Trabajo acelera la regulación del 'rider' como empleado sin esperar al Supremo

El Ministerio de Trabajo quiere regular ya la figura del 'rider' en plataformas digitales como Glovo, Deliveroo o UberEats y de paso dejar bien sentada la consideración legal que tendrá en España la controvertida figura del 'colaborador' creada con la irrupción las plataformas digitales.  Tras una reunión con algunos de los representantes de este colectivo la pasada semana, el Ministerio ha abierto una consulta pública en la que define de forma muy clara su posición: estos modelos de negocio no tendrán una normativa 'ad hoc'- como muchos solicitaban -, sino que deberán ajustarse a la legislación clásica. Serán considerados de partida como trabajadores por cuenta ajena, no como autónomos, con el esquema salarial y la protección social que ello conlleva. El departamento que dirige Yolanda Díaz no quiere esperar a que un pronunciamiento del Tribunal Supremo establezca unas determinadas normas de comportamiento después de la oleada de sentencias de los últimos meses. Entiende que las resoluciones judiciales, a veces contradictorias, han generado "desprotección".

Díaz se abre a la participación de todas las partes implicadas, pero con una decisión ya tomada: no se contempla ninguna figura alternativa de 'Trade digital' como reclamaban las plataformas. Parte de una premisa clara y es que para tomar una decisión "equilibrada" estos nuevos modelos de negocio online "deben estar sometidos a las mismas reglas que los modelos de negocio clásico". Es decir, no se regirán por fórmulas nuevas, sino por la legislación actualmente vigente. Y lo justifica en la necesidad de garantizar la protección de trabajadores. Esta modalidad de empleo la califica como "trabajo esporádico o intermitente, sin lugar físico determinado, sin jornada ni horario prestablecido, con una retribución por hora".

En su argumentario legislativo, el ministerio señala varios casos internacionales, despuntando uno: la Ley de California. Ésta se aprobó a finales del pasado año y entró en vigor en enero de 2020 por la que obliga a empresas como Uber o Lyft a contratar como empleados a sus chóferes, asegurarles un salario mínimo, pagarles horas extras y ofrecerles seguro de desempleo. La normativa californiana determina que sólo se considerará como autónomo al 'colaborador' que puede ser considerado como empresario, entendiendo como tal la existencia de una infraestructura propia significativa que le permita operar por su cuenta. 

No es el único espejo en el que se mira. También señala los pronunciamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que han ido calificando como 'falsos autónomos' a todos estos 'riders' en las diferentes actas levantadas durante los dos últimos años. Por el contrario parece dar la espalda a los trabajos realizados en el Parlamento durante la última legislatura del Gobierno Rajoy, en el que empezó a aflorar una suerte de consenso político en torno a la creación de alguna figura específica para estas nuevas formas de trabajo surgidas al calor de la economía digital.

Ese bagaje jurídico lo completa con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2017 sobre UberPop, el servicio entre particulares con el que el gigante estadounidense aterrizó en España en 2014. El tribunal falló, tras la demanda de la asociación española Élite Taxi, que la actividad de la compañía supone un servicio de transporte regulable por los diferentes estados y no tanto una plataforma de intermediación. Pero más allá de este caso, Trabajo no referencia la resolución del mismo tribunal emitida tras una cuestión prejudicial en la que apuntaba a la calificación como autónomo en este tipo de empleados, siempre que tuviera libertad para poder subcontratar las tareas o para aceptar o no los encargos establecidos por su empleador.

La posición de Trabajo augura lío en el diálogo social

El movimiento del Ministerio de Trabajo busca adelantarse al Tribunal Supremo, que ya ha recibido el primer recurso de uno de los casos iniciados en primera instancia. El Gobierno no quiere esperar al pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso. La razón que utiliza: "Evitar el uso desproporcionado de soluciones judiciales, a veces contradictorias, con la inseguridad jurídica y la desprotección que esto genera para las personas trabajadoras afectadas". Hay que recordar que hasta ahora ha habido un auténtico caos jurídico, con sentencias totalmente contrarias en diferentes tribunales superiores de comunidades autónomas y de primera instancia. 

El embrollo judicial revela que no se trata de un asunto pacífico sino que bien al contrario está rodeado de aristas que no sólo afectan a su interpretación jurídica sino también a su consideración legal. La posición del Ministerio de Trabajo de 'laboralizar' la relación laboral de los 'riders' y del resto de 'colaboradores' de plataformas de la economía digital tiene el respaldo explícito de los sindicatos, pero también el rechazo de una facción importante de la principal organización empresarial del país: CEOE. 

La cúpula patronal no ha sido capaz de acuñar hasta la fecha una posición única frente al asunto. Mientras las organizaciones empresariales del ámbito digital y la patronal de los autónomos ATA abogan por la creación de una figura específica, el 'autónomo digital', los sectores más tradicionales exigen que se les considere como trabajadores por cuenta ajena para acabar con la 'ventaja competitiva' que desde su punto de vista tienen las plataformas digitales. Los últimos documentos internos de la organización empresarial han aparcado la figura del 'autónomo digital', pero sí plantean avances sustantivos en la flexibilidad a la hora de distribuir la jornada de trabajo y en el uso de determinadas figuras contractuales como el contrato a tiempo parcial en busca de una salida airosa para las plataformas digitales.