El Tribunal de Cuentas ha hecho público este mismo martes el informe de Fiscalización de los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las vías férreas de alta velocidad durante los ejercicios 2014 a 2017. En un extenso documento, el órgano que preside María José de la Fuente desvela diferentes deficiencias que ha encontrado en el estudio de esta documentación. Entre las más importantes destaca la falta de fijación de plazos para extender el acta de suspensión de los contratos o la ejecución de modificaciones en obras sin ser aprobadas de forma previa.
Uno de los objetivos de este informe es, tal y como se señala en el mismo, la mejora de "la actividad económico-financiera del sector público". En este periodo, la compañía tenía 907 expedientes en vigor de los que 113 fueron objeto de suspensión, es decir, más de un 12% del total. De ellos, el Tribunal de Cuentas ha analizado 64 y ha reprochado a Adif varios temas diferentes.
El informe analiza las causas de las suspensiones, que van desde la falta de coordinación entre administraciones hasta la dependencia del avance de otros trabajos pasando por las modificaciones en los proyectos constructivos. Es en este último punto donde se pone el foco. El Tribunal de Cuentas señala haber encontrado en varios de los expedientes analizados "actuaciones ejecutadas y certificadas sin cobertura contractual".
La propia Adif en sus alegaciones señala que "no ha tramitado las modificaciones correspondientes para convalidar las actuaciones ejecutadas sin cobertura contractual", pero reconoce que al proceder a la tramitación de dichos cambios, "se ha apreciado la existencia de actuaciones ejecutadas sin la debida cobertura". Así, la gestora de las infraestructuras considera que estas actuaciones se ejecutaron "indebidamente", sin haberse formalizado previamente el contrato.
Pese a todo ello, estas obras eran abonadas o convalidadas. Adif señala que ha implantado mejoras en sus sistemas de control interno para que dejaran de ejecutarse actuaciones sin el debido contrato como el refuerzo de la formación para todos los técnicos y la implantación de la firma electrónica. Además, se encuentran en estudio otras como el análisis de las causas de los modificados o el establecimiento de una segunda línea de control técnico-económico.
Otro de los puntos que analiza señala el tratamiento de los aspectos formales de las suspensiones, del que indica que "ni el manual de procedimiento", "ni las Instrucciones Internas para los contratos excluidos de la aplicación de la citada disposición (...) establecen plazos para la aprobación del acuerdo de suspensión, el levantamiento del acta de suspensión y del anexo que debe acompañar aquella".
En el apartado relativo a las alegaciones, en un documento firmado por la actual presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, la compañía justifica este hecho al decir que se trata de contratos privados y, que como tal, "se rigen al derecho privado". Pese a ello, y debido a que la inclusión de estas cláusulas como una de las recomendaciones del informe, la compañía pública que se encarga de la gestión de las infraestructuras señala que comparte el propósito de incluirlo.
Aumento de las provisiones
En el periodo que el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado Adif multiplicó por tres las provisiones para sobrecostes y litigos. En 2015 esta partida fue de 149,66 millones de euros y en 2017 esta ascendió hasta los 504,41 millones. Si se atiende a aquellos litigios sobre los que pesaba alguna suspensión, esta cantidad era, a 31 diciembre de 2017, de 104,68 millones de euros, lo que supuso un 20,75% sobre el total de la provisión por importe de 504.410.000 euros.
Del total de sesenta y cuatro contratos fiscalizados, en un total de veintiuno se interpusieron reclamaciones por daños y perjuicios ocasionados durante su ejecución por más de 162 millones. En diecinueve de los contratos fiscalizados las reclamaciones estuvieron relacionadas con algunas de las causas que motivaron la tramitación de una suspensión, por un total de 127 millones euros -lo que presentó un 13,9% sobre el importe de adjudicación de estos contratos que ascendía a 915 millones de euros-. Adif solo abonó alrededor de 12 millones.
Entre ellos destacan algunos de los de la línea de alta velocidad Madrid - Levante, la variante de Pajares -de la conexión de AVE con Asturias- y la de Galicia. En el documento, además, se hacen varias recomendaciones que van desde la necesidad por parte del Ministerio de Fomento de adoptar todas las medidas a su alcance para disponer, "a la mayor brevedad posible", de un Contrato Programa con Adif que permita garantizar la financiación de sus inversiones en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y, con ello, favorecer una planificación más realista de aquellas.
Al mismo tiempo debería incluir en las modificaciones de los proyectos iniciales las variaciones estrictamente indispensables, respetando que no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Sería aconsejable para este órgano además que Adif planificase las actuaciones preparatorias de los contratos, redacción de proyecto así como especificaciones técnicas "de una forma metódica" que permita una ejecución de los trabajos en menos tiempo y con menos incidencias.
Otra de las cosas que le reprocha el Tribunal de Cuentas a Adif es la necesidad de propiciar, mediante estudios o análisis, que los distintos hitos necesarios para la construcción de una línea de alta velocidad hasta su puesta en funcionamiento se ejecuten de forma continuada, con el objetivo de evitar paralizaciones innecesarias de los trabajos, una de las causas de más suspensiones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios