La Organización de Consumidores (OCU) ha presentado una demanda colectiva contra Apple, en nombre de 400.000 afectados, por obsolescencia programada del iPhone 6, según ha anunciado este jueves en un comunicado. La asociación, que considera que se trata de prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas, cree que Apple ha actuado de manera "fraudulenta" al ocultar información a los usuarios y vulnerar con ello la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
OCU cree que el gigante de la tecnología actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, "sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos". Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se había quedado viejo, porque iba “más lento”, un hecho que les empujó a cambiar de modelo, siempre según esta asociación.
OCU opina que Apple de manera deliberada condicionó a los consumidores para renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico que cifra entre 40 y 80 millones de euros, aproximadamente. En diciembre de 2020, esta organización ya presentó unas diligencias preliminares para solicitar a Apple que identificara a los afectados, a fin de que, en base a la legitimación que tiene para ello, la organización pudiera defenderles en un Juzgado.
Una vez finalizado ese trámite, OCU cree que procede la presentación de la demanda en la que solicita a Apple una compensación, no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales, al considerar que la pérdida de rendimiento hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca.
Por todo ello, solicita una compensación de entre 99 y 189 euros, una cifra que procede de la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.). OCU asumirá el gasto necesario para entablar esta contienda judicial y, en caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso, según ha afirmado.
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