Todos contienen la respiración. El sector de las VTC y del taxi está en vilo. Esperan a la conclusión del Tribunal Supremo. Deberá decidir si finalmente se pronuncia o no sobre la limitación a las licencias VTC aprobado por el Gobierno en 2015 (y ratificado ahora por decreto-ley al que el Congreso dio luz verde este jueves). El Alto Tribunal deberá concluir si los límites a la concesión de autorizaciones y a la prestación de servicios fuera de las comunidades autónomas propias son restricciones a la competencia como defiende la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). ¿Cuáles serán las consecuencias?
Hay, según diferentes fuentes jurídicas consultadas por La Información, tres grandes escenarios posibles marcados por su decisión: no pronunciarse sobre este reglamento del 2015, cuyas dos principales limitaciones han sido derogadas por el Gobierno con el decreto para ‘salvar’ al taxi aprobado en el último mes; ‘tumbar’ la ratio de 1 licencia VTC por cada 30 de taxis, o respaldar esas restricciones y entender que no son un obstáculo para la competencia y la unidad de mercado.
En estos escenarios hay una clave fundamental. Desde que el pasado noviembre de 2015, el Gobierno aprobara el decreto ley para rescatar el ratio 1-30, hasta el pasado 17 de abril, fecha en la que el Ejecutivo aprobó el segundo decreto, se han solicitado miles de licencias. Algunas fuentes hablan de más de 30.000.
Escenario 1: No se pronuncia sobre las restricciones
La patronal de las VTC -Unauto- ha reclamado que el Tribunal Supremo no decida sobre ese reglamento de 2015. Hay jurisprudencia en la que el Alto Tribunal ha desistido de pronunciarse sobre reglamentos o decretos que habían sido derogados, como en este caso. Desde la organización entienden que existe una “pérdida parcial sobrevenida” del recurso presentado por la CNMC, por lo que entienden que debe dejar las cosas como están.
¿Qué efectos tendría esto? Según las fuentes consultadas, mantendría un ‘statu quo’: al menos sobre el papel se mantendría el 1-30 y eso cierra la puerta a una liberalización. Sin embargo, las licencias pedidas entre noviembre de 2015 y el pasado mes de abril quedarían en un particular limbo. Serían de nuevo los tribunales regionales quienes deberían dilucidar tras los recursos de los solicitantes si ese ratio estaba vivo realmente entre esas dos fechas y si, por tanto, cabe la concesión por vía judicial. Se arrancaría así otro proceso de varios años con recursos y sentencias.
Escenario 2: ‘tumba’ el 1-30
El segundo escenario se produciría en el caso de que el Tribunal Supremo ‘tumbara’ la limitación 1-30 y dijera que, como defiende la CNMC o la propia Uber, es contrario a la competencia y a la unidad de mercado. ¿Qué sucedería? Básicamente, abriría la puerta a las más de 30.000 licencias solicitadas desde noviembre de 2015, según explican estas fuentes.
El Supremo daría por hecho que esas limitaciones en las que se basaban las administraciones para rechazar las peticiones de concesión van en contra de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM), por lo que abriría la puerta de manera indirecta a la concesión de todas estas licencias en los años siguientes a través de diferentes sanciones.
Escenario 3: ratifica las limitaciones
El tercer escenario es, con toda seguridad, el más improbable. Tendría lugar si el Tribunal Supremo ratifica las limitaciones -como le ha pedido el sector del taxi y la propia Abogacía del Estado en nombre del Gobierno- y entiende que tanto el 1-30 como la regla de habitualidad (el 80% de los servicios han de prestarse en la comunidad a la que está adscrita la autorización) son ‘legales’.
Esta decisión sí que implicaría, según fuentes jurídicas, el cierre de la puerta para todas esas licencias pedidas desde el año 2015. Por tanto, se quedaría como hasta ahora: las 7.500 que ya están registradas a las que se suman, de acuerdo a las estimaciones del sector, otras casi 10.000 pedidas desde el año 2013 a 2015 y que acabarán concedidas si el Supremo mantiene la posición que ya ha mostrado en las primeras sentencias.
Esos son los tres principales escenarios que podrían suceder tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo. El movimiento del Ejecutivo ha dejado una situación curiosa: ha de decidir sobre un reglamento cuyos principales puntos han sido derogados por el Gobierno en un decreto ley respaldado por el PSOE y Podemos en el Congreso. Todos miran a la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal. La pelota está en su tejado.
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