El poderoso sector de la industria del automóvil convirtió el asunto en una 'batalla mayor'. Movilizó toda su estructura de lobby y utilizó toda su influencia sobre el Gobierno para conseguir el objetivo: que el contrato de relevo no desapareciera de forma definitiva del amplísimo menú de tipologías de contrato de la legislación laboral española. No fue una tarea sencilla. Acuciado por el déficit galopante de la Seguridad Social y por el repunte estructural del gasto comprometido por la revalorización de las pensiones con el IPC, la Secretaría de Estado de Seguridad Social de Octavio Granado había marcado en rojo el esquema legal de la jubilación parcial, asociado al contrato de relevo, para conseguir unos cientos de millones extra para las necesitadas arcas del organismo.
Situados los intereses de la estratégica industria del automóvil, que prometía generar 70.000 nuevos puestos de trabajo estables a través de esta figura, en un lado de la balanza y la necesidad de contener los números rojos de la Seguridad Social en el otro, el Gobierno optó por una solución salomónica: la vigencia del contrato de relevo se prorrogaría más allá del 31 de diciembre de 2018 -hasta el 1 de enero de 2023, concretamente- pero únicamente para trabajadores de "empresas clasificadas como industria manufacturera", según se precisa de forma muy clara en el punto uno de la reforma de la Ley de Seguridad Social que el Gobierno aprobó por Real Decreto el 7 de diciembre del año pasado.
El ánimo del Gobierno por restringir el perímetro de aplicación del contrato de relevo está ofreciendo, sin embargo, un cierto margen para la discrecionalidad. En los últimos meses, un puñado de empresas públicas como Renfe, Adif, Paradores o Correos han rubricado acuerdos con los representantes de sus trabajadores que prevén planes de prejubilación y rejuvenecimiento de plantillas que se apoyan, al menos sobre el papel, en el contrato de relevo, una figura que a priori les estaría vetada al no tratarse de empresas del sector de la industria manufacturera.
Fuentes sindicales consultadas por La Información confirman que el asunto se ha incluido en estos acuerdos con la autorización previa del Instituto Nacional de Seguridad Social y con el visto bueno de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva en las Empresas Públicas, dependiente de la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda. "A nosotros nadie nos ha trasladado que no se pueda utilizar el contrato de relevo en nuestra empresa", asegura un delegado sindical de Paradores.
Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), en España se entiende como industria manufacturera (puede consultar la relación aquí) una serie de actividades relacionadas con la fabricación, transformación, mantenimiento y reparación de estructuras industriales que poco tienen que ver con la actividad principal de empresas de servicios como Paradores o Correos. No sucede lo mismo con Renfe, Adif o Navantia, que también han incorporado esa disposición y que en virtud de la redacción de la norma sí podrían utilizarlo para rejuvenecer la plantilla de algunas de sus divisiones, pero no de forma generalizada.
La norma, de hecho, establece algún requisito más para poder utilizar el nuevo contrato de relevo y restringe su utilización a la sustitución de trabajadores que desempeñen "funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial".
Rejuvenecer la plantilla... a costa de la Seguridad Social
La principal contraindicación del contrato de relevo desde la perspectiva presupuestaria es que su reforma suponía un coste de entre 2.500 y 3.000 millones de euros anuales a las arcas de la Seguridad Social, según las estimaciones que manejaban sindicatos y consultoras especializadas. La factura se deriva de que este contrato permite al trabajador jubilarse parcialmente -puede dejar de trabajar hasta el 75% de su jornada habitual- antes de la edad legal y esquivando los coeficientes reductores sobre la pensión que se aplican cuando uno abandona el mercado laboral antes de tiempo. Además, la figura permite compatibilizar el salario que le corresponda al trabajador por la jornada efectiva que realice con el cobro de la pensión sin penalización desde el momento en que se firme.
El esquema facilita los planes de prejubilación de las empresas porque elimina de la ecuación la principal objeción que ponen los trabajadores afectados: la posibilidad de que su pensión mengüe con la operación. Y alberga otro beneficio indirecto para las empresas y es que habilita el relevo de trabajadores veteranos con sueldos elevados por otros más jóvenes de retribuciones más contenidas. Según el Banco de España, los trabajadores que entran de nuevas en el mercado laboral aún lo hacen con salarios inferiores a los que entraron en un puesto equivalente hace doce meses y esto es así prácticamente desde el inicio de la crisis.
La memoria económica elaborada por el Gobierno sobre su reforma del contrato de relevo revelaba que la Seguridad Social esperaba un coste de 1.778 millones de euros entre 2019 y 2026 -aunque en principio solo se podrán acoger a esta modalidad los trabajadores que se jubilen antes del 1 de enero de 2023- por la aplicación de la medida, que se iría al doble si no se aplicaran las restricciones sectoriales y de perfil del trabajador impuestas. Empresas públicas como Adif o Paradores ya han comenzado a 'mover' puestos de trabajo a través del contrato de relevo.
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