La Dirección General de Tráfico (DGT) espera recaudar más de 930 millones de euros en multas y tasas a lo largo de este 2018 y para gestionar estos ingresos, además de para acometer los gastos oportunos, los ministerios de Economía y de Interior han buscado a un banco que se encargue de todas las operaciones de tesorería del organismo que hasta ahora ha dirigido Gregorio Serrano y que tendrá un nuevo responsable en los próximos días. Es el último gran acuerdo de Rajoy en la Presidencia del Gobierno.
El contrato comenzó a tramitarse con el PP en el Gobierno, el pasado mes de octubre, y acaba de adjudicarse. En concreto, el pasado viernes, mientras estaba a punto de celebrarse en Moncloa el primer Consejo de Ministras y Ministros, se tomaba la decisión: CaixaBank se llevaba por 10,8 millones el mismo, renovando el acuerdo que ya tenía con Interior. Se trata, por tanto, de una de las últimas responsabilidad que ha tenido el ministerio dirigido por Juan Ignacio Zoido, ya que su sustituto, Fernando Grande-Marlaska, había tomado posesión unas horas antes y ni siquiera ha relevado a día de hoy a los segundos niveles del departamento.
CaixaBank, por tanto, se encargará de los ingresos por las tasas (la DGT calcula que los españoles pagarán por este concepto 574,6 millones en 2018), de las multas de tráfico (se calcula recaudar 356 millones), de los pagos de las nóminas y de otras operaciones de tesorería dependientes de los servicios centrales de Tráfico, de las jefaturas provinciales, de las locales y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En total, la entidad ofrecerá a la DGT 123 cuentas corrientes para la realización de todos estos servicios.
El Gobierno de Rajoy suprimió en 2014 el pago de las multas en las ventanillas de las jefaturas provinciales de Tráfico, de forma que ahora solo existen cuatro métodos para abonar las sanciones y las tasas: en una oficina de CaixaBank, a través de una tarjeta bancaria, en una oficina de Correos o a través de una transferencia bancaria, ya sea desde España o desde el extranjero. Todas estas operaciones, en definitiva, las gestionará la entidad presidida por Gonzalo Gortázar hasta 2021.
El complejo sistema de pagos y cobros ya se encuentra desarrollado por CaixaBank, ya que la entidad viene trabajando con la DGT en los últimos años. No obstante, sí que existe en este contrato una mayor complejidad a la hora de proteger todo el proceso de posibles ataques informáticos. Todo el trasvase de dinero, por tanto, se llevará a cabo de forma diaria y a través de plataformas de FTP seguro. En el caso de las tasas, debido a que se trata de un cometido de la Agencia Tributaria, el volcado se realizará de forma quincenal.
La DGT también obtendrá con este contrato unos ingresos en forma de intereses por gestionar estos casi 1.000 millones de euros. La liquidación será trimestral a un tipo pactado con CaixaBank y que el Gobierno no ha hecho público. Además, ninguna cuenta corriente devengará comisiones ni gastos de gestión para la administración.
Hay que recordar que solo en multas impuestas por radares fijos, la DGT ingresó en 2017 un total de 206.157 euros al día o, lo que es lo mismo, 8.589 euros a la hora y 143,15 euros al minuto. Las cifras son importantes, pero son inferiores a las registradas en 2016: en los once primeros de ese año el Estado recaudó 86.396.916,60 euros, lo que equivale a 236.703,88 euros al día o 9.862 euros a la hora.
Durante el Gobierno de Rajoy, Tráfico ha impuesto prácticamente el doble de multas que durante la etapa de Zapatero en La Moncloa. Sin embargo, el Ejecutivo popular se defendía afirmando que los radares son son necesarios en ciudades y carreteras porque "sirven para salvar vidas humanas". "Están colocados con criterios técnicos de seguridad vial exclusivamente", añadía en una respuesta parlamentaria el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido para defender que el ánimo de la DGT no es recaudatorio.
Es más, el Gobierno del PP defiendía que "España registra uno de los porcentajes más bajos de Europa en número de radares, tanto por habitante como por kilómetro cuadrado". En concreto, en nuestro país hay 29 radares fijos por cada 10.000 km de carretera, según las cifras de Automovilistas Europeos Asociados, lejos de los 54 de Francia o de los 955 de Bélgica. A ellos habría que sumar los radares móviles que en España utiliza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
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