis del rescate de los asesores de la SEPI, se unen las negociaciones de la firma de ingeniería con la banca, quienes pugnan por los avales millonarios como garantías en los próximos proyectos que emprenda la compañía. Es una condición que Terramar fijó en su oferta vinculante y que, según apuntan las fuentes consultadas, está lejos de poder cumplirse. El pool de acreedores, formado por Caixabank, Credit Agricole y el Santander, garantiza ahora mismo cerca de 100 millones de euros, un umbral que no llega a los 300 exigidos por el fondo estadounidense.
Esa diferencia abre la puerta a que el fondo estadounidense Terramar pueda dar marcha atrás en su rescate -quiere comprar el 70% de la compañía- y no formalizar su oferta de 200 millones (140 en préstamos que recuperaría y 60 dirigidos a un inmediato pago a proveedores). El inversor extranjero tiene firmado entre sus condiciones suspensivas este compromiso de la banca, por lo que bastaría con que no se cumpliese y dar por cerrado el acuerdo. Y, aun así, el inversor saldría de la operación con aproximadamente 450.000 euros al no darse las garantías comprometidas.
Los avales siguen siendo un aspecto clave para desbloquear el entuerto. Caixabank, Credit Agricole y el Santander -a los que se suman otros bancos con menor exposición- deben cubrir un mínimo de los proyectos comprometidos por Abengoa en su nueva hoja de ruta. El grupo de acreedores está dispuesto a liberar 100 millones, pero no los 300 que solicitó Terramar para seguir adelante con su propuesta. Una de las entidades reticentes está siendo Caixabank, que ha sumado ahora la exposición que Bankia también tenía con el grupo andaluz, inciden las voces consultadas.
La figura de Terramar ha despertado recelos desde su comunicación. Uno de sus principales detractores ha sido Clemente Fernández, presidente de Abengoa y máximo representante de la asociación del bloque de accionistas Abengoashares, quien nunca ha escondido su desagrado por esta oferta, pese a que es la única propuesta firme que ha recibido la compañía andaluza. Tras analizar algunas de sus antiguas operaciones en Estados Unidos, el ejecutivo considera que el fondo con base en California tiene como único propósito rentabilizar la inversión en el mínimo tiempo posible, por lo que podría proceder a vender activos clave de la compañía y desguazarla una vez tomado el control.
El fondo estadounidense recientemente dio una prórroga a su compromiso por Abengoa y ofreció una fecha máxima en el tiempo para que el consejo aceptara o no su oferta, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este deadline es el 24 de febrero, aunque las fuentes del proceso dan por hecho que se seguirá extendiendo sistemáticamente siempre y cuando no mueva ficha el Gobierno, que, a través de la SEPI, tiene en su mano la supervivencia del grupo, ya que sin rescate Terramar no pondría su parte.
Nueva fórmula
Pese a que el rescate se solicitó en marzo del pasado año, la situación se ha dinamitado esta semana, después de que PKF Attest, uno de los asesores de la SEPI en el rescate de Abengoa, determinara que la matriz de la compañía no cumple los requisitos de elegibilidad para la ayuda del Fondo de Solvencia (Fasee). Otras fuentes del proceso matizan a La Información que las conclusiones de la consultora no se habrían enviado a la SEPI de manera formal. De finalmente confirmarse esta decisión, los administradores de Abengoa están obligados a reformular la solicitud, dirigiéndola en varias peticiones de ayuda desde las filiales del grupo que sí están sanas y podrían acogerse al balón de oxígeno de la administración.
Pero no es tan sencillo. Dejando de lado que este vaivén puede retrasar más el proceso y modificarlo -en un inicio la solicitud era de 249 millones de euros-, en Abengoa temen que esta nueva petición tampoco reciba luz verde por parte del consejo gestor. El motivo es bien sencillo: el principal motivo para acogerse al Fasee es acreditar que la mala situación financiera se debe a la crisis del coronavirus. Y los problemas del grupo de ingeniería, por contra, se arrastran desde mucho antes de la explosión de la pandemia, cuando ya había tenido que hacer frente a varios procesos de reestructuración.
La carta que puede jugar a favor de la compañía es su elevado número de trabajadores, cerca de 3.000 en todo el país (15.000 si se cuentan también los de las filiales en el extranjero). Otra baza a la que agarrarse es que la SEPI ya ha dado luz verde a expedientes similares al de Abengoa, como el caso de la asturiana Duro Felguera, a quien ha prestado 120 millones de euros bajo el estricto cumplimiento de un nuevo plan de viabilidad. Pero no hay que olvidar que no sería la primera vez que la Administración se termina poniendo de perfil ante la salvación del grupo, como ya hizo la Junta de Andalucía en septiembre de 2020.
