El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha apoyado el régimen fiscal italiano que fuerza a algunas plataformas dedicadas al alquiler de corta duración, como Airbnb, a colaborar con la administración tributaria mediante una serie de informes sobre los contratos de arrendamiento. El objetivo es que estas empresas actúen como intermediarias en la recaudación del impuesto que implica el 21% de los ingresos que forman parte de esos alquileres.
Según el tribunal europeo, este sistema italiano se adecua a la normativa comunitaria en materia libre de prestación de servicios dentro de la UE. Aunque también considera que la obligación de designar un representante fiscal para estos alojamientos, cuando el propietario no tenga residencia permanente dentro de Italia, puede ser algo desproporcionado y desmedido.
Problemas jurídicos desde 2017
La resolución de este caso responde al recurso interpuesto por Airbnb contra una ley italiana de 2017 en la que se creaba un nuevo régimen fiscal para los arrendamientos inmobiliarios con corta duración al margen de la actividad empresarial. Esto afecta tanto a los acuerdos directamente cerrados con estos arrendatarios como a aquellos celebrados a través de ciertos mediadores como la plataforma online.
En cumplimiento de esta norma, los ingresos derivados de estos contratos de arrendamiento son sometidos a una retención fiscal del 21 % en aquellos casos donde los propietarios optaran por aplicaciones de tipo preferencial. Los datos relativos a los contratos de arrendamiento deben transmitirse a la Administración tributaria.
Cuando las personas que ejercen la actividad de intermediación inmobiliaria cobran las rentas o desempeñan un papel en su percepción, deben practicar dicha retención sobre el importe de las rentas e ingresárselo a la Hacienda Pública.
El alto tribunal europeo concluye que la obligación de recoger y de comunicar a las autoridades fiscales estos datos relativos no es contraria a la norma común de libre prestación de servicios puesto que se impone a todos los terceros que operen en territorio italiano. También excluye que la obligación sobre la retención en la fuente del impuesto obstaculice el ejercicio de la libre prestación de servicios ya que se impone tanto a los intermediadores dentro de Italia como a los que se han establecido en otros Estados miembro.
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