Sentencia clave

El TJUE deja en vía muerta el pago de los arbitrajes renovables que perdió España

Bruselas ha puesto pie en pared contra la ejecución de las indemnizaciones de los fondos de inversión por el recorte de 2013 a las primas para las instalaciones de energías limpias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
Europa Press

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto pie en pared con una sentencia clave que complica el camino a los fondos de inversión para hacer caja con sus demandas contra el Reino de España por el recorte a las primas a las renovables. El fallo de Luxemburgo, supone dejar en vía muerta la ejecución de los pagos que tendría que afrontar el Gobierno de nuestro país por buena parte de los litigios perdidos contra las firmas de inversión con sede en la UE, que llegaron a exigir cerca de 10.000 millones de euros en indemnizaciones por el golpe a las subvenciones 'verdes' que aprobó  el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

Buena parte de los demandantes (fondos y grupos internacionales) lanzaron su ofensiva jurídica teniendo su sede en Holanda y Luxemburgo, muchos lo hicieron mediante tribunales de arbitraje, como el Centro Internacional de Arreglo por Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) o la Cámara de Comercio de Estocolmo. Precisamente esto es lo que ahora da margen al Gobierno para sortear algunos de los pagos a los que obligaban fallos desfavorables para el Reino de España. El Gobierno aún no ha abonado nada en esta batalla legal. De hecho, hace ya varios meses que el Ejecutivo descartó el peor de los escenarios, el de abonar el monto total al que ascendían originalmente las reclamaciones. Esta última sentencia refuerza el optimismo de Moncloa.

'Sentencia Komstroy'
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Para entender el impacto del reciente fallo del TJUE en la oleada de litigios hay que atender al punto 60 de la 'sentencia Komstroy'. "La cuestión es que en controversias entre Estado miembro e inversor de estado miembro, el hecho de la existencia de tratados internacionales de arbitraje no supone, en modo alguno, que se deje de aplicar el derecho comunitario", reza el texto. Este apunte refuerza la posición de España para lograr que la ejecución del conjunto de arbitrajes perdidos contra inversores comunitarios quede, por ahora, paralizada.

El alcance de la 'sentencia Komstroy' es tal que su impacto se ha convertido en un tema de debate prioritario para los grandes bufetes y los principales 'think tanks' de toda Europa, según varias fuentes jurídicas consultadas por La Información. Los demandantes invocaron el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional sobre los derechos de los inversores que se remonta a la década de los noventa, que defiende el criterio de seguridad jurídica para inversiones internacionales en materia de energía y es de aplicación en más de medio centenar de países. El reciente fallo refuerza una sentencia anterior, la del 'caso Achmea', con la que el TJUE ya puso los peldaños a Bruselas en su cruzada contra la aplicación del TCE en arbitrajes fuera de la órbita de la maquinaria jurídica comunitaria que afecten a los Estados miembro.

"La reciente sentencia, aplicando de nuevo la doctrina del caso Achmea, determina que los inversores con sede en un país de la Unión no puedan recurrir a la cláusula de arbitraje del TCE en sus procesos contra un Estado miembro dado que, al quedar los tribunales arbitrales fuera del sistema jurisdiccional de la Unión, la maquinaria jurídica de la UE podría no tener capacidad para comprobar, con todas las garantías, que sus eventuales resoluciones aseguren la plena eficacia del Derecho comunitario", explica Iñigo Rodríguez-Sastre, socio codirector de Andersen y responsable del área de arbitraje de la firma, en conversaciones con La Información.

La Abogacía del Estado se ha anotado importantes tantos en su pugna por las renovables como la victoria contra Blackrock, cuya sentencia respaldó la reforma energética del Partido Popular

Al margen de los últimos fallos del TJUE, la Abogacía del Estado se ha anotado importantes tantos en una batalla cuya chispa prendió hace casi una década. Aunque los primeros laudos dieron la razón a los demandantes, muchos de las sentencias más recientes se han inclinado a favor del Reino de España. En marzo de este año, España se anotó una victoria total sobre el gigante estadounidense Blackrock, después de que la Cámara de Comercio de Estocolmo resolviese por unanimidad que el Gobierno del PP actuó de manera "razonable" al recortar las primas a las instalaciones renovables, rechazando ningún tipo de indemnización. Los servicios jurídicos del Estado también ganaron la partida, con victorias parciales, al japonés Eurus Energy,  la empresa pública de electricidad de Múnich o el fondo Baywa.

Los dos fallos se suman a las pesquisas de a Comisión Europea que este mismo año abrió una investigación para determinar si las indemnizaciones a los inversores ordenadas por los tribunales arbitrales, en el contexto de los litigios contra el Reino de España por el recorte a las renovables, podrían ser consideradas como una ayuda de Estado ilegal. Todo ello anticipa que la batalla entre los fondos y el Gobierno podría cambiar de campo, en concreto, si las dos sentencias del TJUE dejan vacía de contenido la ejecución de las compensaciones, a los demandantes aún les queda la vía de llevar su caso "ante los tribunales ordinarios o administrativos de la Parte Contratante implicada en la controversia", según recoge el propio TCE. La pugna podría decidirse en territorio nacional.

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