El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) vuelve a tirar de las orejas al Gobierno en su batalla por la información relativa a los rescates estatales a las empresas golpeadas por el coronavirus. Hasta el momento, la compañía pública en el punto de mira del CTBG era la SEPI, del Ministerio de Hacienda, por las peticiones enviadas y el dinero movilizado por el fondo para empresas estratégicas. Pero ahora ha sido el turno de Cofides (Industria), responsable de haber concedido 779 millones de euros a 89 empresas de sectores tan expuestos a las restricciones a la movilidad como el ocio y el turismo, principalmente, para que cerraran las cicatrices de la pandemia.
En una nueva resolución, el CTBG ha estimado parcialmente una petición ante la empresa presidida por José Luis Curbelo para que desvele los datos que justifican el crédito millonario a la empresa pública Pachá (18 millones de euros), que fue criticada desde distintos sectores. El expediente empezó a tramitarse en marzo, cuando El Fonrec, como así se conoce al mecanismo de ayuda a las medianas empresas, dio traslado a los interesados de esta petición, la compañía beneficiaria Universo Pachá SA, la consultora PwC, el despacho de abogados Ontier y la agencia de rating Inbonis.
Su respuesta inicial fue no dar información sobre el rescate, pues el real decreto que habilitaba estas ayudas (Ley 5/2021) se guiaba por un régimen específico que blindaba los expedientes con "carácter reservado" para que no fueran "divulgados a ninguna persona o autoridad" (artículo 17.5). Además, el rechazo a compartir datos de esta concesión de dinero público también se fundamentaba sobre otros extremos de la ley de transparencia, como la petición abusiva de información o el riesgo derivado de compartir datos privados de una compañía (contabilidad, planes de negocio o cifras de cuota de mercado, por ejemplo).
Resolución
Escuchados los argumentos de todas las partes -también del solicitante que presentó un recurso contra su denegación-, la conclusión de Transparencia enmendaba algunas consideraciones de la empresa pública, a la que solicitó entregar información del expediente al solicitante. En primer lugar, al entender que los límites legales de acceso a la información “no pueden ser entendidos en términos absolutos, de modo que excluyan por entero la posibilidad de su ejercicio, vaciándolos de contenido y sacrificando íntegramente la posición jurídica que reconocen a sus titulares, en este caso, el acceso a la información pública”.
Este organismo apoya su tesis en algunas sentencias emitidas por el Supremo, que ha manifestado que la ley de transparencia “permite la posibilidad de calificar cierta información o datos como confidenciales y establecer ciertos límites a la información solicitada”. Pero al mismo tiempo, la resolución dicta que "lo que no es aceptable es afirmar que toda información relacionada con la materia debe ser excluida del ámbito de la normativa". Por todo ello, pide que se libere la información de la ayuda sin "aquellos elementos que, a juicio leal y ponderado de la administración, contengan información sensible".
La estimación parcial es firme en la vía administrativa, pero contra ella cabe recurso judicial durante un plazo de dos meses ante la sala de lo contencioso-administrativo en loz juzgados centrales de Madrid. No sería la primera vez que el Gobierno explora esta última opción, pues ya lo ha hecho cuando se le ha citado más información que otros rescates como el de la aerolínea Air Europa, financiada por la SEPI con 475 millones de euros en la primera ayuda del fondo para las empresas estratégicas. El organismo dependiente de Hacienda también ha respondido ante el CTBG para desvelar quiénes eran los asesores financieros y legales de esta operación y de otras como Duro Felguera y Plus Ultra.
Operación criticada
La empresa dependiente de Industria defendió esta ayuda por la protección de los puestos de trabajo que estaban en riesgo. Pero su decisión no fue unánimemente compartida, como airearon distintos partidos de la oposición. Luis Garicano, de Ciudadanos, manifestó que “en vez de ayudas directas transparentes y con criterios claros”, se estaban dando “rescates millonarios a dedo”, mientras que desde el BNG airearon agravios comparativos: "Para nacionalizar Alcoa y salvar el empleo de A Mariña no hay dinero, pero para salvar la discoteca Pachá con 18 millones de euros sí. El Gobierno más progresista de la historia".
El presidente de Universo Pachá, Manuel Garí, antiguo ejecutivo del desaparecido Lehman Brothers, salió al paso y se defendió ante las críticas. Sobre todo porque, en su opinión, no se trataba de un rescate, sino de un préstamo que debía devolver. La compañía, que es propiedad del fondo de inversión Trilantic a través de la sociedad luxemburguesa Mediterranean Sky International, había sufrido la crisis del coronavirus, con un severo descenso del 93% de sus ventas, que le llevaron a cerrar el ejercicio 2020 con 61 millones de pérdidas.
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