La investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción por los contratos adjudicados a FCC en Panamá y que se habrían amañado a cambio de suculentas mordidas, ha puesto de manifiesto que las sociedades pantalla con las que desviaron presuntamente las dádivas se crearon a mediados de 2011, es decir, apenas dos años después del arranque de estas prácticas irregulares que han terminado derivando en la imputación como persona jurídica de la constructora española.
Así se desprende del auto de imputación del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno al frente de la investigación del caso Odebretch. En el mismo, el instructor detalla el presunto circuito del dinero desviado en las adjudicaciones del contrato de diversas líneas de metro en Panamá así como de la Ciudad de la Salud del país sudamericano. Al respecto explica que, gracias a la información aportada desde Suiza con motivo de las comisiones rogatorias solicitadas, se pudo tener acceso a un mensaje clave perteneciente al Departamento de Informaciones Estructuras del conglomerado brasileño en el que se hacía referencia al pago de las comisiones ilícitas.
El desvío de estas cuantías se efectuó a través de dos mercantiles: Sces Steel LLC y Convergence Capital Partner BV. Según ha podido saber este diario, la primera de ellas figura en los registros con sede social en la región estadounidense de Delaware, considerada como paraíso fiscal, y su creación se remonta a mediados de 2011; esto es, poco más de dos años después del inicio de estas presuntas prácticas corruptas que se atribuyen directamente a exdirectivos y personal de Odebrecht, los cuáles ya han declarado en calidad de investigados en el marco de esta causa que investiga la Audiencia Nacional desde el año 2017.
Ocho años de irregularidades
"Las autoridades suizas nos hicieron ver el valor de este mensaje por proceder del Departamento de Odebrecht, que llevaba a cabo la ideación y ejecución de todos los mecanismos societarios y bancarios para el pago de dádivas por los contratos del Metro de Panamá", sostiene la Fiscalía Anticorrupción de acuerdo con el auto del instructor. Aunque la imputación de tres filiales de FCC se produce en este momento procesal, lo cierto es que los hechos que serían constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones internacionales y de blanqueo de capitales se remontan al año 2009 y se habrían estado desarrollando hasta 2015.
El plan ideado por los investigados en el procedimiento consistió en un esquema de corrupción que se repitió tanto en la adjudicación de las obras de metro como en la del centro sanitario. De este modo, en lo que respecta al metropolitano, se acordó la compra de acero al productor internacional Gerdau inflando los contratos públicos. Para ello, FCC prestó 9,1 millones de dólares a Global Quality Steel, empresa a la que se encargó la compra de acero. No obstante, esa cuantía inicial revirtió luego en mayores ganancias teniendo en cuenta que los contratos facturados a las autoridades panameñas se sobredimensionaron obteniendo de ahí la parte relativa al pago de mordidas a empleados públicos de Panamá así como a los exdirectivos imputados.
Aunque la dinámica seguida en la adjudicación de la Ciudad de la Salud no fue del todo idéntica, sí que confluyen las mismas sociedades pantallas empleadas en la dinámica. Las mismas estaban administradas por Javier Ayora, Eduardo Trijueque y Sasa Artic. Todos ellos están también investigados por los delitos arriba descritos y han declarado ya en el marco de estas diligencias. Entre otros asuntos, habrán tenido que responder por el circuito del dinero que se movió desde la concesión de las adjudicaciones hasta su destino final, sin olvidar que se produjo un desvío paralelo de parte de los 82 millones de euros cifrados por el juez que fue a parar a las sociedades de Mauricio Cort, presunto testaferro del expresidente panameño Ricardo Martinelli.
El papel de los bancos suizos
El circuito descrito por la Fiscalía Anticorrupción consistió en el desvío en junio de 2011 de cerca de 1,4 millones de dólares a Sces Steel (que entonces apenas contaba con dos meses de vida). La transacción se hizo a través de sus cuentas suizas en el banco Lugano. De ahí se transfirieron a las cuentas de otras sociedades holandesas también implicadas en la red y que funcionaban, según las investigaciones de la Fiscalía Brasileña y Suiza, como una especie de caja 'b' para la multinacional Odebrecht.
El magistrado Moreno no pasa por alto el papel que ha juzgado en el esclarecimiento de los hechos la Fiscalía de Lugano así como el banco de dicha localidad suiza en tanto se dio cuenta de los "perfiles de riesgo de las operaciones" y advirtió de que los grupos empresariales de los investigados Ayora, Trijueque, Arisc, Cort y Juan Carlos Siekavica, gestionaban un grupo de sociedades y clientes "con indicios de autocontratación entre ellos". Además, añade el Ministerio Público que presentaban un perfil netamente instrumental sin recursos ni trabajadores para ejecutar "el millonario volumen" de facturación que circulaban por sus cuentas bancarias.
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