El TJUE avala que asociaciones puedan denunciar a Meta si infringe el RGPD

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado este jueves que el Reglamento General de Protección de Datos no se opone a que asociaciones de consumidores entablen acciones por saltarse la protección de datos personales, en un caso que implica a la empresa tecnológica Facebook. En concreto, el caso se refiere a una supuesto infracción de los derechos de los usuarios de juegos gratuitos suministrados por terceros. En la sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo avala que una normativa nacional permita a una asociación de defensa de los intereses de los consumidores ejercer acciones, sin mandato conferido a tal fin, invocando el incumplimiento de la prohibición de prácticas comerciales desleales o de una ley en materia de protección de los consumidores. 

El TJUE da el visto bueno a esta acción, "toda vez que el tratamiento de los datos" pueda afectar a los derechos de "personas físicas identificadas o identificables". Justifica el fallo en que una asociación de consumidores está comprendida en el concepto de 'entidad con legitimación activa' en el marco del reglamento de protección de datos, en la medida en que persigue un objetivo de interés público. 

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El tribunal europeo presupone que las acciones de una asociación se emprenden porque han sido vulnerados sus derechos por el tratamiento de sus datos personales, "sin que sea necesario identificar, previamente y de forma individual, a la persona concretamente afectada por dicho tratamiento o alegar una vulneración concreta de los derechos que confieren las normas en materia de protección de datos". En este sentido, el TJUE señala que esta interpretación casa con el objetivo que persigue el reglamento de protección de datos, que busca asegurar un nivel elevado de protección de los datos personales.

Coto a las grandes plataformas

El fallo se produce después de que la Unión Europa cerrara este sábado un acuerdo sobre su nueva Ley de Servicios Digitales, que obligará a las plataformas en línea a moderar sus contenidos y retirar los ilegales o hacer sus algoritmos más transparentes, con el riesgo de multas millonarias si incumplen la norma. La medida sobre esta inmensa pieza legislativa, que complementa a la ya aprobada sobre los mercados digitales, llega casi año y medio después de que Bruselas presentara su primera propuesta en diciembre de 2020 y trae nuevas obligaciones para plataformas de servicios en internet usadas por cientos de millones de personas en la UE.

Son miles de empresas que a partir de ahora deberán contar con un representante europeo si operan en territorio comunitario y quedarán bajo el paraguas de este nuevo paquete legislativo, que busca ser un nuevo estándar global contra la proliferación de contenidos ilegales, desinformación y la opacidad de los algoritmos que regulan el contenido de las redes sociales. Los auténticos gigantes tecnológicos, unas treinta empresas usadas por más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, estarán bajo supervisión directa de la Comisión Europea y tendrán que abonar una tasa anual del 0,05% de sus ingresos globales para financiar esta vigilancia, para la cual Bruselas contratará nuevos expertos en el sector.

Estos gigantes tecnológicos tendrán que analizar anualmente sus riesgos sistémicos y actuar para reducirlos, en especial los contenidos ilegales con efectos adversos sobre los derechos fundamentales, procesos democráticos, la seguridad pública, la violencia de género y los menores, y con consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios. Las principales herramientas para disuadir a los gigantes digitales de su cumplimiento serán las multas, de hasta el 6% de la cifra de negocios global de la empresa infractora. La nueva norma también prevé, en el caso de repetidas violaciones graves de los requisitos, una prohibición de operar en territorio europeo.

Las empresas digitales estarán obligadas a moderar los contenidos que se publican en ellas con "recursos adecuados" y a eliminar aquellos ilegales, algo que hasta ahora dependía de un código de buenas prácticas no vinculante y al que las empresas se sumaban de manera voluntaria. Según el acuerdo, los usuarios dispondrán de un procedimiento más claro para informar de contenido ilegal en línea y las plataformas tendrán que actuar con rapidez para retirarlo, además de informar al denunciante de las acciones que ha llevado a cabo. También se incluyen nuevas garantías para que estos avisos se procesen de manera no arbitraria y no discriminatoria, así como para que los consumidores puedan comprar productos o servicios en línea bajo controles más estrictos sobre la identidad de los comerciantes.