La escalada histórica del precio de la luz, el gas, el petróleo y de materias primas básicas como el acero, el cobre o el aluminio; el encarecimiento del transporte marítimo -fletar hoy un contenedor de 40 pies desde o hacia Asia cuesta 12.000 euros cuando hace un año no pasaba de 2.000- o la crisis de los microchips y los semiconductores que provoca continuos paros parciales a la industria del automóvil. El sector manufacturero español, incluida la construcción, vive una época compleja que ya amenaza con una profunda crisis. "Una tormenta perfecta se cierne sobre la industria española", advierten voces de peso en el sector.
En ello coinciden el director general de la patronal de la industria electrointensiva (AEGE), Fernando Soto, y el economista, asesor financiero y profesor de la Fundación de Estudios Financieros Miguel Ángel Bernal. "La competitividad de la industria española y su futuro está en riesgo. Si a estos factores les sumamos la inseguridad jurídica por medidas como las que ha tomado el Gobierno contra las eléctricas, que hace que los inversores huyan de España, o la subida del SMI, que tampoco ayuda porque no es el momento, la conclusión es que a la industria española le esperan, de hecho ya los está viviendo, momentos muy complicados", advierte Soto. Y a todo ello, sentencia Bernal, se le suma otro factor, que se está comenzando a notar de manera preocupante: "Hay una gran escasez de mano de obra, sobre todo en ciertos oficios como el de albañil, camionero, electricista... y ese es otro gran problema para las empresas españolas".
El sector industrial y la construcción suponen el 25% del PIB español y dan empleo a más cuatro millones de personas. La situación es tan grave que esta misma semana, y ante la escalada eléctrica sin precedentes, el presidente de la patronal siderúrgica madrileña (AECIM), Luis Collado, advertía que "los incrementos del precio de la luz son un golpe definitivo para una parte muy importante de la industria del metal, sobre todo para pymes, micropymes y autónomos. Aquí se paga la energía más cara de Europa y o se articulan ayudas para paliar la situación o se provocará el cierre de muchas empresas de forma inmediata o a corto plazo".
Dos ejemplos sobre el sufrimiento de las pymes industriales por esta tormenta perfecta son Asovica, una pyme de la industria auxiliar del automóvil de Castilla y León, y la fábrica de electrodomésticos SDA Factory de Vitoria. La directora de la primera, Natalia Briongos, es tajante: "Si las cosas continúan así nos veremos abocados a lo que está pasando en otras empresas. Despidos, reducciones de jornada...". En cuanto a la segunda, la antigua UFESA y BSH Bosch, del grupo B&B, se encuentra parada y mantiene en ERTE a sus 150 trabajadores desde el 2 de septiembre hasta el 31 de mayo de 2022.
Precisamente el sector de los electrodomésticos es uno de los que más está sufriendo la escasez de semiconductores y el aumento en los precios del aluminio, que por primera vez desde 2008 ha superado los 3.000 dólares por tonelada, el doble de hace un año. Así, una de las plantas de Balay en Aragón, la de La Cartuja, del grupo BSH, ha parado su producción desde el 13 de septiembre y mantendrá esta medida durante dos semanas. Un paro que se está cubriendo con medidas de flexibilidad y adaptación de la plantilla, sin recurrir al ERTE. "La escasez de semiconductores está tensionando la cadena de suministro de toda la industria. Tratamos de minimizar el impacto en nuestras fábricas pero no ha sido posible seguir con la producción", señalan desde la empresa. Las dos fábricas de BSH en Zaragoza han sufrido desde marzo varios parones y recortes en la producción.
No obstante, si algún sector está sufriendo la crisis de los microchips -el 90% de la producción mundial se concentra en China, Corea del Sur y Taiwán- es el del automóvil y toda su industria auxiliar. Fuentes del sector calculan que este año se dejarán de fabricar en España cerca de 500.000 vehículos. Todas las factorías españolas (Ford en Valencia, Stellantis en Vigo y Zaragoza, Seat en Martorell, Renault en Valladolid, Wolkswagen en Pamplona, Mercedes en Vitoria...), que emplean a 60.000 personas, han sufrido o están sufriendo paros parciales de producción y ERTEs. Algo parecido se puede decir de las centenares de empresas de la industria auxiliar y sus 230.000 trabajadores. La situación ha creado además un auténtico cuello de botella en el suministro de vehículos a los concesionarios, meses de espera para poder comprar un coche y un evidente descenso de las matriculaciones en España. Desde la patronal de concesionarios, Faconauto, explican que "la crisis de los microchips en las fábricas y la falta de 'stock' en la mayor parte de concesionarios es lo que está lastrando las matriculaciones".
“Nuestra desventaja competitiva es evidente”
AEGE, la patronal de la industria electrointensiva, engloba a la industria más intensiva en su consumo eléctrico. ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Alcoa, Atlantic Copper, Ercros, Ferroatántica... Setenta y cuatro plantas de veinticinco compañías industriales cuya característica principal es el elevado porcentaje que el coste del suministro energético representa en su proceso productivo, hasta el punto de que entre todas consumen el 10% de toda la energía en España. "El Gobierno tiene que tomar medidas ya porque el precio que pagamos por la energía es insostenible, hasta el punto de poner en serio riesgo la competitividad de la industria española, su presente y su futuro", explica a La Información el director general de AEGE, Fernando Soto.
"La gran industria electrointensiva está dedicando el dinero que debería de utilizar para inversiones y modernización a pagar sus gastos en electricidad"
"La gran industria electrointensiva está dedicando el dinero que debería de utilizar para inversiones y modernización a pagar sus gastos en suministro eléctrico", explica Soto, en una especie de 'deslocalización silenciosa'. "La diferencia entre lo que pagamos en España por la luz y lo que pagan nuestros grandes competidores es abismal y eso nos resta una enorme competitividad", advierte. Según el barómetro de la propia AEGE, la gran industria española pagaba el 13 de septiembre 102,55 euros por Mw/h, mientras que en Francia el precio estaba en 43,83 y en Alemania en 69,19, lo que crea "una desventaja competitiva evidente". Desde la patronal siderúrgica, UNESID, mantienen que "la siderurgia es el principal sector consumidor de energía eléctrica pero para mantenernos necesitamos un precio competitivo de la electricidad, estabilidad y una regulación sin sobresaltos. Y la situación española adolece de todo ello. Mientras no se alcance una solución estable es muy difícil conseguir un clima que favorezca la inversión industrial en sectores muy intensivos en capital, como es nuestro caso".
Soto, por su parte, tiene claro que "cuando se generalice el uso y la implantación de las renovables, en unos años, pagaremos la energía más barata, pero el problema es si lograremos sobrevivir para llegar a ese momento. Si nos ahogan ahora no llegaremos a la orilla". A la luz se suma el alto coste del gas y de los derechos de emisiones de CO2. En junio, el Gobierno aprobó una compensación adicional de 100 millones de euros para ayudar a la industria electrointensiva a hacer frente a los sobrecostes por emisiones de CO2. Las compensaciones suman de esta manera 179 millones, una cantidad que el sector sigue considerando "insuficiente" porque está por debajo del techo de ayudas de 220 millones que permite Bruselas, y porque "es muy inferior a la que desembolsan Alemania y Francia".
La construcción también sufre los embates de esta tormenta perfecta. SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, alerta de que la histórica subida de precios en la mayoría de las materias primas básicas está "afectando gravemente a la producción en curso de todas las empresas del sector tanto en el ámbito de la edificación como en obra civil", a lo que se une el "histórico" incremento del precio del transporte internacional marítimo de contenedores. La patronal pide, por ello, un mecanismo automático de revisión de precios en los contratos de obras públicas con las Administraciones. La inmobiliaria Metrovacesa ya advierte que "habrá que ver en qué medida el aumento de los costes son absorbidos por los intermediarios o por posibles alzas en los precios finales de las viviendas”.
La situación es tal que muchos concursos públicos de obras de ayuntamientos o administraciones regionales quedan desiertos o directamente las empresas constructoras abandonan su ejecución porque "no podemos defenderlas debido al incremento enorme de las materias primas como el acero o la ferralla. No es rentable y a veces es mejor dejar la obra y renunciar, pagar la penalización, que ejecutarla. Los precios acordados hace meses para las obras no tienen nada que ver con la situación actual”, explica Javier Carballeda, gerente de la Asociación de Constructores de Pontevedra.
En el contexto actual, la tormenta perfecta sobre la industria española se resume, según Miguel Ángel Bernal, de la siguiente forma: "Shock de oferta e hiperinflación. Esta crisis industrial pone en riesgo, sin duda, nuestra recuperación económica tras la pandemia. Al menos la va a ralentizar, porque además no hay visos de que todos estos factores que atormentan a nuestro sector manufacturero se ‘normalicen’ en los próximos meses. La situación se va a prolongar en el tiempo y estamos hablando de finales del 2022 o, incluso, bien entrado el año 2023".
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