Justo cuando parecía que estaba a punto de recuperar el aire, la situación legal del expresidente de Nissan Carlos Ghosn se complica aún más al anunciar este viernes la fiscalía de Tokio un nuevo cargo en su contra. En este caso, por una supuesta violación de confianza agravada que pudo dañar a Nissan Motor por actuaciones de quien hasta hace poco era su presidente y una circunstancia que perjudica a corto plazo su posible libertad bajo fianza.
Ghosn, de 64 años, francobrasileño, fue detenido en Tokio el 19 de noviembre pasado y acusado inicialmente de supuestamente ocultar a las autoridades millonarios ingresos acordados con la compañía desde 2011. Esas presuntas irregularidades, desde 2011 y hasta 2018, afectan a unos 8.000 millones de yenes (unos 63 millones de euros o 72 millones de dólares), que están recogidas en dos órdenes distintas de arresto emitidas sucesivamente contra Ghosn por la fiscalía de Tokio.
El documento difundido por la fiscalía establece la supuesta intención de Ghosn de buscar que Nissan asumiera una serie de pérdidas de una empresa suya por inversiones con derivados financieros a raíz de la crisis que estalló en 2008. Esas pérdidas financieras se elevan a unos 1.850 millones de yenes (14,5 millones de euros al cambio actual), según la nota de la fiscalía en la que se anuncia la tercera orden de detención.
La nota menciona también una serie de operaciones con intermediarios financieros por pagos hechos a terceras personas por una subsidiaria de Nissan entre junio de 2009 y marzo de 2012 por un total de 14,7 millones de dólares. En una rueda de prensa, el vicefiscal del distrito de Tokio, Shin Kukimoto, no quiso precisar si ambas cantidades están relacionadas y prefirió evitar dar detalles al respecto porque la investigación está abierta, informa Efe.
El nuevo cargo contra Ghosn implica, según la fiscalía, una pena máxima de diez años, la misma condena que se aplicaría para las otras acusaciones anteriores. Hasta la fecha, Ghosn tiene tres órdenes de detención, sólo una de ellas con acusación formal, por el presunto ocultamiento de ingresos fijados entre 2011 y 2015. Está pendiente que la fiscalía adopte decisiones sobre la segunda orden de detención, relacionada con los ingresos fijados entre 2015 y 2018, así como la tercera orden de detención anunciada este viernes.
La decisión de la fiscalía de Tokio se conoció en medio de versiones que anticipaban una posible presentación legal de los abogados del expresidente de Nissan para lograr su libertad bajo fianza a fin de que pudiera pasar las Navidades con sus familiares en Tokio. Sin embargo, al haber presentado este cargo la fiscalía se anula la posibilidad de que el abogado de Ghosn pida en las próximas horas su libertad bajo fianza, que sólo podrá tramitar cuando se conozcan las acusaciones formales que quedan pendientes, recordó Kukimoto.
Ghosn, una de las principales figuras del sector automotor a nivel global, cayó en desgracia a raíz de su detención en Tokio, donde había llegado para participar en una serie de reuniones. Cuatro días después de su arresto fue reemplazado como presidente de Nissan en una reunión del consejo de administración del fabricante nipón. Sin embargo, aún sigue como presidente de Renault, la firma que mantiene una alianza con Nissan hace casi dos décadas y que fue forjada por el propio Ghosn, entre otros.
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